La consejera docente de ANEP, Daysi Iglesias, manifestó su desacuerdo con el informe que envió el Codicen al Ministerio de Trabajo por el caso de los profesores de San José sancionados por tomarse fotos en el centro educativo con cartelería a favor de la derogación de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
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Cabe recordar que por estos acontecimientos la Federación Nacional de Profesores (Fenapes) presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por persecución antisindical. El organismo aceptó la denuncia, le dio al gobierno de Luis Lacalle Pou un mes de plazo para revisar los argumentos para el pedido de destitución de los docentes y propuso una instancia de conciliación entre las partes que Fenapes rechazo por “falta de garantías”.
Mal proceder
Iglesias explicó que el informe que envió el Codicen al Ministerio de Trabajo se votó por mayoría, pero que ella no estuvo de acuerdo con las consideraciones que plantea el documento, ya que encontró “algunos aspectos complejos”, como la diferencia que existe una medida sindical y una acción individual. “Si yo decido individualmente ocupar las instalaciones del Codicen dirán que yo no estoy bien y aplicarán las sanciones correspondientes, pero si eso lo hace la organización sindical envían a la policía para a negociar la desocupación” ejemplifico para diferenciar cuando se opera en un marco organizativo o como individuo.
La consejera docente aseguró que los profesores y profesoras de San José declararon que operaron en el marco de una resolución sindical, y el sindicato expresó lo mismo, pero que ese aspecto no fue tenido en cuenta. “Creo que existió un desconocimiento del aspecto invocado tanto por los profesores como por el sindicato y, al margen de cualquier foto, el asunto debe tratarse como tema sindical y no individual”.
Por otro lado, Iglesias remarcó que el expediente afirma que no se tomaron resoluciones respecto a la acción de los profesores, dato que falta a la verdad. “Hubo una autoridad que tomó una decisión, puede gustar o no lo que resolvió, pero resolvió y esa resolución está archivada”.
Para finalizar, Iglesias resumió: “Todos estos factores me permitieron advertir que hay un procedimiento administrativo que no comparto. Creo que estas consideraciones deberían estar presentes en el escrito que se envió desde el Codicen al Ministerio de Trabajo, pero primó otra visión mayoritaria”.
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