Carolina Ache y Daniel Salinas en la cuerda floja

Debo puntualizar que varios de estos actos reprobables (que no fueron escándalos porque la prensa hegemónica así lo decidió) se han llegado a conocer gracias al trabajo de la prensa alternativa que, con mucho sacrificio subsiste, pese a todo, en Uruguay. Mencionar a algunos me llevará a ser injusto con otros; pero lo que viene en esta nota se ha nutrido de informes de la diaria, Brecha, Andares, Legítima Defensa y Caras y Caretas. Eventual y sorpresivamente, es justo señalar a El Observador. Sí, no vayas por tus lentes; leíste bien. Últimamente, y por extraños motivos, este parece ser uno de los flancos más débiles del bloqueo mediático. Como sea, el blindaje no es infalible y la gente que busca puede hallar la verdad, aunque al gobierno no le guste y a sus operadores de los medios afines al poder les guste menos.

Esas fisuras del blindaje han complicado muchísimo la situación de la vicecanciller, Carolina Ache Batlle, quien hasta hace poco era una perfecta desconocida para la mayoría de la población.

Nacida el 19 de noviembre de 1980, se recibió de abogada en 2005 en la Universidad Católica del Uruguay y obtuvo una maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Bolonia. En 2007 realizó una tecnicatura en comercio exterior en el Instituto Técnico del Mercosur. Al año siguiente realizó una pasantía en la Comisión Europea en Milán y de 2008 a 2010 integró el Departamento Legal and Compliance del Banco Santander de Ginebra, Suiza.

Proveniente del sector Ciudadanos, integró el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, siendo la mujer más votada de ese partido en las elecciones internas de 2019. En marzo de 2021, Lacalle Pou la nombró viceministra de Relaciones Exteriores, continuando en el cargo luego de la renuncia de Talvi.

Está casada con Tomás Romay Buero, es sobrina-nieta de Jorge Batlle y sobrina de Eduardo Ache. Es indiscutible que los lazos familiares han de haber jugado a su favor en su vertiginosa carrera política; pero, siendo justos, también debemos reconocer que se ha preocupado por capacitarse, a diferencia de otros “hijos de”.

Sus problemas comenzaron cuando se supo que en noviembre había recibido en su despacho a Alejandro Balbi, abogado del narcotraficante Sebastián Marset. Según ella, Balbi solo le preguntó por la fecha en que saldría la valija diplomática; pero que en ningún momento le planteó el tema del pasaporte. Sea que intercedió o no, el trámite salió como por un tubo, pese a las advertencias de la ex cónsul y el embajador ante Emiratos Árabes; pese a que a Marset lo investigaba nuestro Ministerio del Interior (Brigada Antidrogas) en coordinación con la DEA y la Policía de Paraguay y eso no se hace sin autorización y/o conocimiento del ministro; pese a que la Fiscalía investigaba amenazas del narco contra la fiscal especializada en lavado, Mónica Ferrero, y pese a que, según la senadora Desirée Masi, líder de la bancada del Partido Democrático Progresista paraguayo, Uruguay había notificado a su país los antecedentes de Sebastián Marset, es decir, que las autoridades uruguayas estaban al tanto de sus actividades pasadas y actuales desde hacía más de un año.

Las cosas se intentaron resolver haciendo rodar la cabeza del subdirector nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste; pero la piola se enredaría más.

El periodista Gabriel Pereyra informó que Alejandro Balbi sí le planteó el problema del pasaporte de Marset a la vicecanciller. “En mensajes de WhatsApp y e-mails en poder de la Embajada uruguaya en Emiratos Árabes, Balbi argumenta que habló con Ache de este asunto; como que la pone de por medio, haciéndoles sentir a los diplomáticos que había hablado con la número dos de la cancillería”.

¿Y cuál era el “problema”? Que si el pasaporte uruguayo no llegaba pronto, lo iban a extraditar, ya que había entrado a Emiratos Árabes con un documento falso emitido en Paraguay. Gracias a la celeridad y buenos oficios del personal diplomático uruguayo (que hasta fue a la cárcel a tomarle las huellas dactilares) hoy este criminal está prófugo.

En aquel momento pedimos por diversos medios de comunicación que se investigaran las cuentas de todos los funcionarios que pudieran haber estado involucrados en un posible favor a este delincuente; pero hasta donde sabemos, nadie investigó nada. Y aquí viene otro tema escabroso.

El fiscal que investiga la entrega del pasaporte a Marset es Enrique Rodríguez, quien también termina salpicado en este asunto. Resulta que el abogado Víctor Della Valle fue grabado mientras hablaba telefónicamente con una empleada doméstica que hizo una denuncia por estafa contra una corredora de bolsa de Baeremaecker y Perera. Della Valle la llamó en representación de la empresa y, en esa charla, al referirse al citado fiscal, lo calificó como “amigo nuestro y es un fenómeno”. Todos sabemos lo que eso significa cuando lo dice un abogado. El punto es que Della Valle es tío y socio de Alejandro Balbi, abogado de Marset.

