Pese al crecimiento del sector, que es, e incluso fue durante la emergencia sanitaria, el más pujante de la economía, esa riqueza sigue sin generar derrame sobre los estoicos trabajadores rurales, que laboran de sol a sol en paupérrimas condiciones. Es decir, son explotados impunemente por los “malla oro”.
Obviamente, los salarios son de escándalo. No en vano, la mayoría de los puestos de trabajo creados durante este período fueron precisamente en el agro. Al respecto, desde enero de este año el sueldo mínimo de los obreros del campo es de $27.626 por 44 horas de labor que pueden ser más, porque la regulación es casi nula. La hora de trabajo fue fijada en $145,34. En ese contexto, un peón único percibe $27.931,03, un peón de arroz, haras o cabañas cobra $27.988,80, un peón ovejero percibe $28.309,83 y los albañiles, carpinteros, cocineros, despenseros, herreros, jardineros, mecánicos, panaderos y pintores cobran $29.016,43.
Esta es una situación muy similar a la del personal doméstico, que a partir del 1º de julio tiene un salario mínimo de $27.985 por 44 horas semanales de actividad. La hora de trabajo fue fijada en $147,23. En ambos casos, son salarios de indigencia.
Incluso, en el sector agropecuario o del agronegocio, en julio pasado insólitamente se ajustaron las remuneraciones a la baja en un 2,11 %, por la diferencia entre la inflación proyectada y la inflación estadística, lo cual comprende un ajuste descendente del 1,53 % a partir de julio y otro de 0,57 % que regirá desde enero de 2025. Esta inédita situación, que jamás se registró en el pasado y menos aún durante el ciclo progresista, es directa consecuencia de calcular los ajustes en base a la inflación proyectada y no en base a la inflación pasada, como sucedió durante los gobiernos del Frente Amplio.
“Si le va bien al campo le va bien al país”, es el recurrente sonsonete de los dueños del país. En realidad, es una reverenda falacia, ya que casi toda la generación de riqueza que produce el campo aterriza en las cuentas bancarias de los latifundistas ricachones. Lo que queda para los trabajadores y para los pequeños productores son apenas las migajas de la torta.
En ese contexto, el presidente de la ARU advirtió que “sin reformas urgentes, el agro no sostendrá el crecimiento que el Uruguay necesita”. Asimismo, resaltó la necesidad de implementar medidas para mejorar la competitividad, instando a reducir los costos de producción “que hoy limitan su potencial”. Eso significa, en otras palabras, bajar impuestos, congelar salarios y mantener y ampliar las exoneraciones tributarias. También abatir los costos del Estado y el déficit fiscal.
En ese marco, reclamó “cambios profundos en la política económica”, seguramente en referencia al tipo de cambio, porque el dólar está virtualmente planchado por las políticas contractivas aplicadas por el Banco Central del Uruguay, con el propósito de contener la inflación. Esta estrategia, si bien puede haber afectado la competitividad de las empresas, por otro lado las favorece porque baja el costo salarial. “Entendemos indispensable un diseño pensado en resultados con una revisión permanente del gasto. Es un desafío complejo, que requiere acuerdos políticos, pero que puede generar ahorros y resignaciones con mayor eficiencia”, proclamó.
Aunque son privilegiados, los empresarios del agronegocio igualmente se quejan pese a que, salvo en el caso del tipo de cambio, todas las demás políticas de este Gobierno han favorecido al gran capital exportador.
“Se presiona al agro para aumentar la productividad y al mismo tiempo se plantean regulaciones que limitan ese aumento, planteando una contraposición entre el sector agropecuario y el ambiente”, se quejó el titular de la ARU.
Es decir, el patriciado, que no es rural porque los propietarios de los medios de producción residen en la capital, quiere gobernar al país entre bambalinas. “La sociedad toda deberá pensar qué país queremos. Debemos tener presente que el agro es la fuente básica de alimentos y generación de riqueza”, afirmó el megaproductor, como una suerte de exhortación a los votantes a sufragar por el oficialismo.
Cortabarría ingresó de lleno en el terreno político, al descalificar el plebiscito constitucional destinado a fijar la edad mínima para jubilarse en 60 años, equiparar la pasividad mínima al salario mínimo nacional y eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional que se rapiñan los aportes de los trabajadores. “La gran mayoría de analistas y especialistas señalan que, de aprobarse este plebiscito, las consecuencias podrían ser devastadoras. Esta reforma echaría por tierra el camino recorrido en los últimos 30 años”, afirmó el orador, quien resaltó la importancia de “preservar la certeza jurídica y la estabilidad macroeconómica”. Es decir, esta élite se suma a los agitadores de cucos que asustan a la población y pretenden influir sobre la voluntad popular.
Por su parte, el ministro Fernando Mattos pronunció un discurso que fue casi una fotocopia del de su anfitrión, ya que pertenece a la misma clase social de los empresarios y, por ende, comparte sus intereses sectoriales. Al respecto, consideró que el agro debe recibir más beneficios económicos del Estado, pese a que paga insólitamente un mísero 1,9 % de aportes patronales, mientras los otros sectores tributan un 7,5 %. Realmente, una gancha.
Al igual que su predecesor en el uso de la palabra, aprovechó también la oportunidad para criticar el plebiscito impulsado por el movimiento sindical, augurando, en caso que se apruebe la reforma constitucional, una suerte de tsunami. El secretario de Estado ingresó de lleno en la campaña electoral, pese a que su actitud debió haber sido otra por su rol de ministro.
La Expo Prado volvió a ser la fiesta de la oligarquía, en la cual los dos oradores olvidaron mencionar nada menos que a los verdaderos generadores de riqueza, que son los trabajadores. Tanto para el Gobierno como para las patronales, los peones rurales son mera fuerza de trabajo, groseramente explotada y expoliada por el capital rapiñero. Sus obtusas mentalidades no interpretaron bien la máxima del revolucionario José Artigas, quien, cuando proclamó el Reglamento de Tierras de 1815, afirmó que “los más humildes deben ser los más privilegiados”. En realidad, la única privilegiada por el modelo concentrador, hace casi 200 años, es la rancia oligarquía vernácula.
