Secundaria desmantela el IAVA

No sólo se trata de un castigo ejemplarizante contra una comunidad educativa díscola y refractaria a la represión, sino también de un intento de desmantelar la actividad sindical, tanto de docentes como de estudiantes.

La también impresentable directora general del organismo, Jenifer Cherro, explicó que la medida está originada en la necesidad de redistribuir a los estudiantes en otros centros educativos céntricos y en la supuesta baja tasa de promoción que, según la jerarca, es la peor del país.

Se trata, naturalmente, de argumentos burdos y baladíes y de un relato indigerible, que encumbre la real motivación: abortar la movilización gremial, que se ha transformado en un molesto contratiempo para las autoridades.

La DGES decidió eliminar todos los grupos de cuarto año y el bachillerato humanístico de quinto año, lo cual supone una disminución del 43 % de los cupos educativos. Al respecto, cabe acotar que el IAVA cuenta actualmente con 45 grupos de 4º, 5º y 6º años y, luego del recorte, quedarán apenas 26. En total se perderán nada menos que 19. Realmente, se trata de una suerte de grosero vaciamiento.

De acuerdo a lo programado por Secundaria para 2024, año en el cual entrará en vigencia la denominada “transformación” educativa en el primer nivel del bachillerato, el liceo se quedará sin ocho grupos de cuarto año y sin la orientación humanística de quinto año, que es la opción más requerida por los educandos, la cual incluye, entre otras asignaturas, Ciencias Sociales, Historia, Filosofía y Literatura.

Estas son precisamente las disciplinas que propenden a la educación integral del individuo como tal y a la formación de ciudadanos libres, autónomos y con sentido crítico. ¿Hay una aviesa intención ideológica detrás de esta decisión? La pregunta se responde sola.

A esa aviesa amputación de derechos se suma también la decisión de la DGES de quitar el proyecto destinado a estudiantes sordos del IAVA –donde funciona desde hace 26 años– y trasladarlo al liceo 27, un centro para estudiantes adultos y de extraedad, sin experiencia previa en el trabajo con adolescentes que padecen discapacidad auditiva.

Esa situación conculcará la libertad de centenares de estudiantes de concurrir a ese prestigioso centro educativo ubicado en pleno centro de Montevideo y, por ende, con total accesibilidad y los condenará a buscar un nuevo destino en otro establecimiento. Lo mismo sucederá con los docentes, muchos de los cuales deberán elegir horas en otros centros, perdiendo su sentido de pertenencia.

Otro aspecto no menor es la categoría del liceo. En efecto, mientras FENAPES, el sindicato que nuclea a los profesores de Secundaria, afirma que el IAVA por la merma de matrícula perderá su condición de primera categoría, la directora de la DGES afirma que esto no será así. ¿Cómo creerle a Jenifer Cherro, que integra un gobierno que ha hecho de la mentira una suerte de dogma? Incluso, sus explicaciones, que más que explicaciones suenan a pretextos, no resultan para nada convincentes.

Esta suerte de vendetta contra el centro educativo secundario más emblemático es la continuación de una ofensiva iniciada en abril pasado, cuando las autoridades de Secundaria, naturalmente con el aval del Consejo Directivo Central de la ANEP, dispuso la instrucción de un sumario con separación del cargo al director del IAVA, Leonardo Ruidíaz.

Pese a que la División Jurídica del organismo no encontró méritos para sancionar al jerarca, y luego de haber transcurrido más de seis meses este debería ser reintegrado y percibir el total de sus haberes, el organismo dirigido por Jenifer Cherro perpetró una nueva ilegalidad no exenta de arbitrariedad.

En efecto, alegando razones de inconveniencia, la DGES –que fue creada por la LUC en una grosera violación al artículo 202 de la Constitución de la República– dispuso el traslado del docente al Departamento de Documentación Estudiantil, una dependencia que cumple un rol meramente administrativo, que nada tiene que ver con la actividad que, por su formación académica, despliega el jerarca.

La resolución, que es una suerte de castigo, es improcedente ya que, de acuerdo a la normativa vigente, al no haber elementos que puedan configurar faltas graves que ameriten una medida punitiva mayor, el removido educador debió ser reintegrado a su cargo jerárquico en el IAVA sin más trámite, en la medida que ya transcurrió el plazo legal del sumario, que es de seis meses.

Aunque desde la cúpula del organismo se alega que la presencia de Ruidíaz puede entorpecer una investigación interna que está en curso, lo cierto es que Secundaria vulnera –inmoralmente– los derechos del sancionado y lo relega a un rol meramente decorativo, en una oficina que desempeña funciones que ninguna relación tienen con su rol de gestión educativa.

Lo concreto es que el sumario, en cuyo marco Ruidíaz fue desplazado, aún no culminó, pese a que la normativa vigente establece, a texto expreso, que este acto jurídico-administrativo debería sustanciarse en un plazo máximo de seis meses, al término del cual la División Jurídica debe informar acerca de lo actuado a las autoridades que, en este caso, debieron reintegrar al jerarca a su puesto de trabajo original.

Como se recordará, Leonardo Ruidíaz fue separado de su cargo en el marco del conflicto derivado del desalojo del salón gremial por parte de las autoridades. Al respecto, se acusó al docente de haber apoyado el reclamo de los jóvenes y, en ese marco, de incurrir en un virtual “desacato” y de desestimar las órdenes impartidas por el unipersonal órgano cupular.

Lo cierto es que el recinto –que había sido otorgado a los jóvenes en usufructo en 2009 durante el primer gobierno del Frente Amplio– fue clausurado definitivamente, por lo cual, de ahora en más, los alumnos no dispondrán de un espacio para el desarrollo de sus actividades gremiales.

Obviamente, el IAVA sigue intervenido por inspectores y, según testimonios del colectivo docente, la conducción tiene una impronta autoritaria, acorde al talante de las jerarquías de la ANEP, que, en lugar de negociar, reprimen.

En ese marco, la mentada investigación está centrada en una decena de docentes –que causalmente y no casualmente son sindicalizados– y han apoyado recurrentemente las movilizaciones y la plataforma reivindicativa de los estudiantes.

También en este caso, la Dirección General de Educación Secundaria, organismo creado por la LUC que –por más que haya pasado inadvertido es inconstitucional– actúa en forma arbitraria e ilegal, persiguiendo a los educadores y violando su legítimo derecho a desempeñar sus actividades sindicales sin cortapisas, acorde a lo que establece nuestra Carta Magna. ¿Acaso tienen nostalgia de los tiempos más oscuros de nuestra historia?

Por supuesto, luego de sucesivas ocupaciones y desalojos del local liceal, la prometida apertura de instancias de diálogo entre los estudiantes del IAVA y el CODICEN jamás se concretó, ya que la representación oficialista no concurrió a la primera reunión programada arguyendo no haber sido notificada. Luego, al siguiente encuentro, comparecieron únicamente representantes legales del organismo, sin potestades para negociar.

Naturalmente, hay una manifiesta intención de abortar la resistencia de la comunidad educativa y de desarmar el núcleo sindical de base de los docentes, ya que la eliminación de grupos originará el masivo traslado de educadores a otros liceos. Se trata de una maniobra tan burda como represiva.