Confusiones sobre el Fondo de Solidaridad y señales confusas

Quizá el error surgió tras la nota publicada por EL OBSERVADOR sobre la reunión de la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública (AUDETEP) con el futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, en la cual habrían planteado reformas al Fondo de Solidaridad. Tanto el excandidato presidencial y candidato a intendente Daniel Martínez como quien escribe, criticamos la iniciativa convencidos de que la misma provenía del anteproyecto de ley. El tema también generó un cruce de tuits entre el consejero de Primaria, Héctor Florit, y el ministro designado del MEC; debate de buen nivel, como cabía esperar más allá de las diferencias de opinión.

El Fondo de Solidaridad otorga becas a los estudiantes y se nutre de los aportes anuales de unos 120.000 universitarios graduados. Desde su creación en 1994 ha sido modificado cuatro veces y, según lo señalado por los colegas de El Observador, el nuevo gobierno planea una nueva reforma, ya que el hoy diputado blanco Jorge Gandini (electo senador) insistirá con su planteo de eliminar gradualmente el tributo adicional en un lapso de cinco años, mientras que los recursos para mantener este fondo saldrían de Rentas Generales. Por su parte, AUDETEP plantea el otorgamiento de préstamos bancarios blandos que “los estudiantes podrían solicitar por un año o más y empezar a devolverlos a los cinco años del egreso”. Si por algún motivo dejaran de estudiar, tendrán que pagar lo recibido por concepto de beca.

Nuestra opinión al respecto (y con respeto) ya la dimos en la nota anterior; lo único que se imponía ahora era la necesidad de aclarar una información errónea sobre el origen de la propuesta.  Sin embargo, cabe señalar que en el programa del Partido Nacional se plantea la “descentralización parcial de la administración de lo recaudado por el Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República, transfiriendo parte de las decisiones a Comisiones Honorarias departamentales”.

En resumen, la propuesta existe y habrá que discutirla más allá de quienes sean los promotores de la misma.

Lo peor es lo de menos

Nos referimos a que no todos los artículos de la LUC (457) son malévolos, perjudiciales, erróneos, contraproducentes, antipopulares, antinacionales o como queramos denominarlos; pero varios de ellos meten miedo y terminan siendo lo más importante. El problema es que no solo se trata de una ley de urgente consideración (lo que obliga a un tratamiento parlamentario de 90 días haciendo imposible un análisis serio de cada artículo) sino que además es una ley que encierra múltiples leyes que en varios casos nada tienen que ver entre sí y o se aprueba en su totalidad o se rechaza. Así como viene, nos obligan a rechazarla en su conjunto aun cuando estemos convencidos de que varios artículos son ideas positivas.

Los mensajes son más peligrosos que la LUC

El problema de fondo de la LUC son sus efectos preprimarios, refiriéndonos así a los mensajes (peligrosos en algunos casos) que se dan a la sociedad no solo con el anteproyecto sino con los mensajes políticos que lo circundan. A modo de ejemplo, tengamos en cuenta lo sucedido en la madrugada del sábado 8 cuando dos adolescentes de 15 y 17 años iban para su casa y fueron detenidos por un grupo de policías del PADO en Salto. De acuerdo con lo denunciado, al grito de “Se terminó el recreo”, los obligaron a pararse contra una camioneta abriéndoles las piernas a golpe de capichorra y uno de los uniformados le golpeó las costillas a uno de los detenidos. El más joven, víctima del nerviosismo, en lugar de dar su cédula, repetía una y otra vez su número de celular, lo cual tensó más la situación hasta que el adolescente de 17 años logró quedar libre y llamar al 911. El más chico, que quedó con los policías, se habría llevado la peor parte. Ya con sus padres, presentaron la denuncia correspondiente.

Si esto sucedió tal como se cuenta o no, lo determinará la justicia tras oír la versión de todas las partes y analizar, si las hubiera, las pruebas e indicios correspondientes; pero no sería de extrañar que algunas mentes con escasez de neuronas tomen algunos mensajes políticos como el inicio de “la depuración”.

Cabildo Abierto ha tratado de quitarse de encima la intencionalidad de tal mensaje; pero lo cierto es que, un día sí y otro también, nazis, defensores de la dictadura, homofóbicos, ultraderechistas, criminales y otras yerbas manifiestan su adhesión a este partido.

Más allá de la LUC, hay otros mensajes que están dando los futuros gobernantes, algunos buenos y otros lamentables. Es muy bueno que Beatriz Argimón haya prometido eliminar el gasto por concepto de prensa atribuido a cada legislador; algo así como 1000 dólares mensuales por cabeza. No moverá la aguja para bajar el costo del Estado; pero será una buena señal de austeridad republicana. Ese sobresueldo encubierto no debió haber existido jamás. Ahora, hablando de Roma, la misma vicepresidenta está embretada con el escándalo del intendente de Colonia, Carlos Moreira. La “justicia” de este feudo podrá decir lo que quiera; pero todos oímos con claridad la oferta de renovación de una pasantía a cambio de sexo. En su momento, Argimón fue tajante y lideró la expulsión del depravado; pero ahora, tras la complicidad de los correligionarios blancos de su departamento, Moreira ha sido postulado para ser reelecto, dejando para otro momento aquella sana intención de no querer dañar a su partido.

El mensaje es deplorable. Lo que estamos diciendo a los jóvenes que se integran a la política es que el poder está por encima de cualquier otra consideración, que la ética es algo muy bueno, siempre y cuando no se interponga con nuestros planes y que alguien siempre será bueno para el partido si es capaz de atraer votos, no importa de qué manera.

También es mala la decisión de no invitar a la asunción de Luis Lacalle Pou a los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba por “no ser democracias plenas”. ¿No era que las ideologías no iban a marcar el rumbo de nuestras relaciones internacionales? ¿No sabe Talvi que las únicas democracias plenas por estos lares son las de Costa Rica y Uruguay? Aún no está claro si invitarán a los golpistas Guaidó y Añez; pero supongo que, si el tema de los derechos humanos es determinante, tampoco invitarán a violadores de tales derechos, como los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Paraguay o Brasil, ni a potencias como Estados Unidos o China y ni hablar de Arabia Saudita.

También es mala señal que el futuro director de la OPP, Isaac Alfie, viaje a Estados Unidos para declarar en el juicio de una empresa privada (Aratirí) contra la propia patria del contador. Huelga decir que esta multinacional es un cliente de lujo para Alfie. El juicio lo lleva adelante quien fuera ministro del expresidente Lacalle, el doctor Carlos Depiazzo. Si se sale con la suya, Uruguay deberá pagar 3.536 millones de dólares; lo que será la excusa perfecta para el próximo gobierno para sacar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, lo que también será la excusa perfecta para imponer las clásicas medidas neoliberales que el organismo exige antes de entregar dinero.

No todo lo que viene será malo; pero lo que viene de malo será terrible.