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Editorial Nadie | presidente | Astesiano

A PROPÓSITO DE DIVISAS DESTEÑIDAS

Nadie es más que nadie

La actitud del presidente de entregar el celular con la condición de que los chats entre él y Astesiano se excluyan de la investigación es altamente sospechosa.

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Caras y Caretas Diario

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Decir que estamos viviendo circunstancias institucionales de una gravedad inusitada que han revelado una tremenda ineptitud e irresponsabilidad del gobierno y especialmente del presidente de la República es reiterar algo que a todas luces resulta obvio.

No es muy creíble que aún haya un tercio de la opinión pública que tiene una buena opinión de la gestión del presidente, lo que hablaría muy mal de la inteligencia de mucha gente o, peor, de la calidad de las encuestas.

Es tan increíble como creer que el presidente no conocía los antecedentes delictivos de Alejandro Astesiano y que las circunstancias se explican por su ingenuidad e inocencia.

Hoy resulta clarísimo que Lacalle ignoró o menospreció las advertencias de allegados y adversarios, incluyendo al director nacional de Inteligencia Estratégica del Estado.

¿Lo hizo por inexperiencia, por tozudez, por soberbia o por otra razón oculta que no nos animamos siquiera a pensar?

Tal vez nunca lo sepamos.

La gravedad institucional es patente y tiene desconcertada a la opinión pública y a muy buena parte del sistema político que aún no puede creer lo que está pasando y no logra aún imaginar lo que muy posiblemente puede pasar en los próximos meses si la investigación continuara como tiene que hacerse.

Insisto en esto, porque hay muchas sospechas sobre lo que la Justicia puede averiguar y esclarecer cuando se ponen en tela de juicio los engranajes más encumbrados del poder.

Yo quiero decir, para que no haya duda, que aspiro a que se investigue todo lo que haya que investigar, que se haga con la mayor transparencia y cristalinidad, con todo el pudor y la sobriedad necesaria y respetando las garantías del debido proceso.

También quiero expresar que desde estas páginas vamos a defender la continuidad del proceso institucional y que en el año 2024 haya elecciones libres y gane el que tenga que ganar.

No hay en nosotros la mínima voluntad de alterar los ciclos electorales y por el contrario, deseamos que no haya ningún otro motivo de reproche a la conducta del presidente y su equipo de gobierno que no sea el reproche político garantizado por las normas constitucionales.

Es sabido que los chats y la documentación secuestrada, evidencian o brindan indicios de tráfico de influencias, intervención no autorizada en los sistemas de vigilancia policiales, gestiones ilegales referidas a la política exterior y a las compras del Estado, cohecho, falsificación de identidad, espionaje político y eventualmente estafas, lavado de dinero y asociación para delinquir.

Cuesta creer que semejante despliegue de actividad delictiva del exjefe de la custodia Presidencial, manifestada en diversos servicios para los que era requerido por personal diplomático, operadores empresariales de Uruguay y otros países y empresas proveedoras del Estado, no haya sido percibida por ninguno de los jerarcas más allegados al Presidente.

Téngase en cuenta que la fama de Astesiano como traficante e influencer en los círculos más estrechos de Lacalle, era muy conocido en el país y había trascendido fronteras.

Semejante cataclismo político no debería hacer mella en instituciones sólidas, máxime que los Partidos políticos, las fuerzas sociales y los medios de comunicación han actuado con responsabilidad y moderación confiando en la acción de la justicia y cumpliendo cada uno con su rol.

Desde hace algunas semanas, yo mismo y los periodistas especializados de Caras y Caretas, hemos respaldado la investigación fiscal y la demanda de la Fiscalía de mayor apoyo y menos obstáculos para su gestión.

Quiero decir, sin embargo, que la actitud de la Fiscal Gabriela Fossati me resulta muy, pero muy rara, desde que la investigación puso sobre la mesa la inminente decisión de detener a Alejandro Astesiano.

Es imposible no recordar que Astesiano sabía que iba a ser detenido al arribar a Montevideo con el presidente y sus hijos.

Eso demuestra que la Fiscalía no mantuvo la discreción necesaria para preservar la operativa que conduciría a Astesiano a la prisión.

Su domicilio ya había sido allanado y también había sido detenido sus cómplices, de manera que Astesiano ya estaba sobre aviso de lo que iba a ocurrir.

Es conocido que se le permitió desplazarse con el Presidente hasta la residencia presidencial de la Av. Suárez lo que le dio tiempo a conversar y a procurar borrar los chats en su celular.

Es sabido ahora que mediante un acuerdo con la fiscal y eventualmente con el fiscal de Corte, Juan Gómez, se pactó excluir de la investigación a las comunicaciones de Astesiano y Lacalle Pou, como si se tratara de un secreto de Estado y que dicho privilegio fue solicitado por el propio presidente de la República alegando su derecho a la intimidad.

No ignoro que Juan Gómez ha respaldado en este episodio a la Dra. Fossati y aunque no se interpreta muy bien en sus palabras, parece que el Fiscal de Corte considera adecuada la actuación de la Fiscal.

Si fuera el caso, empiezo a pensar que estamos ante un hecho que intentábamos no abordar, la resistencia de algunos poderes del Estado cuando se trata de investigar al presidente de la República.

Hace algunas semanas, cuando escuché un audio con reflexiones de la fiscal Fossati en donde manifestaba su deseo de apartarse del “caso”, comenté que me parecía muy llamativo porque yo pensaba que cualquier Fiscal desearía encontrarse en su vida profesional con una investigación que lo pudiera llevar a la gloria.

