“De homicidios y relatos incompletos”

Presentado de forma “electoral”, el énfasis en los datos presentados se sostuvo sobre el clásico “discurso electoral”, donde “lo relevante” no estuvo en los análisis, sino en las bravuconadas de un supuesto y rotundo éxito de la actual política de seguridad pública.

No vamos a ingresar en una clave polemizadora, de tipo “electoral”, en el análisis de los resultados presentados.Esa clave suele ser, además de payasesca, tramposa.

La incorporación de los complejos temas de seguridad pública al campo de la política en su tono electoral ha traído una sobresimplificación de los análisis y en el mismo movimiento, un grave y peligroso reduccionismo en la comprensión de las medidas y acciones a desarrollarse para la atención de las diversas y variadas problemáticas.

Esta sobresimplificación es visible en el avance de las llamadas “políticas punitivistas”, que, de forma inevitable, conducen a propuestas y líneas de acción con fuertes contenidos reactivos en la concepción de la actividad policial, ambas visibles en las nuevas regulaciones alcanzadas con la Ley de Urgente Consideración.

Aunque la discusión política, en el sentido duro del término sea relevante para entender lo que viene aconteciendo en esta materia en el país, lo que se propone, en lo que sigue, es un ejercicio analítico que permita ganar en claridad y transparencia.

Se trata de abandonar el ambiente festivo con el cual se anunciaron los datos y adentrarnos, con la seriedad que el tema merece, en un ejercicio de análisis donde las “algarabías payasescas” de las “bravuconadas” no tengan lugar ni voz.

Los homicidios que bajan y los que suben

Los datos publicados por el Ministerio del Interior abarcan el primer semestre del pasado año; aún estarían por conocerse los datos totales del año.

De acuerdo a los mismos, los homicidios en el primer semestre del año experimentaron una ligera reducción.

En efecto, para el primer semestre del año anterior, se habían producido un total de 173 homicidios y para el mismo período, pero de 2020, el número de homicidios fue de 171.

La Tabla 1 ilustra el comportamiento histórico de los homicidios considerando siempre los primeros seis meses de cada año.

Una simple apreciación de la serie muestra que lejos de lo que suele afirmarse, el descenso en los homicidios no comienza en el primer semestre de 2020.

Ya en 2019 y luego del pico de homicidios de 2018, las cifras de este delito mostraban una tendencia a su disminución.

Sin embargo, del volumen total de homicidios, lo que salta a la vista es cómo se produjo, con respecto a años anteriores, una mayor cantidad de homicidios en las prisiones uruguayas.

En este sentido, el crecimiento de los mismos significó en 2020 un crecimiento porcentual del 50% respecto al año anterior y de un 71,4% respecto al inicio de la serie.

Algo similar sucede con el número de homicidios que se cometieron en la vía pública.

El crecimiento de los mismos con relación al primer semestre de 2019 fue de 13,26% y con relación al inicio de la serie, su crecimiento porcentual alcanzó 85%.

No es un dato menor, se trata de uno de los más graves delitos cometidos en lugares públicos.

Si en 2016 el número de homicidios para el período señalado representaba el 44% de todos los delitos cometidos, en 2020, estos representaron el 65% del total de los homicidios que se produjeron.

De modo que, la algarabía respecto a la disminución de homicidios debe matizarse, no todo fue reducción y, como hemos visto, en los casos presentados (prisiones y vía pública) los mismos tuvieron variaciones relevantes.

Si la serie histórica la extendemos, del primer semestre de 2011 al mismo período del 2020, y la variable de análisis fuera “evolución de la participación de las armas de fuego en los homicidios consumados” los datos muestran lo que puede apreciarse en la Tabla 2.

Atendiendo a estos datos y armando una perspectiva quinquenal, tenemos que de 2015 a 2020 (considerando solamente datos del primer semestre para cada año), los homicidios en que hay participación de armas de fuego crecen un 2,8%.

En el período 2018-2020, esta variación desciende un 31,1%, mientras que comparando los datos de 2020 con los de 2019, se observa un retorno al crecimiento de los mismos con un 2,8%.

