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Editorial LUC |

Los factores productivos estratégicos

Combustibles, Internet y tierra

Por Alberto Grille.

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El Proyecto de Ley de Urgente Consideración que el Presidente Electo de la República Luis Lacalle Pou propuso a sus socios de la autodenominada “Coalición Multicolor” (sin la cual no dispone de los votos para que salga ninguna ley), habilita, en sus partes medulares, que los combustibles, el uso, el control y la comercialización de la trasmisión de datos y el factor productivo tierra puedan pasar a formar parte del dominio de poderosos intereses, que pueden volverse, cuando quieran, contra el interés nacional.

Como se sabe, en el Uruguay moderno, el monopolio de la importación de petróleo, la refinación de combustibles y su exportación, así como la trasmisión de datos que no puede ser ejercida por poseedores de señales de televisión, son algunos de los principales recursos estratégicos del Estado Nacional, y su control constituye una ventaja para cualquier sistema de Seguridad Nacional y, por supuesto, para el ejercicio verdadero de la soberanía.

 

Es sabido que las colonias, las llamadas “republiquetas bananeras”, las que han resignado su soberanía o aquellos países que no tienen Fuerzas Armadas sino “guardias nacionales” (cosa que es muy del gusto de los neoliberales de la Universidad de Chicago, como Ernesto Talvi y otros asesores directos del Presidente Electo) pueden dejar en manos de otros sus principales recursos estratégicos, los que aseguran su independencia y dignidad como Nación.

Pues bien, por si no hemos leído el articulado de este larguísimo borrador del llamado Proyecto de Ley de Urgente Consideración, vamos a mencionar y tal vez simplificar un poco algunos de sus artículos, cuya redacción un poco abstrusa no puede ocultar sus verdaderas intenciones:

CAPITULO IV

DESMONOPOLIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

Artículo 19. Derógase el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) de acuerdo con la Ley No 8.764, de 15 de octubre de 1931.

La prestación de dichas actividades se ejercerá en los términos y condiciones dispuestos por la reglamentación que a los efectos dictará el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento preceptivo de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA).

CAPITULO VI

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DELA UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DECOMUNICACIONES (URSEC)

Artículo 211. Sustitúyese el artículo 70 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y sus modificativas, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 70. Créase la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) como persona jurídica estatal descentralizada (servicio descentralizado), la cual tendrá su domicilio principal en la capital de la República. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones ejercerá la competencia atribuida por esta ley sobre las siguientes actividades y sectores:

  1. Las referidas a telecomunicaciones entendidas como toda transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
  2. Las referidas a la admisión, procesamiento, transporte y distribución de correspondencia realizada por operadores postales.”

Artículo 212. Derógase el artículo 71 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 213. Sustitúyese el artículo 72 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y sus modificativas, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 72. Las actividades comprendidas en el ámbito de actuación de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, se cumplirán de conformidad con los siguientes objetivos:

  1. La extensión y universalización del acceso a los servicios que ellas implican.
  2. El fomento del nivel óptimo de inversión, para la prestación de los servicios en las condiciones que fije la regulación sectorial.
  3. La adecuada protección de los derechos de los usuarios y consumidores.
  4. La promoción de la libre competencia en la prestación, sin perjuicio de los monopolios y exclusividades legalmente dispuestos.
  5. La prestación igualitaria, con regularidad, continuidad y calidad de los servicios.
  6. La libre elección por los usuarios entre los diversos prestadores, en base a información clara y veraz.
  7. La aplicación de tarifas que reflejan los costos económicos, en cuanto correspondiere.
  8. El impulso al desarrollo de la economía digital y del gobierno electrónico, coordinando y fomentando la incorporación de la tecnología en los procesos productivos de las micro, pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de maximizar su eficiencia.”

Artículo 214. Agréguese a la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y sus modificativas, el siguiente artículo: “Artículo 72 BIS: En el ámbito de las telecomunicaciones en general, y en Internet en particular, el Estado garantizará la protección en el goce de los siguientes derechos:

  1. Derecho a la neutralidad de Internet. Los prestadores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación.
  2. Derecho a la seguridad digital. Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los prestadores de servicios de Internet y las entidades públicas informarán a los usuarios de sus derechos y fomentarán la adopción de comportamientos consistentes a la seguridad en Internet.”
[…]

A buen entendedor le queda claro que queda habilitado el manejo de los recursos estratégicos, combustibles e Internet, por parte de operadores privados, que no serán cualquier hijo de vecino, sino seguramente aquellos que tengan “experiencia” y “disponibilidad” suficientes.

También, se hace evidente que barre de un plumazo el monopolio de Ancap en lo que se refiere a importación de petróleo y refinación del mismo, y de Antel en lo que se refiere a la trasmisión de datos por redes físicas y la prohibición de brindar servicios de internet a aquellos que poseen permisos para prestar servicios de televisión.

No costaría mucho imaginar a quiénes se pretende beneficiar con estas medidas, aunque cuesta no mencionar a los medios hegemónicos concentrados que apoyaron y, en el caso de El País, lideraron la oposición al gobierno del Frente Amplio, y a quienes se premia en la Ley de Urgente Consideración con la derogación de artículos fundamentales de la Ley de Medios.

