La paradoja de Oddone: el ahorro es la base del crecimiento

La amenaza del estallido nuclear es probable, y el riesgo de exterminio humano, verdaderamente posible.

En Uruguay el peligro no es percibido como una posibilidad que nos involucre y la noticia preferida por los medios de comunicación es la camioneta que compró el presidente de la República, unos días antes de asumir, mediante una compleja operación comercial que los más expertos periodistas de investigación no han conseguido develar, al menos totalmente.

En esta nota prescindiremos de continuar con esta novela desgraciada y simplemente diremos que si a Yamandú no se le hubiera ocurrido comprar un vehículo tan inapropiado y relativamente extravagante, no estaríamos empantanados en esta ruta tan fangosa que no termina de entenderse.

Como en el ajedrez, nos convencemos de que el error estuvo en la partida. Si Yamandú no hubiera ido al Polonio ese verano, no habría tema para el conventillo, nunca se hubiera comprado ese vehículo tan caro y circularía en la Toyota presidencial que compró Lacalle Pou a su amigo Curcio sin que hubiera causado tanto escándalo.

Si el tema de conversación de ese atardecer veraniego en las arenas oceánicas hubiera sido los lobos marinos y no la “seguridad” que brindaba la camioneta del empresario Oliva a prueba de misiles, otro sería el tema de la semana, pero la suerte es esquiva y a Orsi no lo acompaña…

Al episodio de la compra de la camioneta se agrega a la difusión de algunas encuestas de opinión pública que confirman que aumentan los encuestados que opinan que este gobierno no satisface las expectativas, desilusiona a muchos de los que lo eligieron, carece de un rumbo claro, no logra comunicar bien lo que hace o, más categóricamente, es un mal gobierno.

Estas encuestas han sido motivo de discusión y análisis por todos los politólogos, y más o menos coinciden en que para el Gobierno esto es una mala noticia, que si no se rectifican rumbos esta evaluación del público empeorará y que debe reflexionarse con sinceridad, hacer una autocrítica, replantearse la gestión de gobierno y justificar al menos algunas expectativas, o aprontarse para perder.

La suma de lo que evidencian los resultados de las encuestas y el episodio de la camioneta no debe menospreciarse, porque permite comprender que vamos de mal en peor. Ahora bien, se puede hacer algo o ya no es posible salir del despeñadero. Para salir adelante hay que entender que sólo se puede hacer con el Frente Amplio unido y con los frenteamplistas recuperando la confianza, la fraternidad y la esperanza.

Tal vez sea posible si se comprenden algunas cosas que yo creo que son las más importantes. Hay que asumir sin temores ni dudas que el Frente Amplio es una fuerza política, institucionalmente coalición y movimiento, antioligárquica y antiimperialista, y entre el Gobierno y el partido de gobierno debe haber una “autonomía relativa”. Que el Frente Amplio no se puede dividir y que la hegemonía de una corriente sobre las otras no ayuda. Si vamos por ahí, vamos bien. Para que esto se materialice, el presidente tiene que estar de acuerdo, y si está de acuerdo mandar bien y hacer valer su autoridad.

Hay, al menos, dos ministros que tienen que pensar esto y, si concuerdan, seguir adelante; y si no están de acuerdo, irse. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, que son los dos mejor valorados por la oposición, cargan con esa mochila, y tal vez con sus declaraciones y algunas de sus actuaciones han hecho mérito para ello.

Todo bien con los dos, porque son inteligentes, buena gente, honestos y competentes, pero si la ven de otra manera e insisten en los errores, que a veces parecen, más que errores, distintas perspectivas ideológicas, nos llevan al precipicio.

Cuando el Gobierno del Frente Amplio asumió la conducción de nuestro país, enfrentó múltiples desafíos: impulsar el crecimiento económico, garantizar la seguridad de la población, fortalecer las instituciones democráticas, promover la justicia social, proteger a los y las personas más desvalidas y asegurar oportunidades para las generaciones futuras.

Especialmente el abatimiento de la pobreza infantil y la inseguridad ciudadana constituían una demanda unánime de la ciudadanía y al menos en apariencia de todo el sistema político.

