“El objetivo es redondear la gestión en el año que queda de gobierno”, proclamó el ministro de Defensa Nacional, Javier García, a la salida de la reunión de evaluación de gestión que mantuvo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con su gabinete ministerial.
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Cuando alguien anuncia que se propone redondear una tarea, esa reflexión sugiere el cumplimiento de una serie de objetivos que, en este caso, se refieren a las promesas electorales del oficialismo, la mayoría de las cuales, en el quinto año de esta administración, no se han cumplido, sino todo lo contrario.
El secretario de Estado, quien ofició como vocero del encuentro, consideró que “hay una evaluación positiva del camino recorrido”, elogiando los supuestos logros de Poder Ejecutivo en referencia, por ejemplo, a la recuperación del empleo –que es meramente estadística y que se apoyó únicamente en la precarización y en los bajos salarios–, lo cual configura una grosera transferencia de riquezas de la clase trabajadora al empresariado.
También aludió al presunto “crecimiento del salario real”. En realidad, lo que hubo –en la mayoría de las ramas de actividad– es apenas una recuperación del poder de compra perdido con respecto a 2019, lo cual se concretó recién a fines de 2023. En ese contexto, sólo algunos sectores tendrán un crecimiento real, que no superará el 1 % o el 2 %. ¿Pueden exhibirse estos magros resultados como logros?
García afirmó que estos supuestos avances no deben ser motivo de “camiseteo”, como si las presuntas mejoras –en un panorama signado por el retroceso– puedan ser visualizadas con una visión triunfalista y autocomplaciente. “Hay satisfacción porque todos los uruguayos pudimos progresar”, enfatizó.
¿A qué “todos” se refiere el ministro de Defensa? Seguramente, ese “todos” son los denominados “malla oro” –que acumularon más riquezas que nunca– y no la mayoría de los uruguayos. En efecto, el oficialismo fue funcional, durante estos cuatro años, a los intereses de clase de la elite social y económica y a los propietarios de los medios de producción.
Por supuesto, para justificar el estrepitoso fracaso de la coalición republicana o multicolor, aludió a las “siete plagas” de Egipto que debió afrontar el gobierno, aunque mencionó apenas cuatro: la pandemia, la guerra de Ucrania, la sequía y la diferencia cambiaria con Argentina.
Obviamente, este discurso, que parte directamente desde la Torre Ejecutiva y es recurrentemente recreado también por el precandidato lacallista Álvaro Delgado para instar al electorado a “reelegir a este gobierno”, es naturalmente apócrifo.
La primera conclusión, que es una lectura bíblica, es que las plagas de Egipto que el profeta judío Moisés le anunció al faraón Ramsés II, no eran siete sino diez: conversión del agua en sangre; plaga de ranas; plaga de mosquitos (piojos o pulgas); plaga de tábanos (moscas); peste del ganado; úlceras; granizo ígneo y plaga de langostas; tinieblas y muerte de los primogénitos. Estas calamidades no cesaron hasta que el rey egipcio liberó al pueblo de Israel y le permitió viajar rumbo a la tierra prometida y reencontrarse con su destino.
Sin embargo, este gobierno, más allá de las dificultades mencionadas, que fueron reales aunque no bien atendidas para evitar el fuerte impacto social que sacudió a todos los uruguayos, tiene su propio catálogo de calamidades, algunas de ellas no vinculadas a factores coyunturales.
La primera de ellas es la congelación salarial, ya que luego de casi tres años de constante pérdida del poder adquisitivo, la clase trabajadora contempla una moderada recuperación, que sitúa los ingresos en el mismo nivel que hace cuatro años y solo en algunos casos –que son excepciones– apenas uno o dos puntos por encima del poder de compra de 2019. Hoy el salario mínimo nacional está situado en los 22.268 pesos, lo cual equivale apenas al arrendamiento de una vivienda modesta. Es decir, no alcanza para financiar la manutención de un hogar, que incluye alimentación, luz, agua, artículos de higiene personal y una carga de celular, entre otros gastos fijos. Incluso, más de 500.000 trabajadores perciben menos de 25.000 pesos, a lo cual se suman los empleados informales, cuyo porcentaje es del 22 %.
