¿Cómo está Uruguay en relación a la libertad de prensa?

La iniciativa «busca aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil, salvaguardar las libertades de expresión y prensa, y establecer mecanismos de coordinación y colaboración junto a los sistemas de derechos humanos interamericano y de las Naciones Unidas».

La finalidad de este monitoreo es analizar, documentar y poner en línea toda la información disponible sobre las amenazas al ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas en el Uruguay: amenazas, agresiones, denuncias judiciales, denuncias policiales, denuncias públicas, asignación arbitraria de publicidad oficial, rechazo a pedidos de acceso a la información pública, entre otras.

Este informe «se desarrolló en un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques».

Uruguay parece un país tranquilo; los números a nivel regional lo sitúan como una especie de paraíso de la libertad de expresión, parece que acá nunca pasa nada. Es cierto que no hay asesinatos de periodistas cada dos días como sucede en países como México y que no es usual enterarse de que una periodista tuvo que mudarse de barrio, departamento o país por el acoso sufrido, pero no todo es perfecto y transparente.

Principales hallazgos

Entre abril de 2020 y marzo de 2021 se registraron 49 amenazas a la libertad de expresión de los y las periodistas en Uruguay.

La gráfica “Casos por año” muestra de manera clara un aumento exponencial de las denuncias. Es el número más alto que se registra desde que comenzaron los informes en 2015. En 2020 se informó de 26 amenazas; el pico más bajo fue en 2019 con 18 amenazas. Por primera vez hay más de 40 hechos de los que se tenga información.

En cuanto a los responsables de las amenazas, en 38 episodios fueron organismos o

funcionarios estatales, seis fueron personas que no pertenecen al Estado y en cinco ocasiones fueron personas no identificadas o grupos.

No hubo casos registrados en las cateogorías Asesinato, Desaparición forzada,

Detención arbitraria, Secuestro y Tortura, Restricciones en Internet. Esto muestra el tenor de las amenazas a las y los periodistas, su libertad de expresión y trabajo. No significa que no estén sucediendo hechos preocupantes, pero es un ejemplo del calibre de las situaciones. Es importante prestar atención y defender al periodismo y a los medios antes de llegar a situaciones críticas.

La mayoría de los hechos, 30, corresponden a restricciones de acceso a la información pública, 8 a agresiones y ataques, 2 a uso abusivo del poder estatal, 2 a discursos estigmatizantes, 4 a marcos jurídicos y 3 a procesos judiciales.

Respecto a la distribución de los casos en el territorio se informó que 33 tuvieron alcance nacional ya que fueron protagonizados por Presidencia de la República (con 9, fue el organismo que más pedidos de acceso rechazó), ministerios u otras reparticiones del Estado central, así como los poderes Legislativo y Judicial. En el ámbito departamental se registraron 9 casos en Montevideo y un caso en Cerro Largo, Colonia, San José, Salto y Tacuarembó. También hubo dos episodios que ocurrieron en redes sociales.

Acceso a la información pública

En Uruguay rige la Ley 18.381 de acceso a la información pública que se creó con el fin de tener un país más transparente y de que la ciudadanía pudiera consultar información que es de todas y todos.

La norma establece en su artículo 5º que «los sujetos obligados [entes públicos estatales y no estatales] deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados».

Además de la transparencia activa, que significa que hay información que los organismos tienen que difundir «en forma permanente, a través de sus sitios web u otros medios que el órgano de control determine», está la transparencia pasiva que se cumple a través de los pedidos de acceso a la información pública.

Se considera información pública «toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales».

Este mecanismo democrático muere muchas veces en el papel. El informe de Cainfo lo demuestra. El proceso de petición de información demora varios días, suele quedar sin contestar, hay que activar mecanismos de denuncia. La propia ley tiene una trampa: establece que los organismos no tienen que crear o procesar la información si no la tienen disponible cuando se solicita: la excusa perfecta en varias oportunidades.

Como la transparencia activa no es óptima y no se han cumplido los objetivos de la ley, los pedidos de acceso suelen ser la única forma que tienen los periodistas para acceder a datos que son relevantes para la población. Porque lo esencial es recordar que esa información es de toda la sociedad, los organismos la almacenan y procesan, pero no es su posesión privada.

Que se nieguen o se trunquen los procesos de acceso a la información pública es alarmante. Es una forma de atentar contra el periodismo y contra el derecho a la información de la población. Y como es un proceso burocrático o de papeleo no se dimensionan sus consecuencias para la democracia.

Los datos sobre restricción del derecho de acceso a la información pública, explicaron desde Cainfo en el informe, «confirman un deterioro en el cumplimiento de este derecho que ya se venía registrando en informes anteriores, pero que tiene una confirmación cuantitativa en el año 2020. Además de los pedidos de acceso que no fueron respondidos también se registró un retroceso normativo, que se refleja en algunas disposiciones de la Ley de Urgente Consideración aprobada con los votos de la coalición de gobierno».

Otra puntualización que se presentó en el informe es que «se ha constatado una tendencia de los organismos públicos, tanto a nivel nacional como departamental, a restringir el acceso a la información vinculada a la pandemia de covid-19, en una línea contraria a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana (CIDH). En este sentido, resulta alarmante el criterio aplicado por algunas direcciones departamentales de salud que se niegan a informar sobre los casos de covid-19 por localidad, con el argumento de no “estigmatizar” a la población, mientras hay otras que lo hacen en tiempo y forma».

Hechos preocupantes

Al final del informe sobre el monitoreo Cainfo mencionó el despido del periodista Eduardo Preve de su puesto de coordinador del informativo de Canal 10, que, «más allá de los motivos que puedan ser esgrimidos, se enmarca en un escenario de reiteradas presiones de jerarcas del Poder Ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación».

Este no es el único caso que ha llegado a conocimiento de Cainfo, advirtieron, «pero sería el primero en este período en el que la presión ejercida por los gobernantes tiene como consecuencia el despido de un periodista. Son varios los derechos afectados en este episodio, no solo para el trabajador, sino también para el colectivo de periodistas, ya que este tipo de situaciones afecta el ejercicio profesional, y puede derivar en autocensura, al renunciar a la crítica y a la investigación sobre el ejercicio del poder por miedo a las consecuencias».

La situación de las y los periodistas del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) también ha sido particularmente grave. Además del anuncio de la no renovación de 40 contratos en el Canal 5 y las cuatro radios, quienes han conseguido mantener su empleo todavía sufren las consecuencias de la falta de pago del salario y otras obligaciones laborales, con el consiguiente perjuicio para ellos y sus familias.

Respecto a este caso, nunca fue debidamente aclarado el episodio protagonizado por el director del Secan, Gerardo Sotelo, y el presidente Lacalle Pou, quien el 11 de noviembre, durante la conmemoración de La Noche de los Cristales Rotos, realizó un comentario sobre el despido de 40 trabajadores. “Tenés que sacar a alguno más”, comentó Lacalle a Sotelo, según consignó El Observador.