Sin embargo, existe una responsabilidad que precede a todas las demás y que constituye la base sobre la cual pueden edificarse las restantes políticas públicas: la reafirmación de la soberanía y la independencia nacional. El recuerdo de esta premisa que parece obvia se justifica porque algunas actitudes de funcionarios del Gobierno han resaltado las restricciones de nuestra política exterior, las presiones insostenibles a las que estamos siendo sometidos o los actos que nos vemos obligados a hacer so pena de ser objeto de represalias mayores.

También expusieron el propósito de pasar desapercibidos, “bajo el radar”, en el contexto internacional, aprovechando nuestro escaso territorio y relativamente pequeña población, asumiendo un rol insignificante que contradice una historia de justicia, patriotismo y dignidad.

Sin soberanía efectiva y sin independencia real, cualquier proyecto de desarrollo queda condicionado por intereses ajenos, cualquier decisión estratégica puede verse limitada por presiones externas y cualquier aspiración colectiva corre el riesgo de perder su sentido más profundo.

Sin exhibir orgullosamente nuestra condición de nación soberana, toda apelación a la institucionalidad, la seguridad jurídica, la democracia liberal y el respeto de los contratos y de las reglas de la macroeconomía no se diferencian mucho de los discursos fatuos de Julio María Sanguinetti. La soberanía es el derecho inalienable de una nación a decidir libremente sobre su destino; la independencia, por su parte, representa la condición que permite ejercer esa soberanía de manera plena, preservando la libertad de acción frente a influencias que pretendan subordinar los intereses nacionales a objetivos ajenos.

En cualquier contexto geopolítico, especialmente en el actual, con el gobierno de Donald Trump en EEUU, el ejercicio de la soberanía es el rechazo al imperialismo.

Algunas afirmaciones de jerarcas del Gobierno que mencionan las presiones a las que están siendo sometidos, así como algunas vacilaciones y gestos más o menos sorprendentes de nuestras autoridades, incluyendo el presidente de la República, en el contexto de una política exterior norteamericana de claro sesgo imperial, confirman las restricciones que tiene el Gobierno para ejercer su soberanía y alertan sobre los peligros que nos acechan y que se manifiestan más explícitamente en otros países hermanos de América Latina que sufren agresiones, presiones e intromisiones más contundentes e insoportables.

No alcanza con emitir declaraciones simbólicas ni de una evocación histórica a documentos que manifiestan aspiraciones o invocaciones más o menos ilusorias, ni expresiones en actos patrióticos que reafirmen la política exterior, nuestro derecho a la gestión y el aprovechamiento de los recursos naturales y el ejercicio de la defensa nacional. Hay que asumir la responsabilidad de que cada acción debe reafirmar la capacidad de la nación para gobernarse a sí misma. Esto quiere decir que en forma inequívoca el presidente de la República debe expresar que de ninguna manera tolerará cualquier presión de un país extranjero, incluyendo naturalmente a los países más poderosos, y que el Gobierno actuará ejercitando su soberanía cuando sea necesario, sin perjuicio del respeto de los derechos de los demás países y con la prudencia que sea necesaria.

Cuando un país reafirma su soberanía y fortalece su independencia, crea las condiciones necesarias para construir un futuro más justo, más libre y más próspero, fortalece la confianza de sus ciudadanos, aumenta su capacidad de negociación en el ámbito internacional y protege su derecho a decidir su propio camino. Esto es lo que esperamos los frenteamplistas y lo que probablemente opine la inmensa mayoría de los uruguayos, incluyendo las Fuerzas Armadas, a quienes les vendría bien escuchar desde el Gobierno una voz artiguista, soberanista y democrática.

Si estamos de acuerdo en esto, podemos seguir hablando. Diferencias va a haber siempre, en el Frente siempre las hubo, pero para seguir adelante al menos hay que estar de acuerdo en lo que siempre estuvimos de acuerdo.