En tanto, la segunda peste es la congelación de jubilaciones que, al igual que los salarios, tuvieron casi tres años de pérdida y recién ahora lograron alcanzar el poder de compra de hace cuatro años. Actualmente, la jubilación mínima está en 18.770 pesos, monto percibido por 160.00 pasivos. Seguramente, estas personas, que por su edad tienen un cuantioso gasto en salud, deben vivir con otros familiares o bien internarse en el asilo Piñeyro del Campo para sobrevivir.
La tercera plaga de este gobierno, que no invirtió lo suficiente en políticas sociales para afrontar la pandemia, es el incremento de la pobreza, particularmente la infantil, que ronda el 20 %. Los uruguayos pobres suman más de 350.000, lo cual equivale a casi el 10 % de la población, un punto más que en 2019.
La cuarta plaga, que está ligada a la anterior, es el sostenido incremento de personas en situación de calle, que crecieron un 50 % con respecto a 2019. Más allá de meras estadísticas, basta observar la multitud de uruguayos que viven cotidianamente a la intemperie para evaluar la severidad de la indigencia. Obviamente, no todos son consumidores de pasta base o enfermos psiquiátricos como proclama el Gobierno para justificarse. Son pobres que no tienen donde vivir y se alimentan todos los días en los comedores estatales. Incluso, muchas de las personas que concurren a esos servicios tienen ingresos, aunque, por su irrisorio monto, no pueden adquirir los alimentos.
La cuarta plaga es la precarización laboral, que tiene cuatro componentes: la situación de los trabajadores subempleados, las malas condiciones de trabajo, la informalidad y los bajos salarios. Es decir, la mayoría de los puestos de empleo que fueron creados son de bajísima calidad.
La quinta plaga son los derechos conculcados por la LUC, que han afectado sustantivamente la libertad sindical y la represión contra los obreros que ocupan sus lugares de trabajo para enfrentar los abusos patronales.
En tanto, la sexta plaga, que es una de las más severas, son los ataques y los aprietes contra la Fiscalía, a los efectos de interferir en la autonomía de dicho organismo y así amparar los casos de corrupción del gobierno que tienen causa penal abierta.
Naturalmente, la séptima plaga es el récord de homicidios, que a partir de 2022 han superado largamente a los asesinatos registrados en el mismo período del gobierno anterior.
Por supuesto, la octava plaga es el récord de suicidios que se ha registrado a partir de 2021, por la falta de prevención y políticas coordinadas de salud mental. Las autoeliminaciones han crecido sustantivamente entre el personal policial.
La novena plaga es la discrecionalidad para crear cargos de particular confianza con abultados salarios, el rampante clientelismo político y el ingreso de militantes de la coalición derechista al Estado, por designación directa.
La última y más grave de las plagas es la corrupción, que incluye el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, el ilegal otorgamiento de un pasaporte a un narco, la destrucción de documentación para ocultar pruebas a la Fiscalía, el operativo para identificar a las víctimas del pedófilo exsenador blanco Gustavo Penadés, las licitaciones truchas o digitadas, las exoneraciones tributarias a familiares de referentes del gobierno y los beneficios a empresarios donantes de la campaña del presidente, entre otras tantas chanchadas.
Estas diez devastadoras plagas multicolores han sido padecidas –durante cuatro años– por la gran mayoría de los uruguayos que observan, con singular desencanto, lo obscena concentración de la riqueza en manos de una minoría oligárquica rapiñera, que es la aliada estratégica y económica de la derecha. El imperativo ético es cambiar y no reelegir a este gobierno paupérrimo.