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Derecho Humanos

Operativo limpieza en la madrugada

Procedimientos Policiales con munición no registrada

El uso de "balas yutas" denuncian que se está realizando con mas frecuencia en procedimientos policiales en las calles.

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El asesinato del joven Santiago Barreto a manos de la policía el pasado 25 de febrero en el Cerro permitió detectar una práctica que se está haciendo recurrente en los procedimientos policiales y es el uso de munición no legal ni suministrada por el Ministerio del Interior y adquirida en el mercado negro bajo la denominación de “bala yuta”, una manera de evitar y entorpecer la posterior investigación tanto policial como judicial.

Balas yutas

Según informaron a Caras y Caretas fuentes de la fuerza, algunos funcionarios policiales están apelando con mayor frecuencia al uso de la “bala yuta”, una bala 9 mm común no entregada por los comandos. Según explicaron el procedimiento es que en las armas HK, que tienen un cargador con capacidad para 13 tiros, la “bala yuta” es colocada en la recámara. En la pistola Glock 9 mm que lleva entre 15 y 17 tiros el procedimiento es el mismo, por lo que el arma queda cargada con 18 tiros, aunque a veces nos informan que si bien se suelen entregar 2 cargadores, algunos pueden andar con un tercer cargador con balas yutas. La identificación de la munición está dada por la vaina, casquillo o cápsula y no en el plomo donde solo quedan las estrías del arma, por lo que solo la recuperación del casquillo permite identificar si los tiros fueron realizados con un arma de reglamento. Por eso, muchas veces los casquillos que Policía Científica busca con tanto ahínco, desaparecen de la escena del crimen.

El uso de esta bala yuta, según nuestras fuentes, es de alto uso y circulación en las zonas, en particular de Montevideo, que la policía considera como “rojas”, en general los barrios periféricos de la capital, donde casualmente se producen o se encuentran los cadáveres de “ajustes de cuentas” entre bocas.

Revista de armas

En las administraciones del ministro Bonomi, sobrevivía en algunos funcionarios policiales, uniformados o de particular pero siempre operativos y pertenecientes a varias dependencias, la famosa “arma yuta”, un arma adquirida en el Mercado Negro que algunos funcionarios portaban junto a las municiones y su arma de reglamento para, como en el caso de Lemos, “ser plantada” o utilizada para no dejar rastro del uso del arma reglamentaria. En la misma administración Bonomi se cambiaron los revólveres calibre 38 por pistolas 9 mm y se encomendó a la Dirección General del Departamento de Balística el registro, control y aprovisionamiento de municiones y armas al personal, realizando una revista que con el paso del tiempo se fue debilitando, llegando incluso a la falta de controles en el vencimiento de los chalecos.

La revista de armas y municiones, según nuestras fuentes, se ha debilitado tanto que las mismas dependen de cada comando, con una frecuencia que puede estar entre los 15 días, 3 o 6 meses, y nunca se pasa revista a los grupos operativos cuando salen a la calle.

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Gente de poco hablar

En el año 2014 había oficialmente 580.000 armas registradas para una población de poco más de 3.280.000 habitantes. Es decir, que uno de cada seis uruguayos estaba armado, sin tener en cuenta el importante mercado negro, mercado al que también suministran y proveen funcionarios policiales.En aquellos años, según un estudio de la prensa española, con 32 armas por cada cien habitantes, Uruguay está al nivel de países como Irak (34 armas por cada cien habitantes), muy por encima de Argentina (10 por cada cien habitantes), Brasil (8 por cada cien) o de Colombia (6 de cada cien), pero lejos de Estados Unidos (90 armas por cada cien habitantes). Las cifras están basadas en el “Small arms Surrey 2007”. “El perfil del propietario de un arma en Uruguay es un hombre, generalmente un padre de familia, que tramita la 'tenencia' para poder defender su hogar en caso de agresión externa. Basta con interrogar al vecino, al compañero de trabajo, al médico o al profesor. Muchos reconocerán que tienen una pistola en casa, en un cajón cerrado, muchas veces sin utilizar”, asegura el artículo.“Muchas otras veces las armas se usan y en esos casos la legislación explica la paradójica situación de Uruguay, un país donde el concepto de legítima defensa resulta especialmente protector para el hogar, considerado prácticamente inviolable. En ese contexto, abatir a un ladrón dentro del domicilio se califica muchas veces como 'legítima defensa'. A este informe deben agregarse las disposiciones de la Ley de Urgente Consideración que amplió el concepto en los límites físicos de la aplicación de la Legítima Defensa, y el accionar indiscriminado de la policía según su criterio.

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El abuso policial

El abuso policial, contrario al manejo gradual del procedimiento policial referido a un protocolo que establece Prevenir, Disuadir y finalmente Reprimir, es para algunos funcionarios policiales como la aplicación de técnicas de boxeo en una pelea callejera. Consideran ese protocolo ante una situación de enfrentamiento, casi inaplicable, por un lado para garantizar su propio pellejo pero sobre todo para imponer esa imagen de policía ruda, como tanto han abonado las series policiales americanas. El homicidio de Sergio Lemos en Santa Catalina a manos de un funcionario policial “que escarmentó al pichi”, según sus palabras, no dista mucho de lo ocurrido con el homicidio de Santiago Barreto ocurrido en el Cerro. Pero como también se trataba de eludir responsabilidades penales, en el caso de Lemos el funcionario “le plantó”, es decir, colocó junto al cuerpo un arma que Lemos no portaba. En el caso de Barreto, el procedimiento policial realizado por los funcionarios sin dudas está imbuido de la misma lógica: entorpecer la investigación, pero los primeros indicios confirmaron el uso de una práctica habitual entre algunos funcionarios.

Fuego cruzado en los ajustes de cuentas

A medida que pasa el tiempo, para el equipo operativo que controla un territorio los delincuentes son una postal cotidiana. Se genera una suerte de “convivencia” que en el caso de delincuentes dedicados al “descuidismo”, el consumo en la vía pública y otros delitos menores se resuelve con un poco de prepo y la amenaza de la detención.

Para muchos funcionarios, el “pichi” en general es un botija joven que abarca una franja entre los que denominan “pastosos” o con “apariencia delictiva”, dada por las condiciones de pobreza pero “buenas llantas” y un gorro. Muchos de ellos registran entradas a la seccional, antecedentes o hace poco salieron de la cárcel. Existe una delgada línea, casi invisible, como el color de la tanza, en los ajustes de cuentas entre integrantes de las “bocas”, y las “balas yutas”. Y eso es trabajo del ministro Heber.

La venda de algunos fiscales

Consultamos al respecto a uno de los fiscales de Homicidios sobre el tema; su respuesta lejos de tranquilizar nos dejó mas preocupados. Para el fiscal consultado el problema del uso de la bala yuta es un problema administrativo, orientando la responsabilidad como es lógico al Ministerio del Interior. Seguramente el Fiscal desconoce la debilidad en los controles internos como hemos señalado en la revista de armas y municiones.

Por otro lado afirmó lo obvio, hasta que la bala yuta no sea utilizada no comete ningún delito; la respuesta que parece de perogrullo apaña justamente el objetivo de la bala yuta: evitar la carga de la prueba sobre el funcionario policial en tanto no se puede comprobar que el disparo halla sido efectuado desde el arma de reglamento.

Una vez mas se confirma con anuencia fiscal, que la responsabilidad es del Ministro Heber, con un fiscal de Homicidios que considera asunto administrativo, que algunos policías lleven la muerte en sus recámaras.

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