Crimen, fútbol y pandemia

¿Denuncias = delitos? No

En cualquier Estado democrático de derecho con independencia de poderes, una conducta, primero, solo puede ser formalizada si estuviera prohibida por ley (Poder Legislativo); dos, solo se convierte en delito cuando existe sentencia condenatoria firme afectando al responsabilizado por esa ilegalidad cometida (Poder Judicial). Si eso no ocurrió, no hay delito ni delincuente; de modo que, mientras no ocurra un ilícito legislado, una intervención policial (Poder Ejecutivo) y luego judicial que responsabiliza, si no empíricamente confirmatoria ni procesalmente adecuada, no puede ser llamada de delito; ni tampoco contabilizada como delito en estadísticas, que describan y analicen la realidad, y conformen la opinión pública, con consecuencias político-electorales.

Decimos esto porque las estadísticas de delincuencia, las manejadas públicamente, las que conforman la opinión pública sobre el estado de seguridad, las que basan la responsabilidad atribuida al gobierno, al ministerio competente y a sus auxiliares policiales, las que tendrán consecuencias político-electorales, todas esas cifras, no son las más adecuadas para evaluar la situación. Porque las cifras de criminalidad son de ‘denuncias en sede policial’ y no ‘delitos judicialmente establecidos’; y las denuncias no son delitos, aunque pueden ser el comienzo de un camino hacia la configuración de delitos y de delincuentes. No debería, entonces, creerse que el estado de la seguridad pública en materia delictiva se describe adecuadamente por el número y evolución de las denuncias policiales informadas, que debería basarse en el número y evolución de los delitos y delincuentes judicialmente decididos.

Y no es para nada lo mismo describirlo de uno u otro modo, y no solo por ese detalle técnico de la distinción fina entre denuncia y delito. Más importante quizás: porque las denuncias policiales son muchísimas más que los delitos, y dibujan entonces un estado de la seguridad pública mucho peor que el que resultaría de la contabilización de los delitos judicialmente establecidos. Entonces, si usted quiere maximizar la crítica a la fuerza pública, al ministerio que la comanda y al gobierno que los abarca, describa el estado de la seguridad de la población por medio del número de denuncias policiales; así, usted podrá: o bien criticar con mayor facilidad, con lucro político-electoral; o bien asustar con mayor eficiencia a la gente para ganar poder como resultado del miedo resultante. Oficiando de oportuno Supermán redentor para el problema que usted mismo generó para su bien, pero fingiendo que solo está reaccionando épica y éticamente en bien de todos (como la pandemia y las vacunas, por ejemplo). En realidad, a fuer de sinceros, las cifras se han usado con alguno o ambos de esos fines; y no es lo mejor para maximizar la verdad ni la realidad social.

Sin embargo, hay algunas razones prácticas que fortalecen la realización de esas intencionalidades: uno, en la medida que los procesos penales que terminan en sentencias condenatorias firmes demoran mucho y con variada duración, no es fácil fechar los delitos: ¿es la fecha de la ocurrencia fáctica o la de la sentencia firme? Cuando uno quiere saber qué criminalidad hubo en un período x, ¿contamos las denuncias o las sentencias firmes en ese entonces? Y ojo, que puede haber años de distancia entre unas y otras, además de la magnitud diferencial. Entonces, si se quiere saber cuál es la cifra delictiva para un año x, ¿cuántos son, y cuándo puedo saberlo con precisión? Porque la opinión pública quiere saber, y no puedo esperar -quizás años- a que quede claro cuántas denuncias formalizadas resultaron en delitos, porque así no satisfago la perversa curiosidad ansiosa de estimulantes malas noticias; pero tampoco facilito datos rápidos, express, para la decisión política, también azuzada por la mórbida ansiedad pública. Además, obtener datos judiciales es una ‘transa’ cansadora, porque no solo demoran mucho en elaborarlos sino mucho más en autorizarlos y entregarlos. Resultado: es mucho más fácil y expeditivo pedirle los datos al ministerio, a la policía, al Observatorio de Criminalidad (que yo rechacé dirigir en 1987, cuando aún no era exactamente tal), que nos darán lo deseado más rápido, aunque, claro, sobre denuncias y no sobre delitos. Pero, ¡qué importa! ¿Quién va a darse cuenta de la diferencia y de su importancia? Y tienen razón: casi nadie. Además, las denuncias son muchas más que los delitos, y, por lo tanto, son peores noticias, y, en consecuencia, asustan más y provocan más rating, porque las malas noticias venden más que las buenas, el número de denuncias vende más que el de delitos; entonces, pasemos a las denuncias como si fueran delitos (el clásico gato por liebre). ¿Por qué? Porque ambas mueven la secreción de adrenalina y el estado de euforia; pero de las dos, las malas noticias son las preferibles frente a las buenas. Los psicólogos sociales y algunos sociólogos malpensados han descubierto que las buenas noticias pueden provocar resentimiento y envidia de los beneficiados en la noticia; en cambio, las malas no los provocan, y, en cambio, inducen una cómoda y muelle sensación de alegría por no estar entre los damnificados; y el aumento de la autoestima de poder decir, profundamente compasivos, en medio de un picadito con cerveza y en chancletas, en un mullido sillón, ¡pobre gente!

