Los regalos de Luis que pagamos todos

En julio de 2023 el Poder Ejecutivo aprobó el decreto que reglamenta la desmonopolización de la venta de combustibles en aeropuertos. Lo que antes regía sólo para aeropuertos internacionales, ahora “será aplicable a las aeronaves de cualquier bandera con fines comerciales y cuyos vuelos tengan como destinos aeropuertos fuera del territorio nacional”, comprendiendo también al “transporte de pasajeros, de carga, correo y/o cualquier otra actividad comercial onerosa, entre otras, aerotaxis”.

En pocas palabras, se quitó a Ancap el monopolio del suministro para beneficiar a empresarios privados.

En los primeros días de agosto de 2023, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), buscando defender los intereses de Antel, presentó un recurso de revocación contra las licencias para la venta de internet otorgadas a cableoperadores.

Continuando con su plan de desmantelar a las empresas públicas, Luis Lacalle Pou modificó el artículo 56 de la Ley de Medios para habilitar la entrega de licencias indiscriminadamente. Esta ley impedía la acumulación de licencias; pero la modificación permitió llevarse por delante al monopolio de las telecomunicaciones. Los Lacalle siempre estuvieron en contra de tal monopolio y a favor de los intereses privados, lo cual quedó demostrado con la llamada portabilidad numérica, que benefició a Claro y perjudicó a Antel.

Un informe de la Ursec sobre el desarrollo de la portabilidad numérica, que comenzó a aplicarse en enero de 2022, señala que hasta el 30 de junio de 2023 Antel perdió 798 clientes y Claro ganó 6.635. Gracias, Luis; sos un genio.

En setiembre el gobierno dio otro golpe bajo, en este caso a la UTE. Por decreto del MIEM, los grandes consumidores quedaron habilitados a contratar sin intermediación a proveedores privados que generan energía renovable.

Con tal decreto, el gobierno entregó entre el 20 % y 25 % de su facturación a operadores privados, los que usarán las redes de la UTE. Esto ocasionará, más temprano que tarde, un aumento de las tarifas para los pequeños y medianos consumidores, porque el generoso regalo lo hace Luis; pero, como siempre, el que paga es Juan Pueblo. La medida reducirá las transferencias a rentas generales y debilitará al ente público; todo para beneficiar a unos pocos.

Los privados no tendrán que invertir en mantener las líneas de transmisión ni ampliarlas; esa inversión la continuará haciendo UTE.

Los gobiernos del Frente Amplio incentivaron la producción de energías renovables y la diversificación de la matriz energética, pero reservándose el poder de regulación, intermediación y venta, fortaleciendo a UTE y no debilitándola. Las pérdidas ocasionadas por el decreto de Lacalle Pou serán millonarias, ya que los grandes consumidores abandonarán a la UTE. Este conglomerado de empresas representa solo el 0,003 % de los clientes, pero casi el 25 % de la demanda y cerca de 50 millones de dólares de pérdidas anuales.

Años atrás, y con el objetivo del cambio de la matriz energética, fue el Estado el que logró préstamos, amortizaciones y exoneraciones de hasta el 90 % para quienes quisieran invertir en el Uruguay. En los contratos de suministro (que eran por 20 y hasta 30 años) la UTE se comprometió a comprar toda la energía producida por los operadores privados ¡aun cuando no la necesitara! El negocio ya era redondo para los inversores y bien podría criticarse al gobierno frenteamplista por haber sido demasiado generoso; pero, aun así, trajo varios beneficios, tanto para la UTE como para el país. Sin embargo, lo que hizo Lacalle Pou no fue un negocio… ¡Fue un regalo!

UTE hizo, entre otras inversiones, la planta de ciclo combinado en Delta del Tigre y la conversora de Melo, que permite interconectar con Brasil, y gracias a eso pudimos exportar energía en 2020 y 2021. El costo de dicha energía bajó abruptamente gracias a las inversiones que realizó UTE y podemos exportar el sobrante gracias también a las inversiones que realizó UTE; pero el otro Luis -el real, no el muchacho simpático que se saca selfies con quien lo pida, sino el que piensa más en el beneficio de sus amigos millonarios que en el país- saca un decreto renunciando a los derechos generados por semejante esfuerzo.