Que quede claro: nuestra Seguridad Nacional nada menos que en lo que respecta a combustibles y comunicaciones quedarán libradas al “libre juego de la oferta y la demanda”.

El otro día, un gran amigo me dijo que el Uruguay ya se había olvidado de Wilson y Pepe Batlle. El apoyo a estos aspectos de la Ley, que son algunos de los sus artículos fundamentales, le ponen una lápida definitiva al batllismo y al wilsonismo, y sus enterradores son sus partidos políticos: el Partido Nacional y el Partido Colorado.

 

El factor productivo tierra: Artigas y los blancos

Dejamos para sucesivos editoriales las propuestas antinacionales, antiartiguistas e incluso antiblancas que contiene la Ley de Urgente Consideración para el uso y usufructo de nuestro más importante recurso productivo, que es el factor “tierra”.

Adelantemos solamente que se promueve el uso de Sociedades Anónimas en su gestión (algo a lo que se opuso expresamente toda su vida el último caudillo blanco, Wilson Ferreira Aldunate, pero ya sabemos que este es un partido nacional antiwilsonista, como tantas veces ha reiterado Juan Raúl Ferreira), y que, increíblemente por lo alevoso, se eliminan dos requisitos básicos para ser beneficiario de parcelas otorgadas por el Instituto Nacional de Colonización: habitar la parcela y trabajarla. Parece una broma de pésimo mal gusto, pero es verdad.

Y lo peor, para este gobierno que debiera honrar la memoria del general Manuel Oribe. Teniente y continuador de Artigas, defensor de los legatarios de su Reglamento de Tierras, de Leandro Gómez, de Aparicio Saravia y de Wilson, es que hoy están en la mira, por ser donatarios del INC, cuatro figuras de gran importancia en el Partido Nacional: el futuro secretario de la Presidencia, Dr. Álvaro Delgado (¿se acuerdan cómo se enojó Lacalle Pou cuando le dijeron en el debate que Delgado no vivía ni trabajaba la parcela de la que había sido adjudicatario?); el intendente de Maldonado, Ing. Enrique Antía; el intendente de Flores, Fernando Echeverría, y el intendente de Artigas, Pablo Caram, estos últimos, además, con numerosas irregularidades en su haber que son procesadas a nivel de diversos organismos.

Realmente, como uruguayos, que al fin y al cabo queremos que el país mejore cualquiera sea el gobierno que los uruguayos se den, nos da mucho temor y hasta vergüenza ajena ver cómo nace este gobierno, cuyo director designado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (cargo que en nuestra Constitución equivale prácticamente a un primer ministro), viaja a Washington a asesorar a la empresa Aratirí en su juicio contra la República Oriental del Uruguay por más de 3.500 millones de dólares, unos siete puntos del Producto Interno Bruto, podemos decirle al ilustre economista que nos mira con cara de “yo no fui”, o de “yo no cobro por esto”.

Apelamos una vez más a las personas honestas del gobierno entrante: no permitan que pasen estas cosas con nuestros combustibles, ni con nuestra Internet, ni con nuestra tierra.

HAY QUE DEROGAR LA LEY
Estos días hemos asistido en las páginas de los diarios, los programas de televisión, los debates políticos y en las redes sociales a la cuidadosa selección de aquellos artículos de la ley de urgencia que concitan apoyos de grupos de ciudadanos con intereses comunes o incluso de otros artículos que parecen redactados para satisfacer el sentido común. Los motivos de esta cuidadosa disección son múltiples. Están los que dicen que algunos de los artículos de la ley no pasarán del borrador porque diferentes socios de la coalición los vetarán o negociarán de manera de atenuar los resultados, los hay quienes piensan que los chicos del British tiraron el bochín demasiado lejos para que los socios lo atenúen. También hay aquellos que quieren creer que los malos son buenos, los que no quieren ser “fanáticos” opositores, los que dicen que no hay que ser tan energúmenos y malditos como fueron ellos cuando eran oposición, y los que se sienten responsables ante la historia y analizan con escrupulosidad técnica cada palabra y cada coma. Es evidente que semejante engendro neoliberal y punitivista solo se puede ocultar detrás de pequeñas causas sectoriales, como la autorización a fabricar chorizos artesanales, o de sentimientos masivos de la población, como el del repudio a la violencia sexual o el narcotráfico. Alguien me dijo un día que la mejor manera de pasar un elefante blanco por el centro de una ciudad muy poblada es en medio de una manada de elefantes. Por eso, antes que nada, yo estoy contra toda la ley de urgencia, contra el procedimiento de saltear el debate de cosas muy importantes para el país, contra la idea de menospreciar la discusión parlamentaria. Si hay cosas muy buenas en esa ley, esas cosas conseguirían los votos de todos en el Parlamento, pero tengamos claro que en esos 457 artículos hay veinte importantes y graves, y lo otro es barullo para entreverar los tantos.

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