Los chats del presidente

La negativa de Ferrero al peritaje de los chats ha provocado críticas desde la oposición y ha suscitado una cantidad de suspicacias de la gente común, a juzgar por los posteos en redes sociales, porque impide un paso considerado crítico para conocer hasta qué punto el presidente de la República estaba enterado de las andanzas de Astesiano y, aún más, si le caben responsabilidades sobre sus conductas criminales.

Nuevamente, la actuación de una fiscal genera dudas sobre la imparcialidad de algunos integrantes del Ministerio Público, en su caso abonado por algunos comentarios de los propios dirigentes del oficialismo que siempre han demostrado un excesivo agrado con su perfil, más una conversación telefónica curiosisima con el presidente a principios de año, que fue narrada con pelos y señales por el diario El País, vocero oficioso del Partido Nacional, en un artículo donde, además, se la señaló como la fiscal preferida por la Policía, por el oficialismo y por la exfiscal Gabriela Fossati, hoy en el Partido Colorado junto a Andrés Ojeda, pero hasta la interna dirigente del Partido Nacional y, sólo un poco antes, la primera fiscal a cargo de la causa Astesiano, sospechada de haber protegido al presidente y de haber intentado convertir la causa Astesiano en la causa Gustavo Leal, para dirigirla contra dirigentes de la oposición y periodistas críticos del Gobierno.

Este combo de fiscal preferida por el Gobierno, una llamada inexplicable del presidente cuando asumió la jefatura de la Fiscalía del Corte y la denegación de la posibilidad de investigar los chats claves entre Lacalle Pou y Astesiano, adoptada pese a la solicitud de la fiscal actuante y los indicios que surgen en el libro del periodista Lucas Silva de que el presidente, por lo menos, sabía del espionaje a Marcelo Abdala, provocan indignación. Porque alimenta la convicción bastante extendida de que al presidente se lo está protegiendo, vale decir, encubriendo, para impedir que se conozca su relación con una causa gravísima que le pega de lleno.

Pero si el conjunto es suficientemente llamativo, por no decir más, luce aún peor cuando trasciende que la decisión fue tomada entre las últimas decisiones antes de dejar su cargo transitorio al frente del Ministerio Público, porque ya se sabía que el retorno de Juan Gómez era cuestión de horas o días. Obsérvense estos datos: Ferrero tomó la resolución el viernes 19 de julio y Juan Gómez se reintegró el lunes 21 de julio. El propio diario El País, entre otros medios, había anunciado en junio que Juan Gómez se reintegraría como mucho el primero de agosto. O sea, lo más probable es que esta decisión crítica haya sido la última de Ferrero antes de agarrar sus petates de marcharse de la oficina para dejarle el cargo al fiscal que estaba subrogando.

Como siempre, se podrá alegar que los hechos son frutos de una enorme casualidad, pero como es un hecho más que se conduce a proteger al presidente en esta tenebrosa causa, ya es tiempo de que nos guiemos por la sentencia borgiana: “Dos es una mera coincidencia; tres, una confirmación”. Y en el caso del presidente y la causa Astesiano han sido mucho más de tres los hechos y resoluciones que lo han venido favoreciendo. La mayoría, protagonizados por la exfiscal Gabriela Fossati, pero ahora también por Mónica Ferrero.

La pregunta que surge ahora es: ¿Qué hará Juan Gómez ante la insistencia de la fiscal Sabrina Flores de solicitar que se autorice este peritaje? Mantendrá la negativa de Ferrero y se plegará a la tesis de Fossati de que esos chats deben ser excluidos por seguridad nacional o de la familia del presidente, o finalmente se autorizará esta investigación y se podrán conocer –quizá– los intercambios entre el presidente y su jefe de seguridad, integrante de una asociación para delinquir con un solo condenado, Alejandro Astesiano, que no para de mandar mensajes por redes sociales o cuando hace declaraciones que apuntan directamente con Lacalle Pou y miembros del Gobierno, movido por el rencor de un hombre que está preso, convencido de que es un perejil atómico, chivo expiatorio de un montón de delitos que no cometió solo ni necesariamente por motu proprio.