Pero aunque parezca redundante, sin esto no hay nada, pero con esto no alcanza, porque se equivocan quienes creen que sólo los viejos de los comité de base, los militantes más fundamentalistas o algunos jóvenes universitarios son los que siguen con atención el genocidio del pueblo palestino, la infamia que se está tramando para hundir a Cuba en el mar Caribe, la intromisión de Donald Trump en las elecciones de Latinoamérica, los bombardeos a civiles en Irán, las tropelías de Marco Rubio y los ataques a los gobiernos de México y Brasil.

Es por eso que nadie se muestra muy sorprendido de los niveles récord de rechazo tanto al gobierno como a la oposición. ¿Cuál es la razón última por la que este mal humor se transforma en decepción y desesperanza, y por qué semejante desencanto persigue a todo el sistema político?

No son las ambigüedades de distintos voceros de gobierno sobre los distintos eventos que ocurren en el mundo. No puede ser solamente la inexperiencia del elenco gobernante ni la impericia del presidente, ni las improvisaciones de la gestión ni la torpeza de la comunicación gubernamental.

La economía es el opio de los pueblos

Tal vez el nudo gordiano sea el brete económico al que se viene sujetando a nuestro país desde la imposición del Consenso de Washington, que coincidió con la inauguración del gobierno de Lacalle Herrera en 1990. Desde De Posadas hasta hoy, no han existido mayores diferencias de política económica, con la sola y notable excepción de la gestión de Alejandro Atchugarry durante la crisis del 2002 y el momento memorable en que Danilo Astori pagó la deuda con el FMI y se soltó de las ataduras que le imponían al Uruguay las Cartas Intenciones del Fondo Monetario. Ambas circunstancias requerían “hacer” y no “teorizar”, enfrentar al FMI con dignidad y no ponerle alfombra roja a sus recetas, utilizar el capital internacional del país al servicio de la gente y no la gente al servicio de la acumulación de prestigio externo de un ministro de Economía.

Ambos momentos requerían creatividad, decisión, valentía y unidad patriótica. Pero fue una unidad para salvar al país donde, como siempre, el mayor peso de la renuncia y el desinterés lo pusimos nosotros, los frenteamplistas.

La gente está enojada y tiene razón. Votamos esperanzados el regreso del Frente Amplio luego de 5 años de estancamiento del salario real. Los pequeños empresarios y comerciantes veían que la presión fiscal aumentaba mientras que el régimen de exenciones fiscales le actuaba como un competidor formidable que terminaba subsidiando la expansión de grandes empresas en detrimento de sus competidores más pequeños.

No se necesita tener un Nobel en política fiscal para darse cuenta de que esa perforación de la base fiscal termina erosionando la recaudación, aumentando el déficit fiscal y, en el límite, aumentando la presión sobre aquellos que ya están con el agua hasta el cuello.

La gente siente que el Gobierno se refugia en que los “técnicos” le recomiendan no aumentar el gasto. Si otra vez no se puede aumentar el gasto. ¿nuevamente llegó la hora de embromarse?

Anteayer fue por el covid-19, un poco antes por el Niño; ayer fue la sequía, después la guerra de Ucrania; hoy es el bloqueo del estrecho de Ormuz, y mañana volverá el Niño. Nunca será una buena oportunidad para aumentar el gasto porque el perímetro fiscal a los economistas siempre les queda chico. Más aún cuando cobran sueldos de cientos de miles de pesos, tienen sus ahorros en acciones o bonos del Tesoro, chacra para ir los domingos a comer asado y auto oficial.

Ya conocemos todos los cuentos. Todo el sistema político sabe, lo sabe la gente, la academia, los economistas, las cámaras empresariales y el PIT-CNT que el problema de la pobreza infantil no se podrá abatir siquiera parcialmente si no se invierte en vivienda popular, transferencias, trabajo para las madres jefas de hogar y educación y seguridad al menos 1000 millones de dólares anuales por muchos años.

Lo saben también el BID, el Banco Mundial, la FAO, las calificadoras de crédito y hasta el Departamento del Tesoro de los EEUU si es que algo tiene que ver con el asunto ya que, según Marco Rubio, ellos aquí en Uruguay también mandan. Así que no sirve engañarnos diciendo que reasignaremos recursos por 50 millones para la infancia, aunque peor es nada. También es bueno que aumente el salario real y que se hayan creado 26.000 puestos de trabajo.

