Perú: una crisis que anuncia más crisis

Lima parece tranquila a primera vista. La Plaza Mayor en el centro colonial está con adornos navideños, la peatonal de Jirón de la Unión está abarrotada, con negocios abiertos, venta callejera, huaynos y cumbias. Una imagen de calma, hasta que se llega a la plaza San Martín, que se encuentra cerrada en todas sus entradas por un primer cordón policial y luego otro del Ejército. La imagen de uniformados con armas largas se repite en varios sitios de la ciudad, como el Palacio de Justicia frente al Paseo de los Héroes, o la entrada al aeropuerto internacional.

La militarización se ha vuelto una imagen habitual desde 14 de diciembre, cuando el gobierno bajo presidencia de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia. El anuncio del despliegue de las Fuerzas Armadas ocurrió cuando las protestas estaban en ascenso en el país, en particular en el centro y sur del país, producto del rechazo a Boluarte, calificada de “usurpadora”, el pedido de cierre del Congreso, la demanda de adelanto de elecciones generales y de libertad a Pedro Castillo.

El resultado del despliegue militar fue una escalada represiva con balas de plomo. Uno de los hechos críticos ocurrió en Ayacucho, donde 10 personas resultaron asesinadas, con acusaciones hacia las Fuerzas Armadas por los disparos efectuados directamente al cuerpo de manifestantes o personas que simplemente pasaban por la zona. El Ministerio Público de Ayacucho abrió una investigación preliminar por los hechos contra el general Antero Mejía, de la Policía, y el general Jesús Amarildo Vera Ipenza, del Ejército. El saldo total de muertos conocido hasta ahora es de 27, aunque algunos afirman que podrían ser más.

“No solamente son 27 muertos, lo que la prensa no dice es que hay más, tenemos secuestrados, torturados, desaparecidos, nosotros vamos a recuperar nuestra patria, no vamos a permitir más atropellos contra nuestra gente”, dijo, por ejemplo, una señora desde Puno, a orillas del lago Titicaca, al finalizar una reunión el martes 27 de diciembre en la cual se acordó retomar la huelga indefinida a partir de principio de enero. Son varias las organizaciones que anuncian que regresarán a las calles y carreteras en unos pocos días.

El día crítico

¿Por qué Castillo decidió disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre? Existen aún especulaciones al respecto. Faltaban entonces pocas horas para que el Legislativo votara para buscar, por tercera vez, vacarlo, es decir destituirlo. El hecho da cuenta de lo que fue el año y cinco meses en que estuvo frente a la presidencia, asediado por los sectores de derecha que plantearon desde la hora cero que no lo dejarían gobernar y buscarían quitarlo del Palacio de Gobierno por todos los medios: Legislativo, Judicial, callejero.

“Cuando a conocí a Pedro Castillo en Perú (…) cuando entré al Palacio, él entró, tenemos una oportunidad de hablar y yo lo noté inmediatamente perturbado, una persona nerviosa, él me contó ‘hace unas horas vienen de allanar el Palacio para coger presa a mi esposa y a mi hija’ (…) ¿quién desataba eso?, pues la oligarquía peruana, esa era su manera de acorralar al presidente, cualquiera sea la valoración que tengamos del presidente, que a mí no corresponde hacerla”, explicó días atrás el presidente colombiano Gustavo Petro. El viaje a Perú había ocurrido poco antes del 7 de diciembre.

“Cómo un parlamento muy poco popular, por muchas razones, empieza a hacer una ofensiva para acorralar a un presidente para tumbarlo, eso se llama un golpe parlamentario”, agregó Petro, para explicar lo que tuvo que enfrentar Castillo a quien calificó de “víctima”. Tanto Petro, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes a su vez firmaron un comunicado con Argentina y Bolivia, centraron su análisis y posición política en resaltar que el centro de lo ocurrido en Perú había sido el intento golpista contra Castillo, finalmente materializado ese mismo 7 de diciembre, dos horas después de que el expresidente leyera el anuncio de disolución del Congreso.

El hecho de que Castillo haya sido víctima de un golpe parlamentario que finalmente logró su cometido no significa que las medidas anunciadas el 7 hayan estado en el marco de lo que permite la Constitución. Esa decisión pareció expresar una desesperación ante una probable destitución que estaba por consumarse en forma de vacancia, o de la recientemente aprobada figura de “suspensión”, para la cual el Congreso requería menos votos. Un presidente acorralado, tal vez agotado, que decidió intentar la última carta desesperada con el apoyo que se suponía debía estar y no estuvieron, como en el caso, se dice, de las Fuerzas Armadas.

