Que no haya olor a espanto

Obviamente, si esos móviles fueran manejados por policías, el tema no sería tan grave, porque reconoceríamos a los uniformados que tienen a su cargo garantizar la seguridad de la población azotada por el delito. Sin embargo, seguirían siendo vehículos militares. Sería mejor que la Policía fuera dotada de equipamiento adecuado y se hiciera cargo exclusivamente, como es su obligación legal, de amparar a los ciudadanos honestos y trabajadores. Esa sería la solución, y si es necesario invertir más, que se invierta, pero que se invierta primordialmente en combatir las causas del delito, que tienen una profunda raigambre social.

Me molesta la decisión del Gobierno que voté y que defiendo todas las semanas a rajatabla, desde este espacio de opinión. Me molesta más aún que esa decisión sea aplaudida por la derecha represora y cómplice de la dictadura y, como es lógico, rechazada por quienes somos de izquierda, más allá de lógicas discrepancias con algunas medidas adoptadas por la Administración encabezada por Yamandú Orsi.

Con este anuncio, quedamos en el ojo de la tormenta de los dos bloques, pero con una incómoda contradicción: aplaude el enemigo y critica el amigo. Eso no puede suceder, como sucede en el caso del expresidente Julio María Sanguinetti, quien en su columna del Correo de los Viernes se hizo un festín al marcar lo contradictorio de este anuncio hacia la interna de la fuerza política mayoritaria y gobernante. Además, apoyó la medida. ¿Por qué? Porque es un represor consuetudinario. En las década del sesenta integró como ministro el gobierno del colorado Jorge Pacheco Areco, una suerte de dictador con patente de presidente que violó la Constitución de la República a su antojo, asesinó estudiantes, reprimió y encarceló a trabajadores, militarizó a los bancarios en conflicto y cerró decenas de medios de prensa. Sanguinetti, que elogia la decisión del Gobierno, también fue ministro de Educación y Cultura en el comienzo del gobierno del luego dictador Juan María Bordaberry, quien fue un déspota antes del propio golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Incluso, este nonagenario dirigente colorado creó una ley de educación que permitió la persecución y destitución de miles de docentes. Luego, a partir de 1985, ya como presidente, tras pactar con los militares para que ni Wilson Ferreira Aldunate ni Líber Seregni pudieran ser candidatos en las elecciones, encabezó también un gobierno represor que no tuvo nada de democrático. Organizó razias callejeras nocturnas de impronta autoritaria, en las cuales caían personas por su mero aspecto “sospechoso”, jóvenes con cabellos largos, homosexuales y travestis.

Incluso, como corolario de todas esas pulsiones liberticidas, promovió la aprobación de la Ley de Caducidad, que con la complicidad de la mayoría del Partido Nacional consagró la impunidad de los delitos de lesa humanidad perpetrados por los criminales militares durante la dictadura y defendió, hasta dónde pudo, esa norma que vulneraba el principio de separación de poderes. Es decir, era abierta y groseramente inconstitucional. Por fortuna, cuando asumió el primer gobierno de izquierda en 2005 encabezado por Tabaré Vázquez, se terminó la “fiesta de la impunidad” y el Poder Judicial recuperó sus potestades para comenzar a castigar a los criminales, quienes durante dos décadas permanecieron impunes.

Sanguinetti aseguró que “todo indica que a la mayoría hoy le parecería muy bien el patrullaje militar, que las paradas de ómnibus en ciertos barrios tengan amparo de soldados, que se saquen de los portales compulsivamente a todos los durmientes callejeros y que se metan presos a los enchastradores de fachadas con los estúpidos signos que ponen hasta en los muros de los cementerios”. Pocas reflexiones revelan un espíritu tan reaccionario como este. No conozco ninguna encuesta que sostenga sus aseveraciones, que son de terrible talante fascista, fundamentalmente en lo que atañe a su referencia a los que denomina como “durmientes callejeros” y a los muralistas.

Los durmientes a los que alude Sanguinetti son los uruguayos en situación de calle, que el gobierno pasado que su Partido Colorado integró multiplicó casi por tres, de los 3.500 declarados en un censo realizado por el engendro de coalición encabezado por Luis Lacalle Pou a los casi nueve mil detectados por el Ministerio de Desarrollo Social liderado por Gonzalo Civila. Para solucionar este problema, que es una herida abierta que nos lacera como sociedad, hay un muy ambicioso proyecto de abordaje que contempla no sólo el amparo de estos pobres y en muchos casos enfermos por la droga o las patologías mentales, sino estrategias para que dejen de ser parias, tengan vivienda e incluso trabajo. Para Sanguinetti, son meros “durmientes”, como si a alguien le diera placer pernoctar en plena vía pública y padecer los rigores del frío. En realidad, son uruguayos que requieren ayuda y hay que dárselas, porque tienen los mismos derechos que nosotros. Si hay que aumentar el déficit fiscal para amparar a esta gente, que se aumente, y si hay que tomar más endeudamiento externo, que se tome. Es una promesa de campaña y hay que cumplirla, desestimando eventuales miradas ortodoxas. Primero está la gente y luego la macroeconomía. Así se debe actuar en un gobierno de izquierda, que no debe buscar el aplauso de la tribuna de las calificadoras de riesgo, sino el de los uruguayos.

Si es menester, debe haber más recursos para seguridad, pero con la Policía en la calle y no con los militares, que sólo deben cuidar nuestras fronteras. ¿No es mejor invertir más en combatir las causas del delito que transformar a los uruguayos vulnerables en víctimas, pero también a algunos de ellos en carne de cañón de la delincuencia para poder comer todos los días? Esa es la responsabilidad de un gobierno de izquierda, que no puede sentirse cómodo con los aplausos que parten desde la vereda derecha y de apólogos como Sanguinetti, quien no ocultó su admiración por el dictador y criminal mandatario salvadoreño Nayib Bukele y hasta cuestionó a la izquierda por seguir condenado los desmanes de la dictadura. Lo pertinente es reflexionar y actuar en sintonía con la teoría, la praxis y los valores de una fuerza política defensora de los derechos humanos.