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Columnas de opinión | Bukele | Ecuador | represión

Inestabilidad democrática

Bukele, Ecuador y las narrativas orientales

Por su propia historia, la palabra 'represión' no se integra con comodidad al lenguaje de la izquierda uruguaya. Siempre se puso el acento en las 'causas sociales' de delito y no en la acción de inteligencia y su componente represivo.

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Narcotráfico, corrupción, fragmentación partidaria e inestabilidad democrática. Buena parte de los países de América Latina están conmovidos-capturados por esa lógica violenta y perversa. Más allá de las teorías conspiracionistas –ciertas o no–, la región tiene al narcotráfico circulando en las venas de nuestras sociedades; la inseguridad y la muerte son títulos a toda hora y, concomitantemente, aumentan los reclamos de seguridad y estabilidad. No en vano crecen las opciones con tono autoritario, mano dura, cárcel o bala, “se terminó el recreo” o allanamientos nocturnos.

Ecuador es el último capítulo de la aparente descomposición de la democracia liberal representativa, mientras Javier Milei sigue seducido por su modelo de “democracia autoritaria” (ver columna de la semana pasada).

Esa suerte de “descomposición” de un modelo de democracia está siendo denominado con una suerte de eufemismo: “Estado fallido”. O sea: este Estado, este contrato social de tres poderes “independientes” es el que no está dando respuestas adecuadas, y en su seno –el problema de la democracia es la democracia– crecen las propuestas mágicas con un claro tono autoritario. Y esos tonos no se limitan a lo discursivo o a la narrativa: pasan a la acción (Bukele, Milei y Novoa en Ecuador).

En ese estado de situación, ¿qué ocurre en Uruguay?

LA NARRATIVA REPRESIVA

En una mañana de 1892 fueron fusilados los criminales Facundo Luna y Carlos Bejarano en la Cárcel Preventiva, Correccional y Penitenciaria de Montevideo, posteriormente llamada Cárcel de Miguelete. Las ejecuciones se realizaron a la vista de público asistente y numerosos reclusos en el patio de la cárcel. Era todo un mensaje de amedrentamiento para combatir la delincuencia. Como hace mil años se arrastraba a los delincuentes por la calle principal de las localidades. Quince años después de ese fusilamiento, en 1907, la pena de muerte en Uruguay fue abolida por una ley aprobada durante el gobierno de Claudio Williman. Ni antes ni después de la horca y los fusilamientos, los delitos dejaron de existir.

En el seno de aquella sociedad del 900 –que eliminó la horca y el fusilamiento– iba creciendo el humanismo progresista de la mano de Batlle y Ordóñez. (Un dato interesante: Avelino Arredondo había asesinado a Idiarte Borda en 1887. Fue preso y cuando salió de la cárcel, Batlle y Ordóñez le dio un puesto laboral en el puerto de Montevideo. ¿Estaba “recuperado” ese asesino confeso o Batlle tenía una deuda por haber asesinado a Idiarte? No está claro. Lo cierto es que el homicida recibió un gesto inclusivo pese a ese antecedente. Otro dato: Batlle y Ordóñez tenía su servicio de inteligencia que le informaba, por ejemplo, de las actividades de los anarquistas. No los persiguió, los vigilaba).

A lo largo de los años –siglo XX y XXI– las pulsiones punitivas y represivas siguen estando presentes. En términos de bloque, se observa a la derecha conservadora militando la cárcel y la bala, y el progresismo más contemplativo de las “causas sociales” del delito. (El Estado y las fuerzas policiales estuvieron y están dominados por la lógica represiva. En un trabajo inédito del antropólogo y psicólogo Fabricio Vomero se cuenta la historia clínica de los anarquistas que robaron el cambio Messina. Los “peritos” estampaban su firma debajo de informes que calificaban a los detenidos como “enfermos mentales”. “Con la lectura de la criminología sobre los anarquistas, se buscó despolitizarlos”, cuenta Vomero, y en el libro dice: “Los anarquistas fueron, en el novecientos, prototipos de anormalidad y de inadaptabilidad social, pensados como el resultado de cierta degeneración de la especie, de una involución general, y explicados como la conjunción de determinaciones biologicistas, las explicaciones definitivas siempre se anclaban en el cuerpo”. Con esos informes de los psiquiatras del Estado negaban la libertad de los presos. El robo al cambio Messina fue en el año 1928).

El tono punitivo y represivo siempre integró la agenda de los liberales de derecha y la derecha. Y más todavía con la aparición en escena de los militares. “En la dictadura se vivía más seguro”, se ha escrito en las redes.

Así, con el palo en una mano y el calabozo en otra, la derecha se identifica a sí misma y desde afuera.

En los últimos años hubo expresiones claras en ese sentido que pueden estar sintetizadas en las pintadas de una agrupación pachequista, la brigada “Palo y Palo”, que bebía del agua autoritaria de la dictadura.

La retórica represiva quedó expuesta en el 2014, cuando Pedro Bordaberry impulsó una reforma para la baja de la imputabilidad. Perdió. Le siguió Jorge Larrañaga en el 2019 con el “Vivir sin miedo”. Perdió. Ya en las elecciones de ese mismo año, crecieron las opciones de “se terminó el recreo”, que calzaron en un clima real o perceptivo de un desmadre de la inseguridad. Esa opción ganó. Tras 4 años de gestión de esa apuesta a la seguridad, los datos son elocuentes: ni el palo, ni el aumento de las penas, ni el crecimiento del número de presos en las cárceles, solucionó el problema. La opción represiva per se concluye su experiencia sin el éxito prometido.

