Lula a Lacalle: «¿sin rencores?»

Subidos al Corcovado

Durante varios años -por lo menos desde 2005- la oposición a los gobiernos de izquierda en Uruguay utilizó militantemente todo lo que ocurría en el exterior (Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil) para armar una narrativa que tenía dos ejes: a favor de la libertad y en contra de la corrupción. Esa narrativa fue promovida por actores relevantes de la oposición y por comunicadores influyentes como Orlando Petinatti e Ignacio Álvarez.Claro: existían pretextos reales para esa ofensiva: los gobiernos brasileños estaban conmovidos por casos de corrupción que sacudieron los propios cimientos del lulismo y sabido es que Lula posee en Uruguay muchos amigos y una gran solidaridad. Su vigoroso ascenso en Brasil, la región y el mundo era un peligro para las derechas regionales y había que detenerlo a toda costa y erosionar su credibilidad y la de quienes lo defendían. Los escándalos de corrupción en el primer gobierno de Lula comenzaron con una operación que dio en llamarse “Mensalao” (“escándalo de las mensualidades”), en 2005. El tesorero del Partido de los Trabajadores (PT, de Lula), Delúbio Soares, pagaba jugosas mensualidades a diputados del PTB para que votaran según la orientación del bloque oficialista. El escándalo tuvo múltiples ramificaciones e involucró no solo a dirigentes históricos del PT, sino varios niveles del Ejecutivo federal y se extendió a todos los grandes partidos. Sin embargo, Lula logró salir airoso de esta crisis y su partido aceptó formalmente que fuera su candidato en busca de la reelección. Y Lula ganó de vuelta.La ofensiva conservadora -con aliados en la justicia- no se detuvo. Así comenzó a aplicarse -no solo en Brasil- el término “lawfare”, que significa la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra. La derecha ya no golpeaba la puerta de los cuarteles (aunque ahora lo hace de nuevo en Brasil porque no le alcanzó con las operaciones mediáticas y judiciales). Lula tenía un conjunto de regimientos en su contra. Las grandes corporaciones mediáticas junto a jueces venales -como el juez Sérgio Moro, que es un capítulo aparte- crearon un vigoroso relato que incluso llevó a que Netflix se detuviera en el caso y realizara una película. Todo servía. Y en Uruguay el coro no se detenía.Un día sí y otro también, voceros conservadores y sus adláteres mediáticos cercaban a la izquierda con sus mensajes. Había poco espacio para la respuesta y la reacción desde la izquierda. De nada alcanzó que un día el juez Sérgio Moro llevara a una audiencia pública a Lula y el expresidente le preguntara tres veces: “¿Dónde está el título del apartamento cuya propiedad usted me adjudica? Muéstremelo”. Moro nunca mostró ese título porque no existía. Sin embargo, los medios multiplicaban las imágenes de un apartamento que se le adjudicaba a Lula como pago de sobornos.Uruguay era una fiesta. Incluso se buscó hasta el cansancio algún tipo de vínculo non sancto entre los gobiernos de izquierda y las constructoras Odebrecht y OAS que empapelaron con sobornos a la mayoría de los gobiernos de América Latina (sus responsables, todos, fueron a parar a la cárcel. Hubo arrepentidos que con tal de bajar la pena que le adjudicaban, acusaron a un pueblo, incluyendo a exjerarcas uruguayos, pero era una operación para sacar la pata del lazo). El 4 de marzo de 2016, Lula fue arrestado y su casa fue allanada en una causa que investigaba a la empresa Petrobras por corrupción. Esto ocurrió en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato, liderada por el juez Moro, y se relacionaba con sobornos a políticos y empresarios usando recursos de la empresa Petrobras. Según los acusadores, Lula habría recibido 8 millones de dólares entre pagos por conferencias, viajes y regalos. Lula negó esas imputaciones y sobre el proceso declaró: "Me sentí un prisionero en mi país".Dilma Rousseff es elegida presidenta e inmediatamente se construyó la misma operación mediática y judicial y en 2016 Dilma es destituida. Lula fue detenido en 2017 y no pudo participar de las elecciones en las cuales ganó Bolsonaro.El 10 de junio de 2019 se conoció a través de una extensa investigación de la revista The Intercept la filtración de documentos, conversaciones e intercambio de opiniones entre el exjuez Sergio Moro (a quien el presidente Jair Bolsonaro premió nombrándolo ministro de Justicia) y los fiscales de las causas que se le armaron a Lula. En esas conversaciones, Moro ordenó a los fiscales que encarcelaran a Lula Da Silva mediante su incriminación en el escándalo Lava Jato. El 3 de julio de 2019, la Justicia de Brasil declaró inocente por unanimidad a Lula en una de las diez causas que se armaron en su contra. Este fallo contribuye al desmoronamiento de la “operación Lava Jato”. El 7 de noviembre de 2019, la Corte Suprema de Brasil decidió que el encarcelamiento de Lula da Silva -condenado solamente en segunda instancia por el juez Sergio Moro- había sido inconstitucional. La Corte dio la orden de liberar a Lula da Silva inmediatamente. El 18 de mayo de 2020, la Justicia brasileña declaró inocente a Lula da Silva en este caso, y afirmó que las denuncias del en ese momento fiscal Sergio Moro deberían haber presentado alguna prueba sólida que las avalara. “El fallo es pedagógico ante una acusación absurda y amontonada de suposiciones”, declaró el abogado de Lula.Pero la cancha estaba embarrada; el pelotón de fusilamiento de Lula estuvo activo durante muchos años (hasta hace poco: Gerardo Sotelo, director de medios públicos de este gobierno, escribió en un tuit que Lula era un “corrupto”. Lo hizo el mismo día que Lula había ganado la última elección).