Dina Balearte

Boluarte fue rápidamente apodada como Balearte en vista de la escalada represiva que comenzó a poco de haberse puesto la banda presidencial rojiblanca en el recinto del Congreso. La exvicepresidenta de Castillo, devenida presidenta ese mismo 7 de diciembre, quedó frente a un país en crisis y acusada por los sectores movilizados de haber sido parte de la trama golpista contra Castillo. Él mismo, desde su lugar de detención y ahora condenado a 18 meses de prisión preventiva, la acusó de “usurpadora” y afirmó seguir siendo el presidente peruano.

Los números de la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) sobre Boluarte dan cuenta de su desaprobación: en la región macrosur el 84% está en desacuerdo con que haya asumido la presidencia, en la región centro 79%, 71% en la del norte, 65% en el oriente, y 61% en Lima. Su rechazo es, a su vez, parte de la crisis transversal de las instituciones y política del país: el Congreso contaba a fines de noviembre con 86% de rechazo, y, a partir de los hechos del 7 de diciembre, el 83% de la población está a favor de que se adelanten las elecciones generales, es decir del Ejecutivo y Legislativo.

La demanda de adelanto de elecciones fue aprobada por el Congreso que, el 20 de diciembre, votó por convocarlas para el mes de abril de 2024, como había a su vez solicitado Boluarte. No era la única iniciativa: otra proponía realizarlas en diciembre de 2023 y, una más, de las fuerzas progresistas, planteaba la urgencia de realizarlas en abril del 2023 en vista de la magnitud de la crisis. En efecto, abril de 2024 con cambio de mando en julio de ese año, aparece como muy lejano ante el actual escenario: un año y medio, el mismo tiempo que Castillo logró permanecer en la presidencia.

Ese tiempo aparece a su vez como una oportunidad para que fuerzas políticas de derecha avancen con su plan de “reformas constitucionales” en el Legislativo, como el regreso a un Congreso bicameral y la reelección inmediata de los parlamentarios, ambas propuestas rechazadas con 90,5% y 85,8% de votos en un plebiscito de 2018. No es lo único: también buscan modificar el artículo 117 de la Constitución para poder vacar al presidente en ejercicio por corrupción, algo que actualmente no figura, aunque Martín Vizcarra haya sido vacado en 2020 bajo esa acusación -puesta luego bajo la figura de “incapacidad moral permanente”-, lo cual llevó a amplios sectores a denunciar un golpe de Estado.

El problema de fondo

La crisis peruana es política, institucional, de desigualdad neoliberal, profunda. Castillo fue un emergente de esa crisis: un outsider del interior del país pobre, campesino, maestro y dirigente sindical, que conectó las demandas de cambios. Una de esas demandas, la cual se hizo promesa de su campaña bajo la consigna de “refundación”, fue cambiar la Constitución vigente, redactada en 1993 bajo Alberto Fujimori. Esa bandera de campaña quedó durante su gobierno sin posibilidad de ser llevada adelante, en otras razones, por el mismo Congreso que lo impidió.

Castillo, durante el discurso del 7 de diciembre, anunció justamente que convocaría “en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución”. También llamó a las organizaciones, sociales, rondas campesinas, a respaldarlo en su decisión que sorprendió a todo el país. Su apuesta, se infiere, era contar con el respaldo popular en vista de la impopularidad del Congreso y el anuncio de un intento constituyente. Según la encuesta del IEP, 44% de la población aprobó su última jugada.

Ese apoyo a Castillo, rechazo al Congreso, a Boluarte, pedido de elecciones, se hizo visible en las calles y rutas con el correr de los días: fueron cortadas decenas de carreteras y tomados varios aeropuertos, como el de Cusco, Ayacucho y Andahualayas, entre otras acciones de protestas. Una división, sin embargo, atravesó las diferentes manifestaciones: pedir la liberación de Castillo y denunciar su detención o no. La respuesta negativa se manifestó centralmente en Lima, en sectores de izquierda, mientas que el respaldo a Castillo se hizo notorio en las provincias, donde la identificación con el antiguo dirigente sindical fue grande desde que este apareció en su campaña presidencial.

El descenso de las protestas entre navidad y año nuevo parece un paréntesis que anuncia el pronto retorno de movilizaciones en las provincias y tal vez en Lima. Así se escucha en el mapa fragmentado de organizaciones sociales, campesinas, que vieron en lo que denuncian como golpe a Castillo un ataque a ellos mismos, a la posibilidad de que una persona del país invisibilizado pueda gobernar. ¿Cuál será la respuesta de Boluarte? ¿Cuál es el poder real que maneja la actual presidenta sin bancada propia, partido político ni respaldo social? El gobierno real no parece estar en estos momentos en el Ejecutivo, sino en una alianza entre la derecha en el Congreso, las Fuerzas Armadas, y parte del poder Judicial, con respaldo estadounidense.