Como señaló Gonzalo Castelgrande, presidente de la Agrupación UTE (AUTE), a Caras & Caretas: “No vale lo mismo hoy un megawatt de lo que valía en 2010 cuando la UTE hizo los contratos. Hoy puede estar valiendo de 0 a 20 o 30 dólares y cuando la UTE hizo los contratos pagaba 70 dólares cuando compraba la energía a los grandes generadores”. “Acá no hay una competencia leal. La UTE se hace cargo de todos los costos, de los que tiene asumidos y los que debe asumir para adelante y estos grandes empresarios no van a pagar nada y todavía están siendo subvencionados y exonerados por la misma UTE.”

Paralelamente, cuando la Justicia dispuso la reapertura del caso Katoen Natie, el exministro de Transporte y Obras Públicas y actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quedó con muchas cosas turbias por aclarar.

El expediente había sido archivado a fines de noviembre de 2022 por el fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez, pero volvió a ser revisado tras aceptarse la solicitud de senadores frenteamplistas. La jueza Dolores Sánchez de León accedió a esta solicitud y la causa fue asignada a otro fiscal quien continuará la investigación.

La concesión portuaria a TCP se hizo de manera tan secreta que los mismos directores de la ANP declararon ante la Justicia que se enteraron por la prensa de lo pactado con el gobierno. Entre otras irregularidades, el informe de asesoramiento de la ANP (exigida por la ley) fue presentado un mes después de sellado el acuerdo.

La concesión fue por 60 años, o sea, doce períodos de gobierno.

Por otra parte, el gobierno ha buscado desesperadamente (porque se le acaba el tiempo) concretar la privatización de la industria del portland, dejando a Ancap con una participación minoritaria y bordeando lo inconstitucional. La piedra caliza es un recurso natural que nos pertenece a todos. No está mal asociarse con privados si eso permite mejorar la producción y comercialización; pero lo que siempre buscaron los Lacalle fue una entrega a los empresarios privados.

Luis entrega todo lo que puede para favorecer a los grandes capitalistas, incluyendo la salud. Con ese objetivo sacó dos decretos para contrarrestar las medidas antitabaco de Tabaré Vázquez y beneficiar a las tabacaleras, una de las cuales (Monte Paz S.A.) aportó dinero para su campaña. Uno de los decretos fue frenado por la Justicia, porque era demasiado el abuso. Las decisiones de nuestro presidente obedecen a un patrón: lo económico por encima de la salud.

OSE también ha sido atacada, en tal caso por medio de un fuerte recorte presupuestal.

UTE, OSE, ANTEL, ANCAP… Hay varios grandes empresarios refregándose las manos pensando en quedarse con tales empresas o, por lo menos, con sus mercados o, en el peor de los casos, con la mejor porción de los mismos. La derecha, neoliberal y apátrida, buscará de todas las maneras posibles darles lo que quieren.

Parte de la agenda neoliberal apunta a vender todas las empresas públicas. Antes de “enajenarlas”, como les gusta decir, los gobiernos neoliberales las desatienden, hacen que funcionen mal y hasta suben las tarifas de los servicios públicos para que los ciudadanos clamen por privatizarlas. Para ellos, todos los servicios que hoy están a cargo del Estado deben estar en manos de privados: iluminación, carreteras, telecomunicaciones, salud, etcétera; incluso el servicio penitenciario, caso de Estados Unidos.

Sin embargo, Luis Lacalle Pou tiene un freno, y es que la ciudadanía se ha expresado claramente en contra de tales planes.

El 13 de diciembre de 1992 el impopular gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) recibió una derrota aplastante cuando su nave insignia (la ley 16.211, que permitía la privatización de las empresas públicas) fue tumbada en las urnas con el 66,3% de los votos.

El 4 de enero de 2002, bajo el gobierno de Jorge Batlle, fue promulgada la Ley Nº 17.448, la cual, entre otras cosas, derogaba “el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y el de exportación de derivados de petróleo establecidos a favor del Estado”. La ley fue sometida a referéndum el 7 de diciembre de 2003 y terminó derogada con el 62,2% de los votos.

Afortunadamente, estos antecedentes de resistencia popular, más el tiempo que corre en contra de la derecha a medida que se acercan las elecciones, impiden al herrerismo y sus aliados continuar regalando nuestro patrimonio. Sin embargo, habrá que mantener los ojos bien abiertos, porque ellos siempre han sido hábiles para encontrarle la vuelta a las trabas legales.

Se ofenda quien se ofenda, ya es hora de hablarle claro a la gente.