Los que votamos al Frente Amplio esperábamos más y no podemos aceptar que éramos unos ingenuos porque quisimos ignorar que nunca fue la verdadera intención llevarlo adelante, porque sólo se trataba de utopías estratégicas para un futuro que nunca va a llegar si se continúa atado a los dogmas de las ideas más o menos neoliberales que por algo aplauden los que dicen que la única garantía de idoneidad en este gobierno es el ministro de Economía.

La cosa es que estamos bastante cerca de tocar la lona, y el daño no solo afecta las chances electorales del FA en el 2029, sino que pone en riesgo su liderazgo en el sistema político nacional. Un liderazgo que dos décadas atrás permitió poner en marcha una serie de reformas que permitió sacar a la población del pozo en que había quedado hundida luego de la crisis del 2002, y aún más importante, colocarle una esperanza de mejora en su horizonte.

Si, como dice el ministro de Economía, estamos en el límite del gasto, se evidencia una sensación crítica que no es real y que desestimula a los potenciales inversores y va a contrapelo de ese crecimiento tan necesario para el ministro Oddone y para todos los que queremos más empleo, más trabajo y más prosperidad para nuestro país.

Esta es la gran trampa, cuya respuesta inevitablemente nos lleva al gran dilema de causalidad entre gasto/inversión y crecimiento. De un lado del espectro político y los técnicos nos viene intentando convencer desde 1960 de que la mejor receta para crecer es bajar el gasto público. Si se hablara de reducir el gasto excesivo o la “grasa”, no hay cómo no estar de acuerdo. Pero la historia nos demuestra que nada de eso ha ocurrido. Es más, lejos de quemar grasa, estas políticas tienden a reducir “músculo” del Estado, debilitando sistemáticamente a las empresas públicas, un gran motor de crecimiento histórico en nuestro país, en favor de los “malla oro” que siempre están sentados en el murito esperando les tiren un pedazo rentable luego de culminada la caza.

Si aún creemos en el pensamiento desarrollista y progresista, que ve al Estado como una palanca de crecimiento formidable, tenemos que gestionar, administrar y transformar la realidad con el rumbo que hemos delineado en el programa y utilizando las palancas que tenemos y que el Uruguay ha creado a lo largo de su historia. Un Estado poderoso y, también, si es posible, un sector privado que tal vez pueda contribuir a proyectos que promuevan el bien común.

No estamos pensando de ninguna manera en hacer pozos para taparlos o tirar dinero desde helicópteros… Creemos que el Estado puede hacer inversiones muy rentables para la sociedad en general, y que los recursos fiscales invertidos para ello se pagarían con creces. No estamos inventando la receta del agua tibia, pero ante la negación del fenómeno, nos vemos en la obligación de repetir que cualquier manual nos dice que toda inversión que ofrezca un retorno por encima del costo de financiación que cubra adecuadamente los riesgos involucrados debe ser llevada adelante.

Por eso digo que para crecer hay que gastar y que gastar no es tirar la plata sino crear las condiciones para obtener un retorno usando lo que tenemos. La pregunta deberías ser dónde invertir y con qué honestidad y pericia se va a gestionar la inversión, y con qué voluntad se quiere transformar. Porque si no se invierte no se crece, y si no se crece no se puede pagar ni la deuda ni las jubilaciones futuras.

¿Alguien en el MEF nos puede convencer de que invertir mil millones de dólares en vivienda social genuina no es rentable? ¿Alguien hizo esos números? ¿Se podrán conocer? ¿Alguien calculó los ahorros que tendría el Estado si todas las familias tuvieran acceso a una vivienda mínimamente digna? ¿Se puede saber cuánto bajaría el gasto en seguridad en los barrios más complicados de Montevideo y algunas ciudades del interior? ¿Alguien calculó cuánto crecería el país si esos 200.000 niños que viven en la pobreza pudieran crecer con dignidad y qué probabilidad de tener enfermedades mentales tienen creciendo en la miseria? Es obvio que cualquier pediatra lo sabe y la ministra de Salud recontra lo sabe. No sería bueno que el MEF calculara el riesgo y el costo para el país de tanta desidia; que escuche a la ministra y al senador Borbonet, que se lo pueden decir sin adornos y sin gre gre para decir Gregorio.

