Desde mediados del siglo pasado, abril es en Uruguay el de la semana criolla, santa, de turismo o de la vuelta ciclista, pero también es un mes de duros recuerdos para buena parte de la izquierda uruguaya por su saldo de asesinatos, y en este abril de 2023, hay un reverdecer, a pesar del frío otoño, del debate sobre nuestro pasado, no tan reciente.
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Ya forma parte del refranero popular decir que con la llegada del último ciclista el país empieza el año; sobre este pueblo del sur el equinoccio parece haber condicionado buena parte de su destino histórico a partir de los hechos acaecidos en un ahora casi lejano 1972.
Si la historia de la sociedad uruguaya fue ambivalente por las luchas fratricidas entre blancos y colorados entre fines del siglo XIX y hasta mediados del XX, nuevos actores irrumpirían con fuerza para ocupar su lugar en la historia uruguaya.
Este artículo, sin embargo, no tiene arrogancia ni aspiraciones de ser histórico, pero de cara a cumplirse los 50 años del golpe de Estado cívico militar, pretende dejar registro de hechos acaecidos para un debate que se debe dar con todos los elementos arriba de la mesa.
Reparación y prisión domiciliaria
Cabildo Abierto presentó dos proyectos de ley que contaron con el respaldo de la coalición de gobierno y que forman parte de estos debates, aunque el Frente Amplio sin los votos necesarios en el Parlamento para que no fueran aprobados, y seguramente embarcado en la discusión de la reforma jubilatoria, dejó en manos de iniciativas individuales o de sectores políticos la reivindicación de la verdad histórica.
Porque en el caso de la ley que repara a familiares de víctimas de actividades de grupos armados, aunque no lo explicite en el texto, refiere específicamente al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y a la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR-33).
Los beneficiados son un grupo ya identificado, organizado por los promotores de la ley y elaboraron una a su medida; no se sabe si serán incluidos los familiares de las víctimas por la acción de grupos armados como el Escuadrón de la Muerte, el Comando Caza Tupamaros, la Juventud Uruguaya de Pie y otros grupos de extrema derecha y paramilitares que venían actuando en Uruguay desde 1962 al menos.
El proyecto de ley que permitirá a mayores de 70 años cumplir sus condenas en su domicilio relativiza en su relato y fundamentación la calidad de ex funcionarios militares y policiales que fueron el brazo ejecutor de una política pública de terrorismo de Estado definida por el Poder Ejecutivo de entonces, recluidos en la cárcel de Domingo Arena.
Presos que como si el gobierno y la sociedad uruguaya fueran un ejército enemigo, el Centro Militar pregona por la libertad de “prisioneros” políticos.
14 de abril de 1972
En el acto realizado este año, uno de sus oradores, el ex diputado por el Partido Colorado y actual militante de Cabildo Abierto Daniel García Pintos, en nombre de la "Asociación Patriótica 14 de abril de 1972 de homenaje permanente a los caídos en defensa de las instituciones democráticas y de la libertad" envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que pidió que re instaure el Día de los Caídos en la Lucha por la Defensa de las Instituciones Democráticas.
“La defensa de las instituciones democráticas” se llevaba adelante desde 1968 gobernando bajo Medidas Prontas de Seguridad, la militarización de los trabajadores bancarios y del puerto, el asesinato de militantes estudiantiles en manifestaciones y emboscadas, atentados con bombas y ejecuciones sumarias por parte de escuadrones de la muerte, uno de cuyos integrantes, el abogado Carlos Piran, fue senador por el Partido Colorado en 1985, reconocida su existencia por el ministro de Educación de entonces, el posterior dos veces presidente Julio María Sanguinetti; golpizas en centros de estudio por parte de la JUP con apoyo de efectivos militares y policiales, práctica sistemática de torturas en comisarías de todo el país y cuarteles del interior.
Realidad, por otra parte, que sacudía buena parte de Latinoamérica en lo que era la imposición desde el Pentágono de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
El 13 de abril la CNT realiza el paro general más grande hasta ese momento. 107 sindicatos participan de la medida en todo el país, por las libertades y contra el aumento de precios decretado por el gobierno de Juan María Bordaberry.
