Buen amigo es el gato, cuando no araña

Era la primera vez que la Justicia anulaba la autorización de una empresa de cable en funcionamiento.

La sentencia lo fundamentó en que la administración (URSEC), en lugar de revocar la concesión por el incumplimiento del licenciatario de no poner en operación el canal en los plazos exigidos, le permitió continuar en funcionamiento.

Tres meses después, en mayo de 2020, una nota de Caras y Caretas dejaba constancia de que el mencionado canal de cable seguía operando con normalidad, sin que URSEC cumpliera, como era obligatorio, con la sentencia mencionada (la número 656).

Para que los lectores entiendan, VISIÓN CANARIA no es un inocente canal de cable del interior, de esos que peludean para pagar las cuentas a fin de mes. VISIÓN canaria es una fachada del monopolio hegemónico de la Televisión, monopolio que ha recibido múltiples prebendas de este gobierno, como lo hemos denunciado en diversas oportunidades y que hoy mismo lo hacemos en otra nota de ésta misma edición, revelando los millones de dólares que han cobrado por disposiciones gubernamentales que los favorecen.

Como reveláramos en ese momento, VAL SRL es en realidad una máscara que oculta sus verdaderos propietarios.

El socio mayoritario es TADILNOR S. A., socio que posee el 95% del capital accionario.

"De esta galera -decíamos- salen conejos. La magia consiste en hacer que una empresa mayor se asocie a una empresa menor".

Así se convirtió a un modesto canal de cable de Las Piedras, otorgado en las postrimerías del gobierno de Jorge Batlle a un ignoto camarógrafo de Canal 10, que recorriera acompañado de algún militar del proceso diversas ventanillas buscando inversores, en un apetitoso negocio en el que figuran personajes muy ligados a los centros del poder político y mediáticos más influyentes del país.

Los integrantes de ese caballo de Troya eran, en ese momento, según revelan documentos públicos, Rafael Inchausti Chao, Gabriel Pérez González, Juan Diego Abal Acosta, Fernando Parrado Dolgay, Luis Nelson Balparda Guala, Néstor Osvaldo Criscio Gelmi, Martín Eduardo Yaquinta Higgs, Daniel Fernando Yaquinta Higgs, Juan Manuel Yaquinta Higgs, Héctor Oscar Amengual Dupetit, Ignacio Cersósimo Salvo y Magdalena Abadie Malet.

Rafael Inchausti es un abogado muy vinculado a Canal 10 y TCC. El apellido Abadie es muy relacionado a los círculos más estrechos del presidente Lacalle Pou, al Canal 10 y al grupo Magnolio fundado por el hijo de Ignacio de Posadas, propietario de varias emisoras de radio de AM y FM y recientemente del Semanario Búsqueda. Los apellidos Amengual Dupetit y Cersósimo están relacionados con el Partido Colorado y con funcionarios de la dictadura.

Toda la tecnología de VISIÓN CANARIA es suministrada por TCC, empresa de cable de Canal 10 y el propio call center era de esa empresa.

Tres años más tarde las cosas no han cambiado mucho.

VISIÓN CANARIA “resiste”, y aun cuando en cumplimiento de las sentencias judiciales se le canceló su autorización para operar, por una nueva disposición administrativa a todas luces ilegal, se le autorizó a continuar prestando sus servicios de televisión por cable y cobrando los pagos de los abonados hasta tanto por un nuevo llamado se otorgue otro permiso en una instancia “competitiva” en que VAL SRL, o una nueva máscara, correría con el caballo del comisario.

Recordamos que VAL SRL obtuvo una licencia para prestar servicio de TV Cable en La Paz y Las Piedras en el año 2004, luego de un llamado realizado ese año que exigía que el concesionario debía instalarse en un plazo de 12 meses y, de no hacerlo, se le retiraba la licencia.

Pasaron siete años sin que VAL SRL comenzara siquiera a cablear pensando en comenzar su operatoria, lo que le quitaba toda legitimidad legal de poder hacerlo en el futuro. Sin embargo, y pese a que los informes de Asesoría Letrada de la Ursec informaron de esta irregularidad, las autoridades nunca ordenaron la revocación.

Por este motivo Clarice y Tomás Romay, propietarios de Telecable de Las Piedras y competencia de VAL SRL, iniciaron un juicio contra el Estado por los daños y perjuicios que tal omisión les estaba provocando. La sentencia condenatoria del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14 Turno cayó el 8 de noviembre de 2013.

El incumplimiento en exigir la revocatoria provocó un nuevo juicio, esta vez ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo, que tuvo sentencia en octubre de 2019 y ordenó revocar la licencia de VAL SRL.

Mientras tanto, el juicio civil siguió su curso en otros tribunales que confirmaron la condena, tanto en el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7 Turno como la sentencia de la casación realizada ante la Suprema Corte de Justicia.

Pese a todos estos fallos judiciales en contra, la Ursec permitió que VAL SRL continúe prestando servicios en La Paz y Las Piedras, con el grave riesgo que ello representaba para el erario público.

