El Tribunal Supremo de Brasil suspendió este sábado la aplicación de la ley que habilitaba una reducción de penas para condenados por tentativa de golpe de Estado, una medida que podía beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro y a decenas de implicados en los ataques contra edificios públicos ocurridos en Brasilia en 2023.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La decisión fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien ordenó detener la vigencia de la norma hasta que el pleno del máximo tribunal se pronuncie sobre las apelaciones que cuestionan la constitucionalidad del texto aprobado por el Congreso.
La ley había entrado en vigor el viernes
La normativa había sido aprobada por el Parlamento brasileño en diciembre pasado y posteriormente vetada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en enero. Sin embargo, el Congreso anuló el veto presidencial a finales de abril y la ley comenzó a regir oficialmente el viernes.
El nuevo régimen buscaba reducir el tiempo necesario para acceder a beneficios de disminución de condena en casos relacionados con intentos de golpe de Estado. Para que la rebaja se aplicara, las defensas debían solicitar al Tribunal Supremo el recálculo de las penas de manera individual.
En la práctica, la resolución de De Moraes deja en suspenso todos esos pedidos hasta que la Corte Suprema defina la validez de la ley.
Bolsonaro continúa bajo arresto domiciliario
Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 a 27 años de prisión tras ser hallado culpable de conspirar para mantenerse en el poder luego de perder las elecciones de 2022 frente a Lula da Silva.
El exmandatario, de 71 años, cumple actualmente arresto domiciliario por motivos de salud. El viernes, su equipo jurídico presentó una nueva apelación ante el Supremo Tribunal Federal solicitando revertir la condena al considerar que existió una “injusticia”.
La ley también alcanzaba a personas condenadas por los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes bolsonaristas invadieron y vandalizaron sedes de los poderes del Estado en Brasilia.