Los uruguayos corruptos

Pese a la búsqueda de la derecha en Uruguay, no se encontró a ningún corrupto de izquierda que estuviera mínimamente ligado a los actos de corrupción comprobados o supuestos encontrados en Brasil. Pero, hete aquí la sorpresa: la justicia panameña encontró uruguayos corruptos y no eran de izquierda. En un documento, al que accedió a la publicación “La Diaria” (https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2022/11/la-participacion-de-los-uruguayos-en-el-caso-odebrecht/) la justicia panameña logró probar que el Grupo Odebrecht utilizaba el soborno frente a diferentes gobiernos como forma de asegurarse ser contratada para la realización de obras públicas y ofrecía coimas a funcionarios públicos para asegurarse de cobrar las obras, “realizadas o no”. La investigación probó que Odebrecht creó un área llamada Departamento de Operaciones Estructuradas para pagar esos sobornos y coimas a través de sociedades offshore con las que beneficiaba a los funcionarios y a sus testaferros. Y allí aparecieron los uruguayos Maya Cikurel (pareja del actual ministro de Educación y Cultura de Uruguay), Franciso Mutio y Andrés Sanguinetti. Todos fueron llevados a juicio por blanqueo de capitales (Sanguinetti falleció hace pocos meses). A estos tres operadores nada les importó que Odebrecht fue promovida durante gobiernos de izquierda. La guita no tiene patria ni ideología.

En Brasil, también se encontraron rastros de operaciones de colaboración del estudio Posadas con empresas que facilitaban las acciones de corrupción y blanqueo de dinero.

“Semo’ todos amigos”

Después que envenenaste o colaboraste con el envenenamiento, no es fácil la voltereta. Pero igual se hizo. Utilizó a José Mujica (y a Julio María Sanguinetti) para dar un giro y sacudirse el caso Astesiano de la espalda. El presidente Lacalle invitó a dos expresidentes (raro que no haya invitado a su padre, otro expresidente) y viajó a saludar a Lula e invitarlo a visitar Uruguay. Uruguay amaneció tranquilo: una muestra clara de republicanismo, democracia y tolerancia. En Brasilia las breves conversaciones fueron fluidas. Al estrechar la mano de Lacalle, Lula le dijo: “¿Sin rencores?”. Lacalle respondió: “Sin rencores” y allí mismo se selló la próxima visita a Uruguay del presidente barbudo, metalúrgico, que le falta un dedo y que debió enfrentar (debe) intentos de desestabilización. Esta vez Lula cuenta con el apoyo de Lacalle.