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Editorial gestionar | Agua | Gobierno

Inoperancia

La máquina de gestionar mal

La novela de la desalinizadora es una muestra elocuente de la inoperancia extrema del gobierno para resolver los problemas que aquejan al país.

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Ante una sequía prolongada, y largamente anunciada, la primera medida verdadera fue deprivar a dos millones de personas de agua potable. A partir de esa solución catastrófica a la falta de agua en las represas de Paso Severino y Canelón Grande, el gobierno tardó más de un mes en declarar la emergencia, porque el presidente se hacía el sota, mientras secretamente estaba absolutamente jugado a que vinieran lluvias, que no llegaron hasta que en la represa quedaba menos del 2% de capacidad y se acumulaban casi 70 días de suministro de agua excedida en sal y otros compuestos peligrosos como los trihalometanos.

Cuando la situación era inocultable, y la inmensa mayoría de la gente ya no compraba la licencia poética de inventar el concepto de agua bebible o agua segura, para ocultar que se suministraba agua no potable, desagradable, en ocasiones turbia y además, peligrosa hasta para los calefones, el gobierno gestionó la adquisición de una desalinizadora en Estados Unidos y anunció su llegada para el mes de mayo, a la vez que aseguró que en un mes construiría una conexión entre los ríos San José y Santa Lucía. Ninguna de ambas cosas se cumplió. Ni la desalinizadora llegó en esas fechas ni era posible completar esa obra en ese plazo. Con la evidencia, empezó a dar largas a ambas iniciativas y, naturalmente, a postergarlas una y otra vez, mientras se empeñaba junto con los medios de comunicación hegemónicos en una campaña sostenida para responsabilizar a los gobiernos de la izquierda de una crisis que se produjo entera durante su mandato.

El tiempo pasaba, las soluciones no llegaban, las reservas caían y tuvieron que pedirle al ministerio de salud pública autorización para un nuevo aumento astronómico de la salinidad del agua, que el ministerio simplemente no se animó a autorizar, seguramente porque ningún químico, ni médico ni técnico especializado de ningún tipo estaba dispuesto a poner el gancho en una autorización tan disparatada, de consecuencias desconocidas.

El tiempo siguió transcurriendo y el desastre de la falta de agua adquirió repercusión internacional. Algo previsible si consideramos la gravedad de la situación y lo extraordinario de que un país se quede sin provisión de agua potable para dos tercios de su población en pleno siglo XXI. Ante esto, el gobierno se parapetó en una victimización nacionalista insólita y desató una guerra retórica contra el mundo, acusando a los extranjeros de opositores y falsarios, y a los opositores locales de difundir una campaña antiuruguaya por el mundo.

Finalmente, llegaron lluvias que aliviaron la situación coyunturalmente y el gobierno se encuentra apuradísimo por decretar el final de la crisis hidríca sin haber concretado una sola medida ante la contingencia, salvo la exoneración de impuestos a las aguas embotelladas, cuando ya más del 80% de los habitantes del área metropolitana había renunciado al agua de la canilla para el consumo humano. Cínicamente, las autoridades comenzaron a decir que ellos, que seguramente nunca tomaron agua de la canilla, porque pertenecen a estratos acostumbrados a consumos de otra sofisticación, tomaban agua de la canilla, como la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, o el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.

Ahora bien, las lluvias que cayeron aliviaron la situación, pero la sequía no terminó y nada sugiere que se pueda bajar la guardia y que en unas semanas o un poco más, nuevamente retrocedan las reservas. Se necesita una temporada de lluvias para normalizar la situación y si viene, fantástico, pero si no viene, la situación puede volver a repetirse.

Lo que el gobierno ha dejado claro con esta crisis y está dejando claro ahora, cuando se jacta del final de una crisis que no sabemos si terminó, pero que si terminó, no tuvo nada que ver con su gestión del problema, es que constituyen una sarta de incapaces, a la par de insensibles, pero que además solo están preocupados en disminuir el costo político. Porque son básicamente una agencia de publicidad, como los definió Rosencof, pero una agencia de publicidad meada por los perros. No olvidemos cuando el gobierno estaba apuradísimo por instalar que la pandemia había pasado y el presidente se fue surfear en La Paloma, en el medio de un crecimiento exponencial de casos que terminó con la saturación de los CTI y tuvo como corolario una masacre de 1.600 personas por mes entre marzo y junio de 2021, llevando a Uruguay al primer puesto de mortalidad por covid por número de habitantes en todo el planeta por una cantidad de semanas consecutivas.

Ojalá que de la crisis del agua haya pasado lo peor, pero la gestión de este desastre fue un espanto, y las supuestas soluciones, como la desalinizadora de Estados Unidos -que además es de una capacidad muy limitada- o la conexión con el río San José todavía las estamos esperando. En todo ese tiempo, el gobierno se mostró negado y negador y además mucho más preocupado en atacar a las autoridades municipales, que sí buscaron y propusieron soluciones, y a rechazar las críticas, pero también la ayuda internacional, tal vez porque se creen infalibles o, mucho más probable, porque saben que aceptar ayuda es reconocer el problema y saben que reconocer el problema es también reconocerse a ellos mismos como responsables.

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