Los dos vuelos que debían llegar al aeropuerto de Carrasco el 19 de diciembre pasado, lo hicieron con días de diferencia y fuera de los plazos de entrega establecidos. Una de las naves llegó sobre la madrugada del 21 del mismo mes y se vió retrasada porque hubo que realizar una urgente acción de mantenimiento, y la nave debió aterrizar antes de llegar a Uruguay para cambiar una unidad de control del APU ( Sistema Auxiliar de Energía), según el informe elaborado por la Fuerza Aérea Uruguaya y elevada al Parlamento por el Ministerio de Defensa.
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En diálogo con Caras y Caretas Portal, el diputado Gerardo Nuñez manifestó que en su consulta a expertos en aeronáutica, el APU esa es una pieza importante.
Nuñez señaló nuevamente la objeción al contrato realizado, donde no se brinda garantías sobre los bienes comprados por parte del vendedor. El informe de la Asesoría Jurídica de la Fuerza Aérea del 2 de diciembre del 2020 señala que «a los efectos de la suscripción del Acuerdo de Enajenación, no se aceptó por el Reino de España la intervención de un tercero en caso de controversia. Asimismo, el Reino de España, entrega el objeto del contrato «as is», es decir en el Estado que se encuentra no acepta responsabilidad y no brinda garantía alguna sobre los mismos, extremo objetable».
Esto motivó en el Tribunal de Cuentas un voto discorde con la decisión de la mayoría del organismo.
El diputado Gerardo Nuñez presentó ademas otros Pedidos de Informes que tienen que ver justamente con los términos de la Garantía y las últimas inspecciones técnicas realizadas a las naves, y la fecha de la firma del contrato de compra- venta.
Las garantías en cuanto a los aspectos técnicos lo realiza la empresa OGMA quién elevo los informes correspondientes
Según el informe elevado por la FAU, las inspecciones fueron realizadas, en junio del 2019 y el 16 de diciembre del 2020 en Zaragoza el último informe donde se detallan las unidades controladas, entre ellas el APU.
Sobre lo pedido de Nuñez , los informantes se amparan en las clausulas de confidencialidad por ser equipamiento destinado a Defensa Nacional, aunque ofrece a los legisladores poder acceder al contrato en las instalaciones del Ministerio.