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Columnas de opinión | Frente Amplio | programa | medios

Los ataques oficialistas

Frente Amplio: con programa y con discurso

El oficialismo y sus medios fieles arremeten contra el Frente Amplio a través de relatos falaces y ofensivos.

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Este agravio, sobre el que sustenta toda una fundamentación plagada de falsedades y verdades a medias, entra en franca contradicción con lo que se afirma apenas 48 horas después en el mismo espacio de opinión, que se supone representa la línea editorial de dicho medio de comunicación.

En efecto, el 30 de enero se hace un alegato para cuidar “el tono de las discrepancias”, afirmándose que “la tarea de los medios es informar, pero con precisión y ajustados a los hechos tal como ocurrieron”.

En su arremetida irracional, el autor señala que “si hay algo para destacar en el Frente Amplio es su permanencia inmutable en buscar obstruir al Gobierno (y de rebote al país) sin ninguna idea positiva o concreta”, haciendo referencia a la pandemia del covid-19 y a los cuestionamientos que la izquierda hizo en relación al manejo del tema por parte del Gobierno.

Naturalmente, se omite decir que el Frente Amplio propuso al presidente de la República, el 31 de marzo de 2020, un conjunto de medidas para contribuir propositivamente en esa coyuntura de emergencia nacional.

Tampoco se dice que la mayoría de esas propuestas fueron desestimadas por el Poder Ejecutivo. De hecho, Uruguay fue uno de los países que menos recursos invirtió para atender las contingencias sociales, que fueron dramáticas para buena parte de la sociedad.

Es más, en febrero de 2021, ante la inacción y la falta de perspectiva de la coalición gobernante, el Frente Amplio volvió a presentar un paquete de medidas entre las que reiteraron iniciativas planteadas en marzo de 2020 y se incluyeron otras frente al agravamiento de la situación, varias de las cuales fueron instrumentadas en forma tardía e insuficiente.

El editorial continúa en su crítica implacable a la izquierda, a la que define como “enferma” y le acusa de haber anunciado un apocalipsis en su oposición a la Ley de Urgente Consideración. Luego se pregunta (como si viviera en un mundo paralelo): “Dos años después, ¿alguien notó algo de ese apocalipsis anunciado?”.

La pregunta se responde sola, pero, como no debemos dar nada por sobreentendido, vale la pena recordar que los efectos que ha tenido la aplicación de la LUC en la economía, uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, han sido devastadores.

En primer lugar, según datos de Global Petrol Prices, que realiza el seguimiento de los precios minoristas de combustible, al cierre de 2023 el litro de nafta en Uruguay se ubicó en USD 1,978, guarismo que lo coloca entre los 20 países con los precios más elevados en el mundo y en el más caro de América Latina.

Esta es una consecuencia directa del cambio en el método de fijación de precio de los combustibles, que tuvo su pico máximo en junio de 2022 y derivó en el incremento de los costos de transporte, que a su vez provocó un aumento sostenido de los precios de los productos de la canasta básica, generando inestabilidad y afectando a los sectores con ingresos fijos, pequeñas empresas y comerciantes.

Pero además, la LUC modificó la Ley Integral Contra el Lavado de Activos (19.574), flexibilizando normas que establecían que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estaban obligadas a realizar reportes de operaciones sospechosas y adscribir a un sistema de prevención de operaciones ilícitas.

Como si fuera poco, la LUC, en sus artículos 215 a 224, modificó la Ley de Inclusión Financiera, aumentando el tope que permite las operaciones en efectivo a USD 150 mil aproximadamente al tipo de cambio actual.

El aumento de los límites a las transacciones en efectivo y la flexibilización en la obligatoriedad de los escribanos y demás agentes de informar acerca de actividades sospechosas, son medidas que significan un retroceso porque debilitan la transparencia del sistema y favorecen las actividades de los especuladores, lavadores de activos y narcotraficantes. Y todos vemos diariamente el impacto que está teniendo el narcotráfico en la seguridad pública, otro de los temas de mayor preocupación en la sociedad.

Vale decir que también se eliminó la obligatoriedad del pago de remuneraciones en formato electrónico, habilitándose el uso del efectivo, lo que repercute en los sectores más expuestos a la informalidad y a la desregulación laboral, pero esto último seguramente le importa poco al autor del editorial de marras, porque se siente parte de los “malla oro” o porque estos perjuicios que sufre la clase trabajadora no le afectan.