Sea como fuere, y por lo que fuere, describimos y evaluamos la seguridad pública, ministerios y gobiernos con la técnicamente inadecuada cifra y tendencia de las denuncias policiales de apariencia delictiva y no de los delitos judicialmente firmes, lo que ameritaría un suculento debate respecto a delitos o denuncias como modos alternativos de reducir la ‘cifra negra’ de las ocurrencias ilícitas, que quizás lo pudriría, lector, y no se asuste que no viene a seguir.

Pero sí podemos agregar, en breve espacio, que si describimos el estado de la seguridad en base a las denuncias, entonces la situación de pandemia disminuiría la inclinación de la gente a denunciar, un riesgo especial en épocas de paranoia hipocondríaca. Otra razón más que explica, al menos parcialmente, el descenso de las cifras criminales en época de pandemia, por razones diversas de la evolución de la maldad humana o de la eficacia policial, ministerial o gubernamental; la gente denuncia menos, lo que no quiere decir ni que la gente es más respetuosa de la ley y de sus congéneres, ni que se delinca menos, ni que policías, ministerios ni gobiernos sean más eficaces o eficientes. Son falacias lógicas, errores de raciocinio, muchas veces perversamente útiles.

Operativos de seguridad y violencia en el deporte

Al respecto, supuestamente los asesinatos cometidos por algunos hinchas de Peñarol y Nacional entre ellos (6 y 10 de enero), movieron a organizar un gran operativo de seguridad para el clásico que se jugaría el 22 del mismo mes en el Estadio Centenario. Extraña iniciativa como reacción a los asesinatos ocurridos y como respuesta de seguridad a la supuesta inseguridad consecuente a los asesinatos. Porque ninguno de ellos fue en el Estadio ni en sus inmediaciones; además, ocurrieron precisamente algo más allá de esas inmediaciones, como los asesinatos y tentativas más recientes de la historia de la violencia en el deporte uruguayo. Como reacción de tapa de libro al control y seguridad planificados y ejecutados ‘en’ el Estadio y sus inmediaciones cercanas. Nadie come vidrio: se pelea y agrede donde pueda hacerlo sin consecuencias policiales ni judiciales. Corolario: mejorar la seguridad en un lugar, cuando siguen existiendo las causas y motivos que provocaron los hechos a prevenir, probablemente solo cambiarán el lugar de ocurrencia del hecho y no su ocurrencia ni el número o gravedad de las mismas. Literalmente: no será preventivo, y dudosamente ejecutivo.

