Se les hunde el piso a los blancos

En el listado hay personas de diferente pelo y color; frenteamplistas, blancos, colorados y funcionarios que no tienen participación política. Si solo fueran frenteamplistas, criticarían el favoritismo; pero están dolidos porque, ante los múltiples hechos de corrupción de este gobierno, en la derecha está comenzando la desbandada.

¿Es excesiva la cantidad de funcionarios contratados? Veamos. Canelones está municipalizado al 100 %; tiene 80 centros poblados y más de 30 municipios. Cada municipio nuevo (establecido por ley de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada lugar) requiere más oficinas, vehículos, servicios y personal. Canelones, con cerca de 600.000 habitantes, es el segundo departamento en cantidad de pobladores; sin embargo, el Frente Amplio heredó, en 2005, 5.500 funcionarios municipales y ahora tiene 4.563, solo 104 más que en 2014. O sea que hoy la IMC, con más población y servicios, tiene casi 1.000 funcionarios menos.

Esta Intendencia es la tercera del país con menos designaciones directas y la segunda en cantidad de funcionarios municipales de acuerdo con la población. Los cargos de confianza no son 400, como ha dicho Lereté, sino menos de 60, y la tercera parte son funcionarios de carrera, lo cual implica un importante ahorro. A diferencia de lo que ocurre en las intendencias blancas, donde suelen dejar como funcionarios presupuestados a los que ingresan como cargos de confianza, cuando Orsi se vaya, los por él nombrados también se irán y no quedarán engrosando la plantilla de funcionarios municipales compitiendo de manera injusta con los de carrera y aumentando el presupuesto.

En cuanto al uso de los dineros municipales, es indiscutible la mejora que ha tenido Canelones en lo referente a servicios. Aun así, en 2013 la Intendencia tenía una deuda de 130 millones de dólares (equivalentes a tres presupuestos anuales) y hoy la deuda equivale a dos tercios de un solo presupuesto anual.

Gracias al fideicomiso (rechazado por el diputado Lereté) a mediados de mes se inauguraron las obras en el municipio de Paso Carrasco, las cuales incluyen la pavimentación de 10 kilómetros de calles, limpieza y conformación de cunetas y badenes de hormigón al norte de la Av. Wilson Ferreira Aldunate.

A la hora de hacer obras o eventos, los municipios son beneficiados sin tomar en cuenta la filiación política del alcalde. Solo a modo de ejemplo, podemos citar la remodelación de la plaza del Sauce (donde el alcalde es Rubens Ottonello, del Partido Nacional) y la Fiesta de la Chacra en San Jacinto (donde el alcalde Cristian Ferraro también es blanco), a la cual se estima que concurrirán entre 50.000 y 80.000 personas. El evento se realizará los días 30 de setiembre y 1° de octubre. Orsi fue quien, como intendente, casó a Ferraro en febrero, detalle que habla bien de una convivencia política civilizada.

Se podría modificar la Constitución de la República y limitar a los intendentes la cantidad de cargos de confianza y designaciones directas. Me parecería excelente y sería el primero en aprobar la iniciativa; pero dudo mucho que los blancos aprueben algo así, ya que toda la vida han hecho política (y Lereté lo sabe más que nadie) usando el dedazo, el tarjetazo, el amiguismo y el acomodo. De hecho, el Frente Amplio ha propuesto mil veces que los ingresos a la administración pública sean por concurso y sorteo; pero los blancos se han opuesto.

Cuando los diputados Gonzalo Mujica y Darío Pérez se fueron del Frente Amplio, nadie acusó al Partido Nacional de comprarlos con cargos (cosa que ambos tienen en dicho partido). ¿Por qué pensar que se fueron por interés económico y no por afinidad ideológica cuando ambos, en reiteradas oportunidades, mostraron posturas conservadoras? ¡Ah!, pero si un blanco o colorado se pasa a la izquierda, es porque lo compran. Así como el ladrón juzga a los demás de acuerdo con su condición, los que siempre usaron el clientelismo político lo ven todo desde esa lógica. Su condición los limita y sus acusaciones los delatan.

¿Devolución de favores?

Es diferente cuando un magistrado le saca las castañas del fuego a un partido político y luego termina militando en el mismo. Las suspicacias son inevitables.

En el año 2005, el juez Federico Álvarez Petraglia recibió en Maldonado un expediente enviado desde Montevideo por la fiscal Olga Carballo con una denuncia sobre enriquecimiento ilícito de Enrique Antía y varios exjerarcas municipales. El juez renunció y fue sustituido por Adriana Graziuso, la cual ordenó el archivo del expediente. Unos años después la jueza renunció al Poder Judicial y fue nombrada por el intendente Enrique Antía como directora de Jurídica-Notarial en la Intendencia de Maldonado.