El 14 de abril de 1972, individualizados por el agente de policía Nelson Bardesio, fueron ejecutados por el MLN-T el subcomisario Óscar Delega y el agente policial Carlos Leites, ambos en la esquina de Rivera y Ponce, en Montevideo, el capitán de Corbeta Ernesto Motto, en Las Piedras, Canelones, y también quien era en ese momento subsecretario de Educación y Cultura e interventor del Consejo de Educación Secundaria, Armando Acosta y Lara. Otro atentado, contra Miguel Sofía, fracasó, pero su participación en actividades del escuadrón fue comprobada y es uno de los reclusos en Domingo Arena.
Por su parte, las Fuerzas Conjuntas, en la calle Amazonas 1440, mataron al matrimonio dueño de casa, Luis Martirena e Ivette Giménez, y capturaron a dos de los dirigentes tupamaros que estaban escondidos en un sobretecho, Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora.
En otra acción, en la calle Pérez Gomar 4392, no quedaron sobrevivientes. Murieron Alberto Candán Grajales, Armando Blanco Katrás y Gabriel Schroeder, tres figuras importantes en el MLN de ese momento. Hay indicios de que todos ellos fueron ejecutados, igual que un joven de 18 años, Horacio Rovira, que vivía allí.
En la noche de ese 14 de abril, se frustró un operativo en el ex local central del Partido Comunista. Allí se realizaba un activo de la UJC y el local fue asaltado por grupos fascistas apoyados por laPpolicía. La disciplina de los militantes de la UJC y la valentía del presidente de la Cámara de Diputados, el legislador del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz y del diputado por la 1001 y el Partido Comunista Jaime Pérez, que se hicieron presentes en el local, impidieron la matanza.
El comienzo del golpe
Recuerda la historiadora Magdalena Schelotto: “El 15 de abril de 1972, la Asamblea General aprueba por 97 votos de un total de 118 la suspensión de las garantías individuales y el estado de guerra interno, quedando suspendidos los derechos de asociación y reunión así como los derechos que la Carta Magna otorga a trabajadores y organizaciones gremiales. Esto no será derogado hasta la votación el 6 de julio de 1972 de la Ley de Seguridad del Estado, con el voto de todos los sectores políticos, salvo el del Frente Amplio, como ya ocurriera en abril. Esta institucionalización progresiva, propia del caso uruguayo, en la que no se respeta la mediación partidaria o legislativa, de la aplicación de medidas como las MPS o la declaración del estado de guerra interno, consolidan un giro autoritario previo al golpe de Estado. El paso previo al golpe sería la recurrencia a las Fuerzas Armadas (FFAA) para tutelar el ‘orden interno’ como apoyo represivo de las MPS. El 9 de setiembre de 1971 se les encomienda a los mandos militares ‘la conducción de la lucha anti subversiva’ y en diciembre se crea la Junta de Comandantes en Jefe. La misma presión que ejerce el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo será puesta sobre el Poder Judicial. Las reformas realizadas a la Constitución en 1967 permitieron al gobierno sortear las trabas existentes para saltar la separación de poderes”.
«Fruto maduro»
En la madrugada del domingo 16 de abril de 1973 se suceden casi simultáneamente, entre las 4.00 y las 4.30, 11 atentados con explosivos y ametrallamientos. Fueron atacados los domicilios de Juan José Crottogini, Carlos Quijano, Carlos Martínez Moreno y otras personalidades políticas y culturales, además de una iglesia y el local de las seccionales 18 y 24 del PCU.
El 17 de abril de 1972 un operativo con más de 500 efectivos militares, policiales y paramilitares, asaltó la Seccional 20 del Partido Comunista de Uruguay, ubicada en Agraciada y Valentín Gómez. El saldo fue el asesinato de 8 obreros y militantes comunistas: Luis Alberto Mendiola, José Abreu, Ricardo González, Rubén López, Elman Fernández, Justo Sena, Raúl Gancio y Héctor Cervelli.
«Las pibas de abril»
En la madrugada del 21 de abril de 1974, las Fuerzas Conjuntas, que incluían a efectivos del Ejército y la Policía, abrieron fuego contra un pequeño apartamento en el barrio Brazo Oriental, en Montevideo.
En el interior estaban la dueña de casa, Silvia Reyes, de 19 años, Laura Raggio y Diana Maidanik, ambas estudiantes de psicología –Maidanik, además, maestra jardinera-, quienes se habrían quedado a estudiar y dormir.
Las tres eran militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.
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