Ahora bien; el fiscal de Corte Juan Gómez ha ratificado su confianza en Enrique Rodríguez y nosotros no tenemos nada como para desconfiar de su solvencia; pero hubiera sido prudente que, tras darse a conocer este audio, renunciara a la causa, cosa que se ha negado a hacer. Debo ser claro en esto: los fiscales no deberían ser afectados cada vez que un abogado boconea una supuesta amistad con ellos; pero si la causa del pasaporte termina en la nada, la imagen del fiscal a cargo puede verse dañada por suspicacias.

Por otra parte, seguimos sin saber quién es Loly, la persona citada por la esposa de Marset en una llamada telefónica grabada, al indicarle a su marido que había que pagarle un pasaje a Dubái.

Por si poco tuviera la vicecanciller con este asunto, otro escándalo se ha sumado al culebrón. Luego de la renuncia de Ernesto Talvi, el presidente Lacalle Pou designó como funcionario diplomático de la Embajada argentina a José Ramiro Reyes Segade, quien posee antecedentes penales desde 2002 por contrabando. Carolina Ache ha dicho que no sabía que Reyes tenía antecedentes. La pregunta es: ¿no es esa una de las primeras cosas que, ineludiblemente, se debe investigar antes de dar un cargo diplomático a alguien? Pero, cuidado, porque quienes están antes que ella en responsabilidad de averiguar son el ministro Bustillo y el presidente Lacalle.

Lo triste de todo esto es que centenares de jóvenes egresan todos los años de la universidad soñando con integrarse al equipo diplomático; pero quedan frustrados al ver que se nombran a varias personas en cargos relevantes por el único mérito de ser amigos de los amigos, sin capacitación ni trayectoria que avalen sus nombramientos, caso de Reyes Segade.

Que el presidente de la República beneficie a una tabacalera con un decreto para abaratar sus costos, que Nicolás Martinelli (hombre del círculo más cercano de Lacalle Pou) visitara previamente a Montepaz, que esta empresa hubiera donado 14.531 dólares para la campaña del Partido Nacional y que Eduardo Mezzera (viceministro de Relaciones Exteriores de Lacalle I y suplente de Lacalle II cuando era senador) sea hoy el asesor legal de Montepaz son hechos vinculados y vinculantes a todo lo anterior.

Lacalle Pou catalogó de “falta de respeto” relacionar los aportes a su campaña con este beneficio a la tabacalera. Lamentablemente, nuestros periodistas se nos duermen a la hora de las repreguntas, porque cuando ironizó con que el decreto se lo había pedido una fábrica de chicles, bien se le podría haber preguntado: “Señor presidente, las medidas que han beneficiado a Katoen Natie, a la fundación A Ganar, a las telefónicas Claro y Movistar o a la empresa Ayax (dirigida por un amigo suyo de toda la vida) ¿se las pidió la misma fábrica de chicles?”.

Quizá el que resulte más perjudicado por este favor a la industria de la muerte sea el ministro Daniel Salinas, uno de los cinco candidatos a dirigir la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Hay por lo menos cinco puntos por los cuales la OPS debería quitarlo de la competencia:

• Ha accedido a aprobar medidas de flexibilización de las políticas antitabaco para favorecer a la empresa tabacalera Montepaz, que aportó 14.531 dólares para la campaña del partido de gobierno.
• La inversión en medicamentos se ha reducido en 37% con respecto a lo invertido por el anterior gobierno.

  3. Accedió a medidas que flexibilizan el control de una alimentación saludable.

• Apoyó y elogió la gestión del gobierno cuando fue el que menos invirtió, en proporción al PIB, para contrarrestar los perjuicios producidos por la pandemia, lo que hundió en la miseria a decenas de miles de familias.
• Aún se enorgullece de haber votado en 1980 a favor de la legitimación de la dictadura militar, la cual violó sistemáticamente los derechos humanos, y de pertenecer a un partido que ha promovido la impunidad de los represores. Siendo los derechos humanos un tema muy importante para esta organización, la imagen de la OPS quedaría dañada irremediablemente si Salinas quedara al frente de la misma o en el cargo de subdirector. Si bien es un compatriota, también la imagen de Uruguay se vería dañada con alguien que apoya el lamentable retroceso social que estamos padeciendo.

Ya nos equivocamos con Luis Almagro; repetir el error con Daniel Salinas sería imperdonable.

En cuanto a Carolina Ache Batlle, cada día está más complicada, y su esposo, en lugar de ayudarla, contribuye a hundirla.

Las grandes perdedoras en todo esto (por más que Álvaro Delgado se caliente y termine apretando a una periodista) son la cristalinidad y la democracia. Mientras favorece a amigos, familiares y contribuyentes de la campaña electoral, este es un gobierno al que solo le preocupa la alimentación de los escolares el día de paro (el resto del año que los parta un rayo), un gobierno al que le molesta más un trabajador en huelga que un empresario negrero, un gobierno al que le preocupa más un joven que se fuma un porro que un empresario que exporta toneladas de cocaína.

Vamos en picada.