Se hace difícil no comparar esto con lo sucedido en Brasil, cuando el juez Sergio Moro armó una trama para condenar a Lula en 2017, a nueve años y seis meses de prisión. Como premio por haber quitado del medio al líder político, Jair Bolsonaro lo llamó en 2018 para darle el cargo de ministro de Justicia. Sin embargo, el tiempo puso las cosas en su lugar; las condenas contra Luiz Inácio Lula da Silva quedaron anuladas tras descubrirse la colusión del juez Moro con el equipo de fiscales. Actualmente, Moro es abogado en una empresa estadounidense (siempre caen parados), Bolsonaro está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el año 2030 y Lula es, nuevamente, presidente de Brasil.

¿Terminará la exfiscal Fossati en una lista del Partido Nacional luego de haber oficiado de abogada defensora del presidente en el caso Torre Ejecutiva? Sería escandaloso.

Los reyes del clientelismo acusando

Yamandú Orsi y Carolina Cosse tienen actualmente, según las encuestas, un empate técnico para las internas; pero todas las encuestadoras, incluso aquellas que siempre han sido sospechosamente generosas con la derecha, dan ganando al Frente Amplio contra todas las fuerzas conservadoras sumadas. Es lógico que se incrementen en los siguientes meses las acusaciones contra ambos.

El odio de los blancos hacia Carolina crece. La Suprema Corte de Justicia ha fallado por unanimidad respaldando a la Intendencia de Montevideo y condenando al Partido Nacional a pagar una multa de 300.000 dólares por no retirar la cartelería política de la vía pública.

Los blancos tienen dificultades para cumplir con la ley. El senador suplente Sebastián Da Silva se niega a respetar los límites de velocidad en la ruta y el senador Juan Sartori se niega a presentar la declaración jurada de los bienes de su esposa. Hay que entenderlo. Si lo hace, el ruso (su suegro) lo mata a palos.

Mal mes no solo para los blancos, también para sus cortesanos. El diputado colorado Omar Estévez fue condenado a pagar $400.000 como indemnización a un trabajador al que tenía en negro en su chacra de Salto.

Tras el escándalo de la Comisión Técnica Mixta, el diputado Lereté me dijo (durante una discusión en el programa “Esta Boca es Mía”, de Canal 12), que Albisu pagó con lo más caro, su renuncia. No pude contestarle por cuestión de tiempo, pero aquello parecía un chiste, ya que dejaron en su lugar a Martín Burutarán Panissa, su socio en la empresa Vesta Asociados SRL, y uno de los treinta correligionarios acomodados a dedo. Burutarán, era edil de la Junta Departamental de Salto por la lista 404 del sector Aire Fresco, del Partido Nacional, la misma lista de Albisu. Además, todos los acomodados de manera irregular continúan en sus puestos y, por medio de un cambio de estatuto, pasaron a ser funcionarios de planta. Más de 10 eran ediles de la lista 404.

En la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se han descubierto 43 ingresos a dedo, también figurando entre los beneficiarios ediles de Alianza Nacional y familiares directos de legisladores blancos. Sería bueno darse una vueltita por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), por si las moscas… Recordemos que, en junio de 2020, Ernesto Talvi exigió por escrito informes a las nuevas autoridades de la CARU, la CARP y la CTMSG, señalando que estas comisiones binacionales manejan un presupuesto superior al de toda la Cancillería.

"Por transparencia y respeto a los contribuyentes, hoy pedimos a las nuevas autoridades informe exhaustivo de ingresos, uso de recursos y situación patrimonial", agregó desde Twitter. "Se solicitó, entre otros: número de funcionarios (permanentes, asesores, contratados), forma de ingreso (concurso o contratación directa), remuneraciones y beneficios, contratos con empresas de servicios tercerizados y licitaciones para la realización de inversiones".

Por los mismos días, dijo una fuente de Cancillería que Talvi recibió una lista de unas 50 personas para acomodar a dedo y la rompió en varios pedazos.

Luego de semejantes osadías, Lacalle Pou aceleró su “renuncia” (1° de julio de 2020) y dijo que Talvi se fue porque “no terminó de comprender el sistema político y la acción política”.

Y sí, Ernesto. No comprendiste el juego en el que los blancos son maestros…

Te felicito públicamente.

Te ganaste todo mi respeto.