Hoy, me temo que eso sucede solo en las películas, porque la realidad lejos de acercarnos al mármol, nos acerca a nuestros propios límites.

“A nadie le interesa la justicia”, decía Fossati, advirtiendo que se encontraba en una encrucijada en que los diferentes actores ponían lo político por encima de lo jurídico.

Una voz en el oído me susurra que la fiscal está más sola que el uno y que se empieza a encontrar con lo que” no se puede”.

Desde el momento en que aceptó esa “condición” del Presidente, la Fiscal parece haber renunciado a su obligación de investigar todos los indicios de carácter doloso que hubiera en la memoria del celular colocando un cortafuego que garantizara la inocencia del presidente y su relación con el potencial delincuente investigado.

Ese solo hecho justificaría que ella se apartara del caso porque más allá de que estaba actuando según sus prerrogativas y de acuerdo a los preceptos de independencia técnica, se basaba en un prejuicio político que no tendría justificación si realmente todos somos iguales ante la ley.

No se entiende porque tuvo que pedir el celular como un favor, o como una “entrega voluntaria” cuando podría haber procedido con Astesiano, como con cualquier otro ciudadano, a la incautación de todos los medios del exjefe de la custodia presidencial, con solo habérselo pedido al juez actuante.

Sin haber tenido siquiera acceso a estos intercambios de mensajes entre Lacalle y Astesiano, unos días después, en audiencia y ante el juez, la fiscal eximió al presidente de toda responsabilidad calificando su actuación en la designación de Astesiano como “un error” afiliándose a la argumentación y a las excusas del presidente.

¿Quién no comete un error?, preguntó la fiscal.

Las declaraciones de la fiscal Gabriela Fossati hace dos semanas de que la “investigación estaba destinada al fracaso y que ella no se iba a inmolar ” no ayudan nada a tranquilizar sobre el desempeño de la Justicia y por el contrario aporta más incertidumbre y desconfianza.

Desde esos días la fiscal ha culpado a periodistas, jerarcas de dependencias oficiales, políticos de la oposición, abogados, a su jefe el Fiscal de Corte, a tres Ministros, a los imputados y a los indagados, de obstaculizar su investigación de manera de impedir que llegue a buen puerto.

No ha hecho autocrítica de sus twits, sus declaraciones reiteradas cuestionando a su Jefe y sus resoluciones, reprochándole carecer de palabra y no cumplir con sus compromisos.

Tampoco de sus conversaciones con periodistas amigos y sus comentarios sobre aspectos de la investigación.

No le ha faltado ninguna oportunidad de destacar la colaboración que le presta la Presidencia.

Ha llegado a decir que la Presidencia es la “única que ha manifestado preocupación”, omitiendo considerar que semejante “preocupación” podría ser más un indicio de culpabilidad que de inocencia.

Mientras tanto, el presidente vende humo, diciendo que hay que “raspar hasta el hueso”, que hay que dejar trabajar a la fiscal y que ella debe seguir con el caso caiga quien caiga, porque sabe lo que está haciendo y lo ha hecho muy bien.

Pablo Iturralde, el presidente del Directorio del Partido Nacional, ha hecho un reto público llamando a que el que diga que hay coimas y delitos que involucren a Presidencia debe decirlo de frente y poniendo la cara.

Yo lo digo. La actitud del presidente de la República, Luis Lacalle Pou de entregar el celular con la condición de que los chats entre él y Astesiano se excluyan de la investigación es altamente sospechosa.

La afirmación de Lacalle Pou de que hay que “raspar hasta el hueso” , “caiga quien caiga”, es una soberana hipocresía, máxime que se produce después de que se sabe excluido de la investigación y de que la fiscal ha prejuzgado sobre su inocencia sin siquiera haber investigado su eventual participación en el esquema mafioso que se hacía a pocos metros de su despacho por una persona que estaba a su lado más de la mitad de las horas del día , gozaba de su más estrecha confianza y hasta intercambiaba con él chats en los que se trataban cuestiones íntimas de su familia .

La Dra. Fossati puede alegar que en ese momento se estaba investigando solo la venta de pasaportes, pero hoy ya se sabe que desde Torre Ejecutiva Astesiano atendía muchos negocios, se conoce el alcance de los mismos, se sabe la manera en que usaba su lugar en la administración y su relación con el presidente para sus negocios ilícitos y se conoce que en varios de éstos negocios, Astesiano hacía mención a conversaciones con el presidente.

Hoy ya no existe ninguna razón que justifique el mantenimiento de ese acuerdo arbitrario a la que la Fiscal llegó con el Presidente y que se mantuvo en silencio hasta que un cronista de El Observador tuvo la curiosidad de preguntarlo.

Insisto en calificar como un privilegio excluir los chats de Lacalle Pou con Astesiano de la investigación.

Es más, a mi entender es una barbaridad y si se tratara de una renuncia para investigar indicios delictivos, podría hasta ser una ilegalidad.

La fiscal no tiene moralmente derecho a otorgar ese privilegio y nosotros tenemos derecho a pensar lo peor.

Estamos ante un abuso de autoridad, porque se le permitió hacer algo que no se permite a ningún ciudadano, imponerle condiciones a una fiscal en el proceso de una investigación.

Me parece que habría que restablecer la confianza de la sociedad porque lo que es la mía se resquebraja como el hielo.

Tal vez haya llegado la hora de que la Fiscal se aparte del caso y el sistema político en su conjunto, con la Fiscalía de Corte, se pongan de acuerdo en nombrar un o una fiscal especial, competente, con reconocido equilibrio y sobriedