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Columnas de opinión | Gobierno | Marset |

Circo mediático

Una bochornosa opereta para exculpar al Gobierno

Si el presidente Luis Lacalle Pou es citado por la Fiscalía a declarar en calidad de indagado, ya tiene dos abogados defensores: Sebastián Marset e Ignacio Álvarez.

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“Lo del pasaporte fue una cagada”, afirmó el narco Sebastián Marset en un rapto de sinceramiento que parece haber pasado inadvertido para quienes editaron la entrevista que le realizó la periodista Patricia Martín, en el marco de la puesta en escena armada por Ignacio Álvarez, en su programa televisivo Santo y Seña. Esta aseveración, que en el decurso del relato quedó casi en el limbo, no coincide con la opinión del delincuente en torno a la presunta legalidad del documento.

Lo que observamos en la noche del pasado domingo es un producto para la mera digestión de los ingenuos, los desinformados o los obtusos, pero no para quienes tenemos experiencia en el oficio periodístico.

Confieso que, en los días previos, lucubré múltiples hipótesis, pero jamás cuestioné la opción por entrevistar a un hampón peligroso, que tiene tanto derecho como cualquier persona a expresarse.

Empero, la expectativa que me generó la opereta de Ignacio Álvarez, que es bien conocido por su vergonzosa obsecuencia con el Gobierno y con la derecha, se disipó no bien comenzó el programa, que tuvo mucho de circo mediático e incluyó hasta la música que le apasiona al mafioso.

Si bien la voz de Marset tenía un sonido algo distorsionado que podría inducir a especular que no se trataba realmente del narcotraficante, esa posibilidad la descarté de plano.

Empero, cuando la periodista Patricia Martín narró que en ningún momento del trayecto que la condujo hasta la residencia del narco le habían vendado los ojos, comenzaron mis dudas. En efecto, ninguna organización criminal que se precie de tal dejaría pasar por alto una precaución que es obvia.

Otro detalle burdo es la supuesta decisión de los guardaespaldas del narco de detener la entrevista, a los efectos de maquillar la casa para que esta no fuera reconocida. Obviamente, si son profesionales como se supone, debieron tomar esa medida con la debida antelación.

Tanto Marset como Álvarez, quien habló incluso más que el entrevistado y se dedicó a pontificar en torno a la supuesta “legalidad” del pasaporte otorgado, coincidieron con las indigeribles explicaciones del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien, como se recordará, convocó a una conferencia de prensa en la cual defendió el proceder de su administración. Evidentemente, la entrevista estaba acordada de antemano en todos sus detalles, tanto en lo que concierne a las preguntas como a las respuestas, que son groseramente funcionales al narco y al primer mandatario.

En ese contexto, el programa fue una suerte de segundo capítulo de esta telenovela, que tiene dos propósitos: exculpar al Gobierno por su grave responsabilidad en la entrega del documento que, reitero, es absolutamente ilegal, y negociar en Uruguay algún acuerdo judicial que otorgue garantías al delincuente y su familia.

Por supuesto, no faltaron las alusiones al decreto 129/2014 que, según el oficialismo, comprometía al Estado uruguayo a realizar esa gestión. Esta es una mayúscula mentira sostenida por el presidente, el periodista Ignacio Álvarez y el propio Marset.

¿Quién le puede creer a este narco que el pasaporte no le costó nada? ¿Su testimonio es confiable? Aunque no tenemos pruebas de que, como se comenta en Paraguay, el documento habría costado diez millones de dólares, la versión de este maleante no es de recibo.

En todo momento, salvo excepciones, la entrevista -que fue pactada luego del escándalo que tumbó a dos ministros, dos subsecretarios y un asesor presidencial de la máxima confianza del presidente- sacó del foco a Uruguay y puso en el centro del debate a Bolivia y a Paraguay.

Por supuesto, Marset apareció como un ejemplar y dedicado esposo y padre -que nadie niega que es- y no como el narco peligroso que está siendo intensamente buscado por Interpol y por varios Gobiernos de la región.

Obviamente, Marset no es un monstruo, pero sí es un temible mafioso que tiene nutridos antecedentes penales en Uruguay, aunque no tiene causa abierta, y es requerido por sus actividades delictivas a nivel regional. Está acusado por narcotráfico, lavado de activos y por su presunta participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Naturalmente, llama poderosamente la atención que Marset sólo le concediera la entrevista al programa Santo y Seña, desestimando de plano a otros medios. La interrogante que queda sobrevolando es: ¿él pidió la entrevista o solamente la concedió?

En ese marco, es sumamente sugestivo que las gestiones para obtener el reportaje hayan comenzado luego del escándalo que desacomodó al inquilino de la Torre Ejecutiva.

En efecto, como se recordará, el desbarranque del Gobierno comenzó el 1º de noviembre, cuando la hoy exsubsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, divulgó un audio en el cual el ahora excanciller, Francisco Bustillo, le pidió que no entregara su celular, a los efectos de ocultar pruebas a la Justicia. Obviamente, Ache también reveló que el por entonces asesor presidencial Roberto Lafluf la convocó a ella y al exsubsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel -quien según su versión habría destruido documentación relacionada con la causa judicial- a una reunión de carácter reservado en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, con el propósito de fraguar la información que se debía entregar a Fiscalía.

La entrevista con Marset, según lo divulgó la periodista Patricia Martín, fue acordada el lunes 6 de noviembre, dos días después de que el presidente Luis Lacalle Pou anunció las renuncias del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y el asesor presidencial Roberto Lafluf. La pregunta insoslayable es: ¿por qué no se pactó antes el encuentro, si Marset estaba en la portada de todos los diarios e informativos de la región desde hace dos años? La respuesta la tiene Ignacio Álvarez, que es el autor de toda esta burda opereta mediática.

Por más que Marset respalde al Gobierno uruguayo afirmando que el pasaporte que le fue otorgado es legal, como lo explicó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la conferencia de prensa del sábado 4 de noviembre, es muy claro que esto no es así.

En efecto, desde fines de abril de 2021 -el pasaporte fue otorgado en noviembre- la Policía uruguaya y, por ende, el Ministerio del Interior, estaban al tanto de las fechorías perpetradas por Sebastián Marset en Paraguay, por más que en nuestro país no tiene causa abierta, aunque sí nutridos antecedentes penales.

La normativa para la expedición del documento, que está contenida en el decreto 129/2014, establece claramente que en algunos casos la expedición de los pasaportes de personas que estén en el exterior es discrecional y sujeta a las circunstancias. Incluso, las únicas dos hipótesis previstas para ciudadanos uruguayos que están fuera del territorio nacional son el robo o el extravío. En estos casos, se expide un pasaporte especial que le permite a la persona únicamente regresar a nuestro país. Luego, el documento pierde validez. En el caso de Marset no se configuraba ninguna de estas dos causales, ya que este delincuente estaba preso. Por ende, según la norma, la decisión de otorgar o no el pasaporte era optativa y no preceptiva.

Esa es la realidad, por más que el propio delincuente -coincidiendo con la versión del Gobierno uruguayo- afirme que el documento concedido es legal y soslaye deliberadamente los pormenores de la tramitación que permanecen, por el momento, en la más absoluta reserva y son materia de investigación judicial.

Si el presidente Luis Lacalle Pou es citado por la Fiscalía a declarar en calidad de indagado, ya tiene dos abogados defensores: Sebastián Marset e Ignacio Álvarez.

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