Como en todos los problemas de seguridad, en los que trabajo hace más de 35 años: mientras subsistan las razones y motivos que mueven a generar hechos que afecten a la seguridad, sea en su objetividad, sea en el estado subjetivo de miedo que inducen, en sí mismos y en su manejo mediático, no bajará la criminalidad, ni la violencia en el deporte. Ok, de acuerdo, ni la policía ni el ministerio del Interior son las instituciones que deben o pueden reducir las causas ni motivos de la criminalidad ni de la violencia en el deporte. Entonces, ¿por qué les pedimos que solucionen esos asuntos? ¿No es pedirle peras al olmo? ¿Por qué ellos no dicen que solo pueden con algunos efectos y consecuencias, y que si otros no reducen causas y motivos poco pueden hacer? ¿Quizás por aquello de que les conviene más mantener la capa de Supermán, el batimóvil o las telas de Spiderman? ¿O será que a los gobiernos también les conviene que la gente crea en los súper poderes de las instituciones de seguridad, en el fundado temor de que no podrá reducir causas ni motivos, o que no quiere hacerlo, por lo que debe hacer creer que minimizando efectos y consecuencias está dando soluciones? ¿O tienen que engullirse el sapo como micropartes expiatorias, para proteger al macrogobierno?

Y una última cosa: vamos a no creer que controlando el Estadio el día de un partido durante algunas horas atacamos seriamente la violencia con motivo del deporte y de los negocios relacionados; porque esa violencia latente puede expresarse, y se expresa, en muchos y tantos lugares y tiempos. No es ya aquella violencia de hinchas a los que se les va la moto alguna vez con otro rival que está cerca en la tribuna, ni siquiera de barras bravas ocasionales, ubicables e identificables en los estadios y alrededores; ahora son mafias extradeportivas que encuentran sus poblaciones-objetivo con la excusa del deporte. Son titulares de neovendettas, de historias de Capuletos y Montescos, de comportamientos más cercanos a los ‘El Padrino’ y a las seriales de Hollywood y ahora de Disney. Los asesinos de los hinchas rivales lo han dicho claramente en las redes sociales: están actuando para vengar a antecesores suyos mártires; ya ni siquiera son móviles sustantivos en sí mismos, causas y motivos de la violencia y la criminalidad clásicas, ya es una cadena muy difícil de cortar, porque ni siquiera con el ataque a las causas y motivos clásicos.

Y la del estribo: la comunicación mediática de la planificación de operativos de seguridad localizados no es más que marketing institucional; y no solo porque no cambia la cantidad de violencia y delitos, sino el espacio y el tiempo de realización. Es que el mero anuncio ni siquiera da más seguridad a la gente para que vaya al Estadio; en efecto, la gente piensa: “¡Pah!!! ¡Lo que puede pasar! Mejor lo vemos por la tele, tranqui”. Los anuncios de operativos no dan más seguridad objetiva (no bajan violencia ni criminalidad) ni reducen la sensación térmica subjetiva de inseguridad de la gente; y corren más gente de los estadios que sin ellas. La gente no quiere agregarle esa inseguridad a la otra.

Y la del estribo: quienes han frecuentado estadios saben que, yendo en esas circunstancias, pueden llevarse más palazos policiales para evitar palazos de los hinchas que de los hinchas mismos: el monopolio estatal del uso legítimo de la violencia en todo su esplendor. Pero a la gente no le convence ese cambio de palazos, todos duelen, mejor no ir. Sin contar que, cuando ocurre algo, como es todo muy fugaz, casi nunca se detiene a los que participaron del hecho inicial; los que pagan el pato son otros que curiosean por ahí, sin haber participado; porque a alguien tienen que llevar, para mostrar servicio y lucir eficaces. Claro que, esos pobres, al llegar al juzgado, son soltados por el juez, porque ni hicieron nada ni hay prueba alguna contra ellos. Entonces, gente ignorante, o interesada en llenar el ojo, dice: “Ve, vecina, los llevan y el juez los suelta; el Poder Judicial es culpable del delito vivido y de la inseguridad sentida”. Pero bien podría pensarse que es al revés: que no son bien detenidos mal soltados, sino mal detenidos bien soltados. Piénselo vecino/a, y decida por usted mismo, con su cabeza y su experiencia.

Como hace más de 35 años estudiamos, escribimos y enseñamos: las cosas que dicen hacerse para enfrentar la criminalidad y la violencia en el deporte previenen muy poco, castigan bastante mal y no solucionarían mucho porque son olmos a los que se les piden peras, y que orinan fuera del tarro.