Desbordes policiales y democracia

Podemos reconocer, como argumentación de estas sospechas, dos tesis: la primera que recuerda que la institución policial es una de las agencias que concentra el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado.

Este monopolio, compartido con las Fuerzas Armadas, es el punto de partida que explica la necesidad de su control y monitoreo sistemático.

El objetivo es evitar la discrecionalidad del accionar y, con ello, los desbordes.

El segundo argumento para que la sospecha sobre el accionar policial siempre sobrevuele radica en la debilidad institucional existente en el país para el monitoreo e investigación de las acciones policiales.

Esta debilidad es intrínseca a las agencias y a los órganos de contralor parlamentario.

En su articulación, ambos argumentos, sostienen el grave problema, al menos en Estados democráticos, de la relación entre uso de la fuerza y derechos humanos.

Así las cosas, uno pudiera pensar que alcanzaría para empezar cualquier análisis sobre desbordes policiales, con el refugio en la formalidad presente en las declaraciones normativas que configuran las formalidades de las democracias.

El grave problema de quedarse en esto es que las democracias no son ni han sido nunca abstracciones y, en su efectiva materialización, ellas portan un sinnúmero de características que explican, por decirlo así, “que existan democracias más democráticas que otras”.

En lo que se refiere a la relación entre agencias policiales y de seguridad, el punto de inflexión que ubica a la balanza en su fiel, radica en el modo que el ejercicio y el goce de derechos humanos se posicione como contrapeso ineludible de las demandas observadas en el accionar policial.

O para decirlo en buen criollo, ninguna demanda de seguridad pública puede sostenerse en desmedro de los derechos humanos; cuando ello acontece, las democracias comienzan un tambaleo que puede derivar en su naufragio.

Las democracias observables, al no ser abstractas, tienen actores e historias sobre el desempeño de estos.

Es justamente, este anclaje en la historia, lo que configura la legitimidad que pueda observarse con respecto a tal o cual agencia policial, y/o securitaria.

En este sentido y mal que les pese a los negacionistas de la historia, las agencias policiales y de seguridad del país tienen, aún, un importante debe con los ciudadanos a los que se dice defienden.

Indagar y/o describir las actuales expresiones de los desbordes policiales implica interrogarse sobre la arquitectura institucional de estas agencias, así como sobre el tipo de agencia que es necesario producir para que su resultado no sea limitativo de los ejercicios democráticos de derechos.

En este sentido, no se puede ser ingenuo, la producción de agencias policiales y de seguridad altamente profesionalizadas no tienen un único contenido.

La profesionalización de las fuerzas policiales y de seguridad es el punto de partida en el reconocimiento de que tal y como están las cosas, estas no están bien y deben transformarse.

Uruguay ha observado, al menos en los últimos 15 años, un tránsito hacia la profesionalización policial que, plasmado en el enunciado “nueva policía”, resumía los déficits y las críticas al accionar de las mismas en todos sus campos de actuación.

Nadie puede pensar que los desbordes policiales son manifestaciones recientes.

Aunque no exista en el país una línea sistemática de investigación sobre el accionar de las agencias policiales y de seguridad, se han producido algunos trabajos que aportan evidencia fáctica de cómo los desbordes policiales se expresan y configuran.

Estos estudios pueden dividirse en: procedentes de organismos de derechos humanos, como la INDH, o procedentes del ámbito académico.

Los estudios más numerosos y sistematizados proceden de los primeros y enuncian la gravedad de los hechos.

La escasa producción académica enuncia “el desprecio” de este singular objeto de estudio, o cuando menos la distancia que se marca sobre un campo de análisis que suele reducirse a sus indagaciones de tipo político y/o ideológico.

Para muchos las agencias policiales y de seguridad se conforman y actúan sobre bases netamente ideológicas.

Ello, aunque porte algo de verdad, corre el riesgo de ser muy reduccionista.

Acá, como en todos los campos de la investigación, las cosas suelen ser más complejas.

