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ASOCIARMELos artículos que contiene esta ley de medios que impulsó el gobierno son nefastos para la sociedad y ruinosos para el Estado.
Caras y Caretas Diario
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El Gobierno aprobó en el Parlamento una Ley de Medios que contiene artículos advertidamente inconstitucionales, favorece a los grupos poderosos de la comunicación y permite la restricción de la libertad de expresión en un artículo que, aparentemente, el presidente estaría dispuesto a vetar.
El proyecto comenzó a manejarse a principios de esta administración, pero recién se aprueba en el año electoral, a menos de tres meses de elecciones donde, de acuerdo a todas las encuestas de intención de voto, la coalición perdería la conducción del Estado a manos del principal partido de oposición.
Al proyecto de ley de medios de este Gobierno, más allá de algunas modificaciones que atenúan su impacto, siempre se la conoció en los corrillos como Ley Romay, aludiendo a la participación protagónica de los dueños de los canales en su confección y, naturalmente, es una ley que los favorece de manera directa, por lo que, en consecuencia, perjudica a la democracia.
La ley incluye crear cargos en año electoral, algo especialmente vedado por la Constitución y que le permite al Gobierno nombrar por seis años al director de los medios públicos, incurriendo en una flagrante arbitrariedad con la intención de prorrogar, más allá de los límites de este período, su control de los medios de comunicación del Estado.
Hace rato que se sabe que el Gobierno de Luis Lacalle Pou apostó al blindaje. Su desfachatada costumbre de beneficiar a los grandes medios perseguía ese propósito, pero, incluso en el contexto de esa convicción, la ley que acaban de aprobar es sorprendente. De buenas a primeras, en un cúmulo de normas que perjudican a Antel y favorecen a los grandes medios, legisla descaradamente para garantizarse un blindaje post mortem.
Por supuesto que el Frente Amplio deberá conseguir las mayorías parlamentarias que le permitan derogar este adefesio, pero hay que tener mucho cuidado con los “derechos” adquiridos que alegarán las pocas familias que controlan el ecosistema comunicacional, porque la reversión nunca es gratuita.
Cabe preguntarse si las groseras inconstitucionalidades que exhibe la norma pasarán el filtro de la Suprema Corte de Justicia cuando les toque abordarlas, pero, en el mejor de los casos para la democracia, de todos modos hay otro montón de artículos nefastos para la sociedad y ruinosos para el Estado.
Ya es tiempo de abandonar la cantinela de que este Gobierno hace todo mal, pero comunica todo bien. Ninguna de las dos cosas se sostiene: el Gobierno hace negocios que a alguien favorecen y tiene un amplio dominio de la comunicación pública, apenas esquirlado por algunos medios y periodistas críticos, la dinámica libérrima de las redes sociales y la habitual grosería insoslayable de sus prácticas que terminan por convertir en un desafío mayor el ocultamiento sistemático.
Lo único bueno de esta ley de medios es que los desnuda, los pinta de cuerpo entero como lo que verdaderamente son cuando se retira el maquillaje: una coalición de partidos de derecha, con una vocación autoritaria de manual, completamente embarcados en una estrategia de supresión de la información y de la crítica para mantener el control político de la sociedad y continuar favoreciendo un entramado de intereses privados y una orientación conservadora de la cosa pública.
Como advertimos hace mucho tiempo, se conducen directamente a la derrota porque el pueblo no mastica vidrio y la mayoría ya no les cree. Pero, mientras tanto, siguen ejerciendo, haciendo daño y preparando el terreno para tiempos mejores, cuando una mezcla de olvido masivo y marketing de ocasión les brinde nuevamente la posibilidad de volver como si nunca hubiesen gobernado, o hubiesen cambiado en algo o se hubiesen arrepentido.