Rodrigo Arim nos podrá convencer de que lo que pedía para la Udelar hace tres años era demasiado y que hoy tiene que arreglarse con lo que hay. El Gobierno anterior firmó con el pie en el estribo una “comprita” de cámaras de seguridad por decenas de millones de dólares. ¿Alguien hizo el cálculo de si en lugar de poner esas cámaras poníamos viviendas, cuál era el beneficio relativo?

En la historia de los últimos cincuenta años tenemos ejemplos. Miremos la estabilidad para el barrio que significó el Parque Posadas, donde la seguridad la ofrecen naturalmente las miles de familias de trabajadores que habitan y crían a sus hijos allí.

En la misma dirección, ¿alguien nos puede decir que existe alguna inversión más rentable que asegurarnos que los pocos niños que nacen en nuestro país lo hagan dentro de un hogar digno, en un marco seguro y con acceso a la educación? ¿Será más rentable ofrecer cientos de millones en exenciones fiscales a automotoras o grandes superficies? ¿Dónde está ese cálculo? ¿Lo podrán hacer Oddone o Vallcorba? La ciudadanía se merecería conocerlo. Tal vez el Frente Amplio se equivocó al elaborar el programa y apostó por un camino que estaba equivocado.

¿El presidente de la Asociación Rural se anima a decirnos que piensa que el país es más rico cuando nace un ternero Angus y más pobre cuando nace un niño en el Pereira Rossell?

Yo no quiero hacer quebrar al Uruguay. Pero tampoco quiero que me corran con una sábana blanca… Ha corrido mucha agua debajo de los puentes desde que el Sistema Monetario Europeo impuso las normas de Maastricht en 1992, que consistían en un tope de 3 % de déficit fiscal y 60 % de ratio de deuda sobre PBI, que Alemania y Francia impusieron a los países del Mediterráneo, imponiéndose recesión y desempleo.

Bastó que fueran Alemania y Francia las que empezaran a sufrir los efectos de la austeridad para que estos “criterios” supuestamente escritos en piedra fueran rápidamente letra muerta. Hoy los países del área euro tienen un déficit de entre 3 % y 5 %, al mismo tiempo que expanden el gasto militar como si no hubiera mañana con la excusa de defender a Ucrania. Más cerca en América Latina, Brasil y México tienen déficits de entre 6 % y 7 %. Y si miramos los números de deuda, la situación es mucho más evidente. Italia tiene un ratio de deuda neta de 130 % y España 85 %, solo a modo de referencia. ¿Esto es lo que le gusta a Oddone de la Europa occidental? ¿Por qué Gabriel no hace un intento de copiarlos?

¿Me están diciendo que si en un periodo de 4 años lo que queda de este gobierno comprometemos por única vez 1 % del PBI anual para infraestructuras focalizadas y socialmente urgentes, vamos a quebrar? Yo sospecho que es falta de voluntad de explicarle a los inversores los beneficios de esta inversión marginal que, lejos de arriesgar la sostenibilidad de deuda, creemos firmemente la mejoraría sustancialmente.

Tal vez lo mejor sería aumentar el gasto para sacar a la economía del pozo. Si yo fuera presidente, lo llamaría a Oddone y le diría que tiene que conseguir mil millones de dólares por año en los próximos cuatro años para sacar a los niños de la pobreza. Buscalos como puedas. Hacé un fideicomiso ,emití un bono, convencé a los organismos internacionales, obtené el apoyo de los privados. Para eso te nombré, y no para decirme que no se puede.

Está claro que cualquier expansión del gasto debe ser exclusivamente dirigida a inversiones claramente identificadas y segregadas. Si me piden una idea, sugeriría el armado de un fideicomiso, como hacen las intendencias, asegurando un monitoreo independiente y un manejo segregado de los fondos.

No queremos un “fondo” covid, donde hasta el día de hoy no sabemos cómo se gastó el dinero o quiénes fueron los beneficiarios. Aún más, podría convocarse un consejo de notables que supervisara el cumplimiento de los objetivos y la transparencia en la utilización de los fondos.