LAS DUDAS EN EL UNIVERSO PROGRESISTA

Por su propia historia, la palabra “represión” no se integra con comodidad al lenguaje de la izquierda uruguaya. Siempre se puso el acento en las “causas sociales” de delito –en algún momento desaparecerían esas causas– y no en la acción de inteligencia y su componente represivo.

Ese tono fue el dominante en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005 al 2010). Ya con el gobierno de José Mujica (2010 al 2015), se comienza a adoptar otro lenguaje y, consecuentemente, otro encare de la situación criminal. El ministro del Interior Eduardo Bonomi –con dos períodos como titular de esa cartera porque lo revalidó con el segundo mandato de Vázquez– miró integralmente la situación. Aumentó la profesionalidad policial, mejoró los niveles salariales, incorporó tecnología, aumentó la capacitación, incluyendo cursos en Estados Unidos, algo que para la izquierda y en particular para Bonomi y su origen (fue guerrillero y preso por tal motivo) podía ser de difícil digestión. Incorporó la palabra “represión”.

Pero el tema “seguridad” seguía siendo de tensión en los gobiernos de izquierda. Un dato no menor: en 2013 el ministro Bonomi impulsa el Plan 7 zonas como nuevo “rumbo estratégico” para un abordaje integral de la pobreza, la marginación, la convivencia y el delito. Las siete zonas seleccionadas correspondían a cuatro barrios de Montevideo y a tres de Canelones donde las problemáticas sociales de pobreza, marginación y exclusión social se intensifican. Dichos barrios fueron: Marconi (Montevideo); Chacarita de los Padres y Santa Teresa (Montevideo); Tres Ombúes y Cantera del Zorro (Montevideo); Ituzaingó (Montevideo); Vista Linda (Progreso, Canelones); Obelisco (Las Piedras, Canelones); y Cinco Villas (Barros Blancos, Canelones). El plan buscaba “construir un programa de intervención urbano integral, que refuerce la presencia de los programas sociales prioritarios (Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo y Cercanías), fortalezca las prestaciones sectoriales en intensidad y accesibilidad (salud, educación, cuidados, capacitación laboral), al tiempo que promueva una intervención contundente en la trama urbana a través de obras de infraestructura para la convivencia y despliegue una estrategia de seguridad local estructurada entorno al urbanismo social y la policía comunitaria”. Pero el plan nunca tuvo presupuesto. E incluso el Mides no lo incorporó a su mirada, si estaba el Ministerio del Interior. La policía no tiene nada que ver con esto, pareció decir la ministra Marina Arismendi. El plan se cayó y el interesante modelo –algunos de cuyos aspectos toma el actual ministro del Interior– dejó de tener impacto en el territorio.

En el 2019 las cifras criminales continuaron subiendo. Las fuerzas hoy en el gobierno –con la colaboración de los medios– instalaron un clima que alfombró el desembarco de la demagogia y la magia. Con un fuerte discurso de “mano dura”, el gobierno asumió en el 2020 y hoy, a 4 años, el fracaso es elocuente. Hacia finales del año pasado, el ministerio del Interior dio pasos positivos hacia el diseño integral de una estrategia. La izquierda titubeó. En verdad hizo lo siguiente: vos la tenías clara y ahora, como fracasaste con todos los intentos, nos llamas a nosotros. Ahora manejate.

Las fuerzas en el gobierno –como nueva muestra de fracaso– lanzan la propuesta de “allanamientos nocturnos” y más sutilmente que las FFAA “colaboren”. La iniciativa, nuevamente, esconde que no alcanzaron los objetivos deseados y ofrece una nueva magia: los allanamientos nocturnos solucionan todo.

Mientras, la izquierda insinúa una idea: confeccionar una política de Estado con participación multipartidaria, algo como lo hecho por el Gobierno el año pasado. Otros partidos se manifiestan en el mismo sentido. ¿Qué contendría esa política de Estado? No se sabe. Por lo pronto se rechazan los allanamientos nocturnos y que los militares se limiten a lo de hoy: vigilancia del perímetro de las cárceles.

Milton Romani, exdirector de la Junta Nacional de Drogas, dijo a Caras y Caretas que es necesario un abordaje integral y transversal. “Eso es incluso un tema de fondo cuando se diseña el Presupuesto Nacional. Todo se piensa en los incisos que son verticales. No hay una mirada transversal. Estoy convencido que la política pública de seguridad y convivencia debe ser instrumentada con ese tipo de programas y quizás con una institucionalidad similar a la JND, integrada por 9 viceministros y presidida por el prosecretario o secretario de Presidencia. La idea es convertir la JND en Junta de Seguridad y Convivencia, manteniendo a la SND y la Senaclaft como uno más de sus miembros. También crear y desarrollar mesas de convivencia como lo hecho en Goes, en el área del Mercado Agrícola”. Subrayó que debe haber un planificación, urbanización y participación comunitaria.

El exfiscal Jorge Díaz ha contado su mirada en política criminal con 4 componentes: prevención, disuasión y represión, investigación criminal y rehabilitación.

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