La participación de armas de fuego en los homicidios que se cometen son un claro indicador del volumen de ramas que circula en el mercado interno.

Representan, además, una interpelación a la capacidad del Estado para regularlas de forma efectiva.

El país tiene hace varios años un fuerte déficit en su capacidad de contralor del mercado de armas de fuego, en particular, de aquellas a las que se le denomina “armas ligeras”, que suelen ser, por sus características, las más usadas en la comisión de los delitos de homicidio.

Limitar el mercado de armas es una forma eficaz y eficiente de atacar una tipología de homicidio que, como vemos, no es irrelevante para el país.

Esta limitación, como política estatal, debería restringir y endurecer las formas para el acceso a las mismas, cuando ese acceso es legal.

Como es de conocimiento público, este endurecimiento de las posibilidades de acceso a las armas de fuego ha sido recientemente transformado; hoy es posible acceder de manera más rápida y de forma más amplia al mercado legal de armas.

En ese sentido, la Ley de Urgente Consideración y las reglamentaciones derivadas de la misma permiten que más ciudadanos accedan al porte y tenencia de armas, al mismo tiempo que suavizan las condiciones para ello.

Las características del mercado de armas de fuego en el país, esto es su pobre control, supervisión y conocimiento exhaustivo por parte de las entidades del Estado a cargo de ello, explican parte relevante del otro mercado de armas, aquel que configuran las formas ilegales del mismo.

En la misma medida, en que el mercado legal no es fuertemente regulado y eficazmente controlado, lo que aparece con claridad es un aumento de las posibilidades de que, de este mercado legal, emerjan las armas que serán empleadas en diferentes modalidades de hechos delictivos.

Si este control fuera eficaz y eficiente, por ejemplo, permitiría un avance en el desarrollo de las investigaciones que permitan identificar, aclarar y enjuiciar a los autores de los mismos.

La investigación de los delitos de homicidios, deben ser siempre una prioridad nacional, aunque no más sea porque su aclaración revela la capacidad estatal de poder evitar sus impunidades.

Salvo en estructuras criminales potentes y fuertemente organizadas, los homicidios, a diferencia de los robos, hurtos y/o rapiñas no despiertan solidaridades.

Nadie, salvo que esté fuertemente comprometido en actividades criminales, ampararía en su sano juicio un homicidio.

Atendiendo a ello, veamos cómo ha sido el comportamiento del número de homicidios aclarados desde 2015 hasta 2020; por razones comparativas y por ser estos los datos aportados por el Ministerio del Interior, se usan datos del primer semestre de cada año (Tabla 3).

La variación porcentual de los homicidios aclarados en 2020, respecto al mismo período de 2019, indica una disminución del porcentaje de homicidios aclarados del 13,5%.

La aclaración de los homicidios, revela, además de lo señalado anteriormente, la capacidad investigativa y profesional del cuerpo policial para alcanzar a los autores y, en consecuencia, conducirlos a la Justicia.

En este terreno, lo que muestran los datos es exactamente lo contrario, de modo que cualquier algarabía de inercia electoral debe ser conducida al “duro suelo” de la realidad de lo que acontece,

Hay menos homicidios, aceptemos ese dato, sin discutir el particular escenario que se configura con la pandemia y que, sin duda alguna, ha trastocado dinámicas criminales.

Pero lo que no ha sucedido, y esto es muy grave, es que hayan aumentado el número de homicidios que quedan sin aclarar; este margen de impunidad que se abre nos interpela a todos y, en especial, a aquellos que tienen la función de hacerlo.

De modo que, antes de soplar las velitas y cantar con urgencia cualquier modalidad de feliz cumpleaños, hay que atender a lo que no se dice y, por ende, no se interpela.

Cuando la interpelación como interrogante a lo que acontece se silencia, lo que suele reinar es la impunidad de las falencias o, lo que es igual, el predominio de un relato incierto que, a la larga, no puede impedir que todos griten, como en el clásico cuento que “el rey está desnudo”.

Algo de esto ya está pasando y, si no, pregúntenle a Juan Pueblo.