Gobierno rompió techo de cristal de la legalidad

La solicitud cursada por el Poder Ejecutivo fue votada sólo por los curules de la coalición multicolor, lo cual aseguró los dos tercios exigidos por la Constitución de la República para que Cáceres fuera investida como titular de la Administración Nacional de Educación Pública.

La bancada del FA votó en contra, aduciendo, con razón, que la profesional no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 153 de la Ley de Urgente Consideración (19.889), la cual establece que los eventuales postulantes a ocupar cargos directivos en la ANEP deberán acreditar trayectoria educativa.

En ese marco, la letra de la norma no deja margen para la duda, en el sentido que los candidatos a presidir el Codicen de la ANEP u otros altos cargos jerárquicos en la institución “deberán poseer condiciones personales relevantes, solvencia reconocida, trayectoria en el ámbito educativo y méritos acreditados en temas de educación”. Si bien las condiciones personales relevantes y la solvencia reconocida son formulaciones meramente subjetivas, la trayectoria educativa es insoslayable y debe ser acreditada. De lo contrario, se está violando flagrantemente la ley.

La flamante jerarca se desempeñaba, hasta asumir la presidencia del ente, como secretaria general del Codicen, que es un cargo de alto rango y de confianza política pero meramente administrativo.

Es decir, en este, como en otros casos, el Gobierno borra con el codo lo que escribe con la mano, exhibiendo una falta de respeto incluso por las normas engendradas por esta coalición impresentable, cuya gestión sólo ha deparado malas noticias: rebaja salarial y de jubilaciones, conculcación de derechos, represión, más pobreza, más indigencia y rampante corrupción.

Cáceres, como quedó claramente demostrado cuando presentó su currículum en el parlamento, no ostenta una trayectoria profesional que avale su idoneidad para el desempeño de uno de los cargos de mayor relevancia del Estado, al frente de un organismo macro que tiene una plantilla de más de 60.000 docentes, además de personal no docente y un presupuesto de 2.500 millones de dólares.

Aunque la designación de directores de entes autónomos y servicios ha sido históricamente discrecional y competencia privativa del gobierno de turno con aval parlamentario, la especificidad de la educación requiere una idoneidad técnica acorde a la naturaleza misma de la función.

En el pasado, la Ley General de Educación 18.437, homologada en diciembre de 2008, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, establecía que un requisito indispensable para ocupar cargos de consejeros en los organismos cupulares de la ANEP incluyendo al Codicen, era poseer un mínimo de experiencia docente de apenas diez años. Es decir, que un educador de tercer grado –en un escalafón que va de primero a séptimo grado– podía postularse para este alto rango jerárquico.

Uno de los pretextos para sostener esa flagrante ilegalidad fue comparar la situación de Cáceres con la del docente y médico Luis Yarzábal, quien ocupó la presidencia de la ANEP entre 2005 y 2010, durante el primer gobierno del Frente Amplio.

La comparación no resiste el menor análisis, ya que Yarzábal desempeñó una profusa actividad docente y como investigador en el ámbito de educación terciaria, tanto en universidades uruguayas como de Venezuela y otros países de América Latina, e incluso ocupó relevantes cargos en la Unesco. En ese contexto, publicó doce libros y ciento veinte artículos de alto valor científico y didáctico.

Por ende, parece absurdo parangonar a una figura tan relevante con una mera abogada sin mérito documentado en el ámbito educativo y que jamás trabajó en un aula, ni pública ni privada. En efecto, su único “mérito” o más bien demérito, es ser colorada y haber acompañado a Robert Silva en una gestión cuestionada por su improvisación, su carencia de idoneidad y su falta de diálogo, así como por su talante autoritario.

Otro pretexto para refutar las objeciones del Frente Amplio sostenido por Robert Silva y por el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira –el cual es tan o más baladí que el anterior– es que a Virginia Cáceres se le discrimina por ser la primera mujer que ocupa el más alto cargo jerárquico en el sistema educativo.

Durante los gobiernos del Frente Amplio hubo numerosas directoras generales al frente de los hoy desaparecidos Consejos de Educación, en los tres períodos del gobierno. Por ende, las acusaciones sobre una eventual discriminación de género caen por sí solas. Incluso, el FA es la única fuerza política que confeccionó listas paritarias (igual cantidad de mujeres que hombres) para ocupar bancas en el Poder Legislativo. Es decir, es el único partido político que respeta la equidad de género, pese a que la normativa vigente sólo exige la aplicación de una cuota femenina, que otorga una participación mínima a la mujer.

Sorprende que una coalición de derecha que en el pasado votó en contra de todas las leyes que otorgaron derechos durante los gobiernos progresistas y que integra en su seno a un partido misógino y homófobo como Cabildo Abierto, se rasgue las vestiduras defendiendo conquistas a las cuales se opuso.

En materia educativa, el oficialismo violó aviesamente la Carta Magna cuando aprobó y homologó la Ley de Urgente Consideración, que contiene grotescas inconstitucionalidades.

Una de las más groseras se aplicó a la educación pública, cuando fueron suprimidos los consejos de Educación Inicial y Primaria, de Educación Secundaria y el Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU), los cuales fueron reemplazados por tres direcciones unipersonales.

Esta nueva estructura de gobernanza, que es de impronta y espíritu bonapartista, porque concentra casi todo el poder de decisión en el Codicen de la ANEP como órgano cupular casi excluyente y transforma a los otrora consejos desconcentrados en meras direcciones generales o furgones de cola, viola el artículo 202 de la Constitución de la República.

En ese contexto, fueron eliminados los consejeros docentes en todos los niveles educativos salvo en el Codicen, donde un docente y una maestra trabajan en minoría y casi en el anonimato, en una clara violación de la autonomía que, por ley, deben tener los organismos que históricamente han gestionado la educación pública que se imparte a niños y adolescentes.

No deja de sorprender que la propia Virginia Cáceres, que es abogada de profesión y por ende una mujer que viene del ámbito del derecho, no haya advertido –por acción u omisión– que su designación al frente de la ANEP es ilegal.

Como se trata de una persona del riñón de Robert Silva, nadie espera que exhiba un talante diferente al de su predecesor que, durante su gestión, acumuló improvisación, notoria carencia de ideas, raptos de autoritarismo y falta de diálogo con los actores docentes, quienes son –cotidianamente– los responsables de ejecutar en las aulas las políticas educativas y los tan mentados cambios de la promocionada “transformación”, que es un mero recorte y pegue mixturado con recetas importadas de países que ostentan un rango de desarrollo humano y justicia social muy superiores al de Uruguay.

La designación es consecuente con la conducta de un gobierno que ha hecho de la ilegalidad una suerte de adicción. En efecto, salvando las diferencias, la designación de Cáceres es tan ilegal como el pasaporte otorgado al narco Sebastián Marset. Incluso, parafraseando a la nueva presidenta de la ANEP en su discurso de asunción, el Gobierno rompió el techo de cristal de la legalidad.