No sorprendió a nadie que la sentencia del 16 de junio de 2020 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14 Turno, obligara al Estado a pagar la suma de $50.451.158 por la pérdida de abonados sufrida por la empresa denunciante, aumentara en abril de 2022 a $135.294.213 y finalmente llegara, en julio de 2023, a $155.210.499, los cuales fueron pagados por la Ursec el pasado 10 de julio.

Que la Ursec haya tenido que pagarle 4 millones de dólares a Telecable de La Paz/Las Piedras, y que ahora se exponga a una denuncia penal por abuso innominado de funciones y al desembolso de otra cifra millonaria por otro juicio civil, es un eslabón más de una cadena de groseros errores que este gobierno viene cometiendo para ayudar a los amigos del poder.

El resultado del juicio ganado por los hermanos Clarice y Tomás Romay por los daños y perjuicios ocasionados por la habilitación de otra TV cable en Las Piedras, no era más que la crónica de la muerte anunciada que afecta al erario público.

El pueblo uruguayo tuvo que hacerse cargo de desembolsar 4 millones de dólares, al haber otorgado irregularmente una habilitación a Visión Canaria, que había demorado varios años en operar desde el otorgamiento de su licencia”.

Lo peor de todo es que la sentencia obligaba inicialmente al pago de $50 millones, pero las demoras de la Ursec en cumplir con su pago terminaron triplicando ese monto hasta llegar a los $155 millones.

No es difícil imaginar, decíamos la semana pasada, cuánto puede significar la demanda a la que se expone el Estado ahora después de este fallo, la que podría ser varias veces millonaria, con el único fin de beneficiar a una empresa respaldada por TCC, el poderoso cableoperador de Montevideo vinculado con Equital S.A, muy vinculados al Partido Nacional y alguno de los círculos más cercanos al presidente Luis Lacalle Pou.

Luego de 2,5 años sin cumplir una sentencia del TCA que anuló su concesión, el 19 de julio de 2022 el gobierno revocó la licencia otorgada a Visión Canaria, servicio de TV cable en La Paz/Las Piedras vinculado a TCC-Canal 10.

La resolución del gobierno no sólo es tardía, sino que les permite ilegal y arbitrariamente a los mismos dueños, mantener el negocio y seguir cobrando por sus servicios hasta la actualidad, ofreciendo promociones por 12 meses, cuando solo tiene una autorización precaria.

Por todo ello, la familia Romay ya pidió la nulidad de la nueva convocatoria, bajo advertencia de que, de no ser así, iniciará un nuevo juicio civil contra el Estado.

¿Cómo se gestó esta burda maniobra que acabó costando una cifra millonaria al Estado uruguayo y ahora lo expone a una nueva denuncia penal?

Yo mismo escribí en mayo de 2020 una larga nota editorial exponiendo todos los entretelones de esta arbitrariedad que un mes después justificara esta sentencia de la Justicia en la órbita civil, que hoy debe ejecutarse en perjuicio del Estado.

Este monto seguirá creciendo porque VAL sigue prestando sus servicios, amparado por el Estado y obteniendo ganancias en La Paz y Las Piedras, mientras el contribuyente paga los errores de las autoridades que han sido advertidas en forma reiterada y que persisten en su inconducta.

El beneficio obtenido le permitió a VAL SRL no sólo seguir prestando servicios sino, además, lograr valiosas ganancias con promociones especiales para ver el Mundial de Qatar 2022.

La empresa denunciante rechazó el nuevo llamado realizado por la Ursec, con el convencimiento de que “sólo pretende regularizar la presencia” de la empresa denunciada como ilegítima, y adelantó que promoverá una nueva denuncia por el prolongado incumplimiento de la sentencia del Tribunal en lo Contencioso Administrativo y la pérdida de abonados sufrida en consecuencia.

La nueva convocatoria parece armada en bandeja para VAL SRL, porque ya cuenta con la infraestructura instalada y con una cantidad importante de abonados como para ser la única interesada en presentarse.

No es un dato menor decir que hace 20 años que no se realiza un llamado de estas características.

Es muy curiosa la insistencia de las autoridades, y en particular del ministro de Industria y el presidente de la República, en mantener la concesión de canal VISIÓN CANARIA, pese a que más de una decena de jueces han fallado sentenciando la arbitrariedad de las disposiciones administrativas que favorecieron a VAL SRL en perjuicio de los hermanos Romay.

¿Es acaso tan difícil para el poder político afectar los intereses de los grandes medios de comunicación hegemónicos?

¿No se ha percibido que la tozudez con que se han manejado las autoridades le ha costado ya al erario público una indemnización multimillonaria y probablemente sobrevendrá otra mucho mayor si se sigue actuando en forma ilegal e injustificada?

Sobre el cierre de esta edición se cerró el llamado que se había hecho para sustituir la licencia que se había cancelado a VISIÓN CANARIA.

Como era de esperar, se presentó un único interesado con otro nombre. Curiosamente, el abogado de los VAL S.A., Dr. Juan Andrés Lerena, sería el mismo de la empresa que se presentó a este llamado.

Habrá nuevas noticias para este boletín.