The Milei Show

No es necesario ser experto en la obra de Michel Foucault para encontrar en la escena particularidades transformadoras de lo que el filósofo denomina “dispositivo de poder”, el que, sin excluir los discursos, amplía a un conjunto de gestos y prácticas no discursivas, además de aparatos heterogéneos que dan lugar a una determinada relación de fuerzas. Desde la locución doctorando sin más al presidente hasta el control de la calle, desde la grada del atril y la cosmética al juego de cámaras cuya dirección acompañó a cada festejante, se imbrican con los contenidos para dar coherencia a la nueva coyuntura de máximo rigor opresivo, que viene instaurando potenciadamente esta gestión.

El discurso propiamente dicho tuvo un recorrido bastante previsible con eje en el diagnóstico de ruina nacional, basado en algunos datos certeros de la crisis capitalista y tantos otros disparatados, tanto de la coyuntura como de proyecciones, la magnitud del déficit fiscal o las perspectivas inflacionarias culpando de todo a la “casta” política, a la que, sin embargo, le propone finalmente un pacto de no agresión. Las penalizaciones, como es dable verificar cotidianamente, se ejercen sobre las mayorías populares en general, los empleados públicos en particular y el Estado todo, y no sobre un puñado de políticos que pueden sortear incólumes la severidad del ajuste. La medida inmediatamente posterior fue el cierre de la agencia de noticias estatal “Télam”, literalmente, ya que se acompañó con el vallado del edificio para evitar su ocupación. La única referencia a los privilegios concretos de la “casta” fue la vaga promesa de eliminar las pensiones graciables de la que gozan los presidentes y vices que días antes la prensa hegemónica se había encargado de difundir con cifras concretas, por cierto escandalosas. Además de salpicar la oratoria con tales cifras caprichosas, el fundamento último proviene del simple augurio de progresos posteriores al padecimiento precedente. En Argentina no representa novedad alguna.

Recuerda Norberto Alayón en un artículo de la publicación digital “La tecl@ Eñe”, que ya el ministro de Economía de la presidencia de Arturo Frondizi, Álvaro Alsogaray, utilizó en 1959 la fórmula “hay que pasar el invierno” para generar esperanza luego de las medidas de ajuste implementadas entonces, que con diversos slogans reapareció en las gestiones de Menem y Macri, para referir a los más ortodoxos. Tampoco son los diez puntos sobre los que propone un pacto a los gobernadores. Son prácticamente, en un orden diverso, idénticos a la síntesis de los también diez puntos que el economista John Williamson denominó “consenso de Washington” en el año 1989, influyendo notoriamente en las políticas de los países latinoamericanos en la década posterior. Recomendaciones al fin de los tres organismos con sede en la capital estadounidense con mayor capacidad de presión e influencia sobre los países deudores y sometidos: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro. Sin entrar en detalles, lo reencontramos en Milei con su propuesta de corrección del déficit fiscal, de reducción o eliminación de la carga impositiva al capital y de subsidios a los servicios, liberación del comercio, importaciones y tipos de cambio, de las barreras para la inversión extranjera, además de la privatización de las empresas estatales y la consagración de la propiedad privada mediante el énfasis en la seguridad jurídica.

El pacto al que invita el presidente al concluir su discurso se apoya en su exclusivo ideario, para no hablar de programa, del que carece e improvisa sobre la marcha, que a lo sumo comparte con las fracciones más macristas del PRO, aunque siempre puede dar sorpresas el dialoguismo tanto peronista cuanto radical. Sin embargo, no son las ideas aquello que propone pactar con los gobernadores provinciales (y con ellos con los parlamentarios de sus distritos), sino la magnitud de aceptación del chantaje de un alivio fiscal, a cambio, no solo de la suscripción del acuerdo puntual llamado “pacto de mayo”, sino además con una nueva aprobación de la ley ómnibus, cuyos siniestros alcances hemos comentado en varios artículos previos en este semanario.

Personalmente descreo que existan condiciones políticas inmediatas para revertir la magnitud del padecimiento generalizado en el plano económico-social, ni esperaría nada sensiblemente rectificatorio de los poderes Legislativo y Judicial, salvo excepciones puntuales. No exclusivamente por aquiescencia mayoritaria hacia la ortodoxia monetarista, sino porque pierde el lugar de discusión de los asuntos públicos y por lo tanto su carácter de comunicador social y mediador, que los medios de comunicación de masas ocupan en mayor y creciente medida, siendo a la vez más críticos del sistema de partidos y de la política en general, realimentando la estrategia disciplinadora. Potencian además esta sustitución las llamadas redes sociales, particularmente determinantes en la estrategia de Milei. En la función deliberativa parlamentaria, resulta cada vez más dificultoso hallar la conflictividad de intereses al interior de la sociedad civil.

Inversamente, deposito la máxima expectativa en que movimientos sociales, con o sin acompañamientos partidarios, logren hacer uso de las tradiciones movilizatorias y modos pacíficos de protesta en magnitud tal que superen holgadamente la capacidad de ejercicio represivo que el Ministerio de Seguridad ha exhibido, además de fundamentarlo discursivamente. La amenaza es simplificadamente doble. Por un lado la del ahogamiento económico, tal vez inmediatamente irreversible, mientras por otro la conculcación de libertades y derechos cívicos cuya resistencia deberíamos enfatizar en cada oportunidad.

Como la de este viernes 8 de marzo en plena calle, entre todos los géneros concebibles.