Defensores de Oficio denuncian aumento de abusos policiales y falta de garantías en procedimientos

De acuerdo con el semanario, el diagnóstico de Adepu se basa en un relevamiento hecho entre los defensores penales de todo el país. Los mismos ofrecen su servicio gratuitamente entre personas de bajos recursos.

Dentro del relevamiento, se encontró un aumento de los allanamientos sin orden judicial (hechos pasar como inspecciones “voluntarias”), agresiones físicas y psicológicas a los indagados para conseguir declaraciones, omisiones de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos, uso “desmedido” de la fuerza y roturas innecesarias en hogares carenciados.

En el documento presentado por Adepu, los defensores sostienen que el incremento está relacionado con la aplicación de la Ley de Urgente Consideración, que otorgó a la Policía de mayor autonomía y respaldo en el accionar.

«Poco interés en la Fiscalía»

Los defensores señalan que varios de los episodios se denunciaron ante los fiscales y jueces de garantías. Sin embargo, estas gestiones no han llegado a buen puerto por el “obstáculo de la falta de pruebas y el poco interés en la Fiscalía de investigar estos excesos debido a que está en juego la suerte” de las investigaciones llevadas a cabo.

Señalan también que los defensores se enfrentan “a la encrucijada de que los detenidos no quieren formular denuncia por las posibles represalias de las que podrían ser víctimas a consecuencias de ello”. Agregan que estas situaciones se hacen “más evidentes en el interior del país, donde los distintos actores generalmente se conocen”.

Uno de los reclamos concretos que los defensores de oficio hacen en su misiva al Poder Judicial, es que se de conocimiento de la situación a las autoridades del Ministerio del Interior y de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Esto último dadas las omisiones registradas en las revisiones médicas a los detenidos en procedimientos.

Omisiones en las revisiones médicas

Desde Adepu aseguran que “es generalizado el hecho» de que no se examine a los imputados. Describen el caso de un detenido, cuyo certificado médico hacía constar de “un corte” en la cabeza. Después que el defensor protestó en Fiscalía, se examinó nuevamente al detenido y se le debió aplicar 14 puntos de sutura, lo que indica una herida de grandes dimensiones.

“En otras ocasiones se ha solicitado al juez de garantía, en la audiencia de control de detención, que sean examinados por un médico forense, atento a que tienen lesiones a pesar de que el certificado médico menciona que no las tiene”, agregan.

Joaquín Gamba, presidente de Adepu, afirmó a Búsqueda que esta situación “es unánime en todo el país”.

Uso excesivo de la fuerza

La agrupación de defensores también denuncia que en los allanamientos “se ha constatado el uso desmedido de la fuerza física en hogares de familia donde por lo general hay niños y personas de edad avanzada”.

Según Adepu, en estos procedimientos ocurren “maltratos físicos” (..) incluso cuando no hay ningún tipo de resistencia”. Asimismo se ejerce coacción psicológica y “hasta física” para lograr alguna declaración del detenido.

“El uso de la fuerza física desmedida en el momento de llevar a cabo las detenciones por parte de los funcionarios policiales es frecuente, y generalmente son golpeados en determinadas zonas del cuerpo o con mecanismos que no dejan marcas visibles, por ejemplo, poniendo una cuadernola de por medio”, detallan.

Los defensores afirman que “cuando se pone en conocimiento de esta situación a la autoridad policial”, se les plantea que “los golpes fueron consecuencia de que el imputado ejerció ‘resistencia al arresto’”.

Allanamientos irregulares

Adepu brinda detalles de situaciones en que los policías entran a un hogar sin mostrar previamente la orden de allanamiento. Una vez dentro ocasionan roturas en la vivienda y “apuntan con armas de fuego a los habitantes”.

“Cabe destacar que muchas veces no se tiene la orden de allanamiento que se anuncia y se los hace firmar (..) formularios de inspección ocular voluntaria”, agregan.

Según relataron algunos defendidos, el personal policial llega al grito de “allanamiento”, cuando en realidad se trataba de una inspección cuyo “consentimiento” se hace firmar a los detenidos horas después en la comisaría.

Cámaras GoPro

Una de las medidas que los abogados proponen para evitar estas situaciones, es la utilización por parte del cuerpo policial de cámaras GoPro. Con las mismas se registrarían los procedimientos y se daría así mayores garantías.

Desde Adepu señalan que no pretenden “más que hacer respetar la normativa internacional y nacional que ampara a las personas”.