Las cosas por su nombre

En el año 2018, por solo citar un ejemplo, una exhaustiva investigación realizada por estudiantes de la licenciatura en Comunicación de la Universidad de la República describía la situación de la violencia policial en el país de la forma siguiente: “Existe abuso policial en barrios periféricos de Montevideo, dicha situación está naturalizada por ambas partes (ciudadanos y policías), existen patrones de conducta policial que están fuera del procedimiento legal como la violencia verbal, física y el abuso de funciones, existe discriminación en función de determinados rasgos físicos y de vestimenta de los jóvenes que sufren este tipo de abuso”.

En una dirección similar, la INDH, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), describía en sus informes especiales, de qué forma, por ejemplo, durante las primeras horas de detención por la Policía se afectaban y/o desconocían derechos o garantías básicas de los ciudadanos detenidos.

Otro tanto se observa en los sistemáticos informes producidos desde la institución comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, en la que en varias oportunidades se señalan observaciones y críticas al accionar policial al interior de las prisiones del país.

Estos ejemplos no solo hacen justicia a esta historia, sino que muestran, además, el modo en que el problema de la violencia y los desbordes policiales transversalizan los posicionamientos ideológicos declarados por los gobiernos de turno.

Los datos e informes existentes, evidencian, además, la dimensión del problema en el país.

Con el cambio de gobierno y las transformaciones generadas a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), estas manifestaciones de desbordes policiales han venido teniendo un aceleramiento muy particular.

La diferencia, con respecto a años anteriores, radica en los intentos de -vía normas legales de baja discusión parlamentaria- su legitimación.

La legitimación del accionar policial que desde el nuevo gobierno se viene ensayando significa, desde el punto de vista político e ideológico, un cambio que reconfigura todo el campo del relacionamiento entre las agencias policiales y de seguridad y los ciudadanos.

La balanza de la relación entre derechos humanos y acción policial, ha perdido el fiel y, con ello, los desbordes policiales consolidan su legitimidad, a partir del sistemático discurso político del respaldo.

La luz verde a los desbordes del accionar policial que hoy observamos la dio y la sigue dando el presidente de la República y, por interpósita persona, su ministro del Interior.

La imposición de un relato sobre la falta de respaldo al accionar policial no es más que una coartada para mantener limitado al máximo el valor de las reglas de derechos humanos.

Ello es lo que explica, de forma directa, todos los cambios introducidos, vía LUC, a las normas de procedimiento policial.

Ubicar estos contrapesos en la balanza de las relaciones policía- ciudadanos es lo que explica ese singular texto que observamos en los móviles policiales desde el pasado mes de marzo de 2020: “De tu lado”.

No es un simple logo, es la forma en que el gobierno actual nos mapea y, al hacerlo, legitima simbólicamente todas las expulsiones que están implícitas en los desbordes policiales.

A pesar del aumento de las denuncias sobre los desbordes policiales que se constatan, vía redes sociales, el problema es probablemente mucho más grave.

El acumulado histórico de las relaciones naturalizadas que describía la investigación de la Udelar adquiere ahora una nueva potencia, la de su no interpelación.

De allí que veamos a un ministro que, a imagen y semejanza de los desbordes policiales, tenga esos desbordes verbales con los que descalifica a las instituciones que “esta democracia” se ha dado para velar por todos y todas.

La pandemia y las medidas adoptadas con respecto al artículo 38 de la Constitución vienen a aportar nuevos ingredientes a un accionar policial que se configura como más libre de acción.

De un plumazo, la palabra aglomeración ha sido convocada para definir un delito que no es. Ya sabemos, de acuerdo a lo anunciado el martes 23 de marzo en conferencia de prensa por el presidente que, con relación a las mismas, “se actuará con todos los instrumentos dispuestos por el gobierno”.

La luz verde del 1º de marzo de 2020 para legitimar y respaldar a la Policía es ahora una amenaza.