Inicialmente, el juzgado de Fray Bentos había denegado el pedido de prisión efectiva solicitado por la Fiscalía de Lesa Humanidad, permitiendo que los condenados permanecieran bajo medidas sustitutivas como el uso de dispositivo electrónico y fijación de domicilio. Sin embargo, el 31 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de 4° Turno revocó dicha decisión.
En aquella instancia, los ministros Luis Charles, Gabriela Merialdo y Adriana de los Santos fundamentaron la necesidad de la prisión preventiva al considerar que el riesgo de fuga se había "incrementado notoriamente por la existencia de una condena no firme". El tribunal calificó el peligro de ocultamiento como un riesgo "concreto y específico".
Detalles del dictamen
La medida alcanza a los oficiales retirados Óscar Mario Rocca, Dardo Ivo Morales, Abel Pérez, Héctor Caubarrere, Jorge Soloviy, Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Luis Estebenet y Eduardo Saiz.
De acuerdo con el dictamen fiscal, las víctimas del operativo en San Javier fueron sometidas a un régimen de "torturas sistemáticas" que incluyeron métodos como el "submarino", plantones y el uso de picana eléctrica. La muerte de Vladimir Roslik, ocurrida bajo custodia en el cuartel de Fray Bentos, es considerada la última víctima mortal de la dictadura en Uruguay.