La lista de quejas continúa con la reforma de la Seguridad Social y la reforma educativa, alegando que el Frente Amplio se opuso a ambas. Seguramente no lee las encuestas o no las tiene en cuenta para hacer sus sesudos análisis, porque un reciente estudio presentado por Factum reveló que el 61 % de los uruguayos firmaría para habilitar el plebiscito por la reforma de la seguridad social y, del total de firmantes, el 30 % resulta que es votante de la coalición multicolor. No se precisa ser muy inteligente para concluir que la disposición a firmar es una clara demostración del rechazo que provocó la reforma en el seno de la sociedad y transversaliza a todo el sistema político.

En cuanto a la reforma educativa, una encuesta de Opción Consultores de octubre de 2023 arrojó guarismos más parejos. Un 47 % de la población está a favor y un 40 % en contra. Pero, más allá de los números, lo cierto es que ninguna reforma puede llevarse adelante a los empujones, ignorando a los sindicatos y a la sociedad civil, porque este tipo de transformaciones requieren de un gran acuerdo nacional, basado en el diálogo y la participación.

Sin embargo, lo más sorprendente del libro de quejas es el abordaje que se hace sobre la oposición del Frente Amplio a la extensión de la concesión de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie hasta el año 2081, una decisión que no solo fue unilateral, sino que fue un escándalo, que no han podido explicar y que desnuda la voluntad privatizadora del Gobierno en su política de favorecer a los sectores más privilegiados.

Se celebra el archivo de la causa en la Fiscalía de Delitos Complejos a fines del año pasado, pero se omite señalar que ahora el Estado uruguayo deberá afrontar un juicio por 600 millones de dólares que iniciará la socia mayoritaria de Montecon, según informaron varios medios.

Para coronar su histérica invectiva, se hace eco de las afirmaciones del ministro de Defensa Nacional, Javier García, quien expresó que “el Frente Amplio no solo no tiene programa, sino que no tiene discurso”.

Una afirmación desopilante que cuenta con una impúdica obsecuencia para contribuir a construir un relato falso y agraviante.

Resulta sorprendente que el ministro García hable de “programa” cuando por estas mismas horas se debate en un contencioso público con su correligionario, el precandidato y senador Jorge Gandini, que plantea sacar a los militares a la calle para combatir el delito, algo a lo que García se opone, o dice que se opone. ¿Qué dice el programa del Partido Nacional al respecto?

Aunque, finalmente, en el editorial de El País se dice algo que es absolutamente cierto. Y es que “el FA ha tenido la misma conducta a lo largo de estos cuatro años”. ¡De acuerdo!

El escribiente lo atribuye a “la desesperación de la derrota en el 2019 y la muy buena gestión que ha llevado adelante el Gobierno del presidente Lacalle” (!). En mi caso, sin que nadie me lo dicte, se lo atribuyo a que hay dos proyectos de país y, por tanto, la principal tarea de la izquierda es construir la alternativa al modelo neoliberal, concentrador y excluyente que ha impuesto en estos últimos años el Gobierno del presidente Lacalle.

En conclusión, el Frente Amplio se opuso a la rebaja de los salarios y las jubilaciones, a que se profundicen las desigualdades, a que se entreguen pasaportes falsos y a que se quieran esconder los ilícitos que se cometieron en el entorno de la Torre Ejecutiva.

Pero también se opone al relato falso que se quiere imponer acerca de la rebaja de los delitos, a la impericia para garantizar la seguridad de la población y a la improvisación constant en el manejo de la política exterior. A todo eso se opuso, se opone y se opondrá el Frente Amplio.

Por eso, Sr. ministro Javier García, la izquierda no solo tiene un programa, que es democrático, construido colectivamente con toda su estructura, sectores y bases de todo el país, unitario y profundamente transformador. También tiene un discurso que se plantea construir una sociedad más justa, más igualitaria y más próspera, coherente entre lo que se piensa y lo que se dice.

La recurrencia al sofisma como estrategia para exponer las ideas es una característica de algunos actores políticos que desde su posición dominante y muchas veces anónima creen tener el poder de convencer con sus retóricas desafiantes, inundadas de falacias.

Pero la realidad es más porfiada y se expresa naturalmente a través de los hechos y de la forma como se transmiten al conjunto de la sociedad. Entonces, siempre volvemos al papel de los medios, cuál es su rol y en qué sentido acumulan con sus opiniones y afirmaciones.

En la perspectiva gramsciana, "la realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad". Ahí está el centro de la disputa política, la batalla por el relato, aunque lo nieguen. Lo tienen tan claro que lo aplican permanentemente construyendo crónicas engañosas.

Por eso, no debemos dejar pasar estos ataques gratuitamente, ni permitir que se instalen conceptos falsos que persiguen el objetivo de desinformar y manipular a la opinión pública. En conclusión, es en la práctica política donde se materializan los pensamientos, se derrumban las falsas promesas y emerge la construcción de una nueva realidad que sepulta a la burda demagogia alentada por los falsos profetas.

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