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Corría octubre del 2010 y en una acción de responsabilidad social por parte de una de las empresas de crédito más importante de plaza, se distribuía en prolija encuadernación en los despachos de todos los legisladores, el libro de Pablo Da Silveira “Llevando el crédito a la población no bancarizada”.
Hoy con los resultados a la vista, resulta irónico que la presentación de dicho libro se realizara en la librería “Puro Verso”.
Pero el material de Da Silveira no era verso; Da Silveira especializado en filosofía política y ética económica y social escribió en prosa lo que a su entender “era por razones de eficiencia económica, pero también por razones de Justicia Social”.
Arribaba a conclusiones producto de un estudio internacional y comparativo del mundo del crédito, donde la primera conclusión era que “el crédito bancario tiene límites para ser accesible a toda la población, principalmente a los sectores de ingresos medios y bajos” y concluía que las administradoras de crédito no bancario “tienen un rol esencial en ésta fase de desarrollo económico y social”.
Abogaba al mismo tiempo por la “democratización de la educación financiera y el consumo responsable”.
Para quienes hoy están en la coalición multicolor, el sistema financiero chileno era el espejo donde mirarse. Da Silveira detalla que en el 2005, los bancos chilenos tenían funcionando 2,5 millones de tarjetas de crédito y los comercios minoritarios 9,1 millones.
En Uruguay (analizaba Da Silveira), el proceso había empezado lentamente por ese año y ese mercado era de unos 500 millones de dólares para cerrar en el 2009, en unos 1.859 millones de dólares.
No parece casual el discurso contra el consumo del ex presidente Mujica que inició su gobierno con esa realidad. Filosóficamente el Ministro Da Silveira sostenía que había que liberar a los sectores medios y de bajos ingresos del “gueto del contado”.
Recordemos que el libro fue publicado por la editora de la empresa de crédito y en ese sentido Da Silveira sostenía que el crédito ofrecido por fuera de la banca tradicional “no constituyen anomalías a ser combatidas, (aunque hoy es el desvelo de algunos de sus socios políticos) sino un fenómeno ajustado a tendencias internacionales”.
“El desarrollo de ese sector no representa ninguna amenaza seria, porque las empresas que lo integran están obligadas a funcionar en un entorno fuertemente competitivo”, profundizaba el actual Ministro de Educación y Cultura.
Un análisis del semanario Búsqueda con datos del Banco Central del Uruguay (BCU) indica que más de dos millones de personas y más de 93.000 personas no jurídicas son a la fecha, deudores activos.
El monitor del mercado de crédito arroja como resultado de su encuesta que siete de diez encuestados están endeudados y el 40% de las deudas son por pedidos de préstamos.
El área de defensa del consumidor en el 2021 recibió un 20% de reclamos relacionados con servicios financieros.
La mayoría de las personas que lograron llegar a un acuerdo para refinanciar deudas, moras e intereses son personas de ingresos medios y bajos.
Muchos de los préstamos solicitados tienen que ver con el pago de deudas de UTE, o costeo de medicamentos, dineros que se obtienen con sólo presentar la cédula de identidad.
La actual Ley de Usura establece topes en los intereses (interés compensatorio no mayor a 55% e interés por mora no mayor a 80%) por lo cual el interés autorizado es de 135%.
Abundan los casos de deudas que empezaron por ejemplo con un préstamo de $27.000 y pueden superar el millón de pesos.
Al universo de bancos privados, casas y cooperativas de crédito se suma la presencia de las recuperadoras de deudas, labor que en general asumen estudios jurídicos contratados por las empresas financieras. Presionan al deudor bajo la consigna de cobrar la deuda, aún incluso solicitando préstamo a otra financiera, competencia de la que otorgo el préstamos inicial.
En general actúan de palabra pero con la amenaza de iniciar juicios y embargos a familiares del deudor, retención de ingresos, sea salario o jubilaciones.
A las recuperadoras se le suman los prestamistas individuales, a veces extranjeros (como los colombianos denunciados en la zona oeste de Montevideo) o nacionales, cuyos métodos de cobro de deuda pertenecen al mundo del hampa.
En el 2020 Cabildo Abierto presentó un proyecto y fuentes de ese sector expresaron a Caras y Caretas que podrían coordinar acciones con el diputado Peña del Partido de la Gente.
El proyecto apunta a la reestructuración de deudas de personas físicas, examinando a quién y en qué condiciones se presta dinero.
Sin embargo el que tendría más chance de ser aprobado según confió el diputado Iván Posada a Búsqueda, es un proyecto alternativo al de Cabildo que apunta acotar los márgenes de cálculo de las tasas de interés de préstamos al consumo.
A pesar de ser menos “radical” que el proyecto de CA, la Asociación de Bancos Privados y la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito ya expusieron sus reparos en la Comisión de Hacienda de diputados.
El tema recién empieza y hay varios actores para ver qué postura definirán, y sin dudas la opinión de Da Silveira como experto en la materia resulta imprescindible.
