Hace 50 años se producía el primer asesinato de un civil en una unidad militar. Se trató del albañil Luis Batalla, militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), detenido en la ciudad de Treinta y Tres y muerto por torturas en la sede del batallón de infantería 10.
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Según señala un resumen publicado en la web sitiosdememoria.uy Batalla era albañil, tenía 32 años, estaba casado y era padre de dos hijos pequeños. Vivía en el barrio "Artigas" del departamento de Treinta y Tres. Estaba afiliado al Partido Demócrata Cristiano y era militante del Frente Amplio.
Precisa que fue secuestrado el 24 de mayo de 1972 y trasladado al Batallón de Infantería Nº 10, donde fue torturado.
El caso fue denunciado por el edil frenteamplista Francisco Laxalte y el Partido Demócrata Cristiano envío a Treinta y Tres al diputado Daniel Sosa Días, quien logró que dos médicos examinen el cadáver y documenten que había sido brutalmente golpeado.
“... vimos que en la cara tenía manchas de hematomas; que en la (..)cabeza tenía una pequeña herida (...) con sangre que empapa los cabellos; que en los hombros tenía moretones; que en la mano derecha se apreciaba una marca, signo demostrativo de que estuvo atado con alambre retorcido que le apretaba fuertemente la muñeca; a nivel del radio inferior presentaba también hematomas; en los pies, múltiples hematomas y una herida cortante de un centímetro y medio. Lo más espantoso era el abdomen, lleno de equimosis, de erosiones, de hematomas. Evidentemente ésa era una persona que había sido brutalmente golpeada”, concluyeron.
Denuncia en democracia
Tras el retorno a la institucionalidad democrática se presentó una denuncia judicial pero la causa fue archivada. Es recién el 15 de abril de 2013 que la causa fue abierta, pero hubo que esperar hasta 2019 para que el fiscal de Lesa Humanidad solicite el procesamiento de varios militares involucrados en el crimen.
Para el observatorioluzibarburu.org el crimen se enmarca dentro del autoritarismo estatal inaugurado por el gobierno de Jorge Pacheco Areco en 1968 y que tuvo continuidad en su sucesor Juan María Bordaberry.
Recuerda que es en ese periodo que “se materializa una sistemática política de terrorismo de estado que culminara en junio de 1973 en el golpe de Estado”.
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