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El informe fue presentado a la prensa éste jueves 14 de julio y consta de una serie de observaciones y recomendaciones a partir del estudio realizado en el período comprendido entre 1968 y 1985 y su trabajo también abarca las desapariciones que no todas se pueden catalogar de forzadas, de niños, adolescentes y mujeres en la actualidad.
El grupo de trabajo integrado por Luciano Hazan, Aua Baldé y Gabriella Citroni destacó el compromiso con el trabajo de familiares de las víctimas, de funcionarios del gobierno y de distintas instituciones como la de Derechos Humanos, Fiscalia, la Suprema Corte de Justicia entre otros y los esfuerzos realizados hasta el momento.
Recomendó que en lo que hace a la búsqueda de detenidos desaparecidos el Estado debe tomar un rol mas proactivo y enmarcarlo en un contexto transnacional, que originó el Plan Cóndor.
Para ello Uruguay debe cumplir con los protocolos de cooperación internacional que permita el contacto con familiares de uruguayos desaparecidos en otros países y con los familiares de ciudadanos extranjeros desaparecidos en Uruguay.
Solicitó se cumpla con la sentencia internacional de la Corte Interamericana que dictó la ayuda del Estado Uruguayo en atención de la salud y otras medidas reparatorias a familiares de los detenidos desaparecidos.
Advirtió que la futura integración de la INDDHH no puede realizarse por cuota política lo que es un riesgo para una Institución que consideran vino funcionando acorde a los protocolos internacionales en la materia, y enfatizó sobre la violación a dichos protocolos de aprobarse la Ley de Prisión Domiciliaria.
Sobre las desapariciones en el presente dijo que el Estado debe tomar un estado proactivo que implica recursos para llevar adelante las investigaciones y aconsejo referirse al Protocolo Alba utilizado en México y Guatemala.