Si la empresa privada aceptara contribuir, como se lo oí proponer al Pepe Mujica, con Yamandú sentado en la primera fila, podría incorporarse la gestión privada para que nadie diga que la plata se gastaría en incrementar la burocracia estatal.

Las inversiones a realizarse deberían enfocarse en vivienda, niñez, vejez y producción. En este último rubro se pueden considerar el riego, el ovino y la pesca, cubriendo las tres letras del MGAP.

El fondo debería enfocarse en una modalidad público-privada, a modo de que el sector privado tenga acceso a subsidios y créditos en caso de presentar proyectos que entren dentro de los objetivos del fondo. Esto claramente aplicaría para las inversiones productivas, pero no limitado a ello, ya que tanto en la vivienda como en la salud existe amplio margen para la participación del sector privado. Y en el caso de la salud, la ministra está necesitando 50.000.000 para infraestructura peleando con uñas y dientes.

Nada de lo que decimos es nuevo. Hasta Ignacio Munyo de Ceres propuso algo similar a inicios de este periodo de gobierno, pero no encontró eco. Y eso que parecía tener el apoyo de la Cámara de la Construcción y hasta del Sunca, y su exposición fue aplaudida por Lucía Topolansky en primera fila y la ministra de Vivienda, y Marcos Carámbula y hasta el cura “Verde”. Se podría invitar a Ceres mismo a participar como una especie de “ombudsman” del gasto, si fuera del gusto del “sistema”. Y seguramente mucha gente pueda aportar otras ideas. El PIT-CNT tiene ideas para la industria y el desarrollo. También las cámaras empresariales esperan propuestas, y tal vez puedan tenerlas.

Yo mismo le dije hace unos meses a Gabriel Oddone que había escuchado una idea que me parecía formidable del Toto Rossi. ¿Por qué no proponerse sacar de la pobreza a los niños que habían nacido pobres el año pasado? Tal vez fueran 14.000. Proporcionarles vivienda, trabajo a sus madres casi siempre jefas de hogar, a sus padres si vivían con ellos, salud, educación, apoyo institucional, asistencia social, transferencias adecuadas. Serán sólo 14.000. No será un gasto del otro mundo. Este año habrían nacido 14.000 más y algún hermanito o hermanita que tengan lo incluímos en el grupo. Ya van 28.000. No terminamos con la pobreza infantil pero el año que viene tenemos 14.000 más. En cinco años son 75.000 niños. No lo hicimos todo pero abatimos la pobreza infantil en un 40 por ciento. El Mides lo puede hacer. Cristina Lustemberg lo puede hacer. Los niños pobres están ubicados, se conocen con nombre y apellido. Se podría haber hecho y los comunicadores de Presidencia tendrían algo que mostrar.

Se ve que a Oddone la idea no le pareció buena, como no le pareció buena la de Munyo ni la del 1 % de impuesto al 1 % más rico. No le gustan las ideas de otros, unas porque significan gasto y otras porque no le gusta recaudar más. Solo lo atrae la inversión extranjera, que está muy buena pero es la que a los frenteamplistas menos gusta.

La cifra a invertir debería ser sustancial para marcar una diferencia que ayude a vencer la inercia. Ya no hay tiempo para gatopardismos destinados a calmar un poco la calentura. Hay que hacerlo con intensidad, convicción y profesionalismo, tampoco tirando trompadas al aire.

Le propongo un fondo de 4 mil millones de dólares, capitalizado con mil millones anuales de aquí al 2029.

Pero para tranquilidad de la claque del MEF, debemos cuidar la sostenibilidad de la deuda, ya que la idea no es conducir al país a un default del 2002. Más bien todo lo contrario, creemos que la ruta actual es el camino probable hacia una situación parecida, y queremos dar un volantazo. Yamandú puede hacerlo. Qué pasaría si hacemos esta ¡locura!

Redondeemos para arriba el PBI en 100 mil millones de dólares a efectos de simplificar los cálculos. De modo que mil millones de dólares por año aumentaría el déficit fiscal temporalmente en 1 % sobre el PBI por cuatro años seguidos. Ahora supongamos el peor de los casos que uno pueda imaginar. Que los 4 mil millones son todos mal invertidos, que el multiplicador del gasto es 0, que nada de lo que se gasta retorna al fisco como aumento de recaudación, por lo que todo queda enteramente como aumento de deuda. Si hoy la deuda representa 60 % del PBI, en ese escenario este “ejercicio” fútil resultaría en un aumento al 64 %, algo que no parecería ser tan alarmante para el Uruguay.

Pero si empezamos a ponerle números reales al ejercicio, la cosa cambia sustancialmente. Pensemos que al menos un cuarto de esa inversión regrese al fisco como recaudación. Ya estaríamos bajando del 1 % al 0.75 % del PBI.

A eso agreguémosle el efecto sobre la mejora en la seguridad, ahorrándonos otro cuarto del PBI en la enésima compra de cámaras, fusiles, camionetas, pistolas, carros lanza-agua, etc. Todos productos importados que poco contribuyen al PBI y a la producción nacional.

Con esto llegaríamos a un aumento neto del déficit de 0.5% anual por cuatro años, lo que implicaría un aumento acumulado de la deuda de 2 puntos del PBI. Si vamos ahora al ratio de deuda, eso implicaría que el numerador del mismo subiría a solo 62, en lugar del 64% del caso “irresponsable”.

Enfoquémonos ahora en lo que ocurriría con el denominador del ratio deuda/PBI. Como mínimo, el aumento del déficit debería traducirse en un aumento uno a uno en el PBI -de vuelta, asumimos que el incremento del presupuesto no va a parar al bolsillo de los importadores. Esto quiere decir que todo lo demás igual, al final del periodo de 4 años el PBI pasaría a ser 101 (el efecto sobre el PBI del salto de gasto se produce el primer año y no es acumulativo).

Combinando ambos efectos, el nuevo ratio de deuda PBI sería de 61.4% (62 dividido 101), solo 1,3% por encima del punto de partida.

Que me perdonen los economistas formados académicamente por la torpe aritmética mía, que acaso si puedo manejar con dificultad una pyme. Seguramente estoy omitiendo una cantidad de factores, y mucho me gustaría que desde el MEF ayudaran a desasnarme de cuál es la razón por la que esto que hacen Europa, Estados Unidos, Brasil, China, Japón, México, Brasil y prácticamente todo el mundo sería una locura para el pequeño Uruguay.

El manejo de la economía no es para timoratos. De Gaulle dijo alguna vez que los asuntos de la guerra son demasiado importantes como para dejarlos en manos de los generales. Se podría aplicar lo mismo para los economistas. Los problemas que se le presentan enfrente a un ministro son más de economía política que de política económica, que no es lo mismo. Tal es así que de los 4 ministros más renombrados en los últimos 50 años (Végh, Posadas, Atchugarry y Astori), ninguno era economista.

Si no logramos explicar con argumentos a los acreedores que estas inversiones son fundamentales para conservar ese Uruguay en el que decidieran invertir, si Oddone no se anima a emprender ese camino, quizás sea el momento de dejarle el lugar a alguien con un poco más de arrojo.

Y así como en el 2002 Atchugarry encabezó un equipo que se animó a enfrentar al FMI que nos quería convertir en Argentina y cambiar la pisada, hoy hay gente en Uruguay capacitada para intentar algo parecido antes de que nos llegue el agua al cuello y tengamos que entregar UTE o Antel.

Estoy seguro de que en el FA hay compañeros aburridos de pedir infructuosamente dialogar, conversar, intercambiar ideas, pero que tienen la voluntad de emprender este camino, que no es más que hacer realidad al menos un poco de lo que prometimos.

La causa nacional no permite más dilaciones, tertulias y búsqueda de consensos vacíos de contenido. Estamos a tiempo, pero como Franklin Roosevelt, si no hacemos algo diferente, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados mediocres que venimos sufriendo hasta ahora.

Al fondo le podríamos llamar “Madre Patria”, quizás “MATRIA”, para que sea patriótico, inclusivo, acogedor, generoso, y para recordarle al sistema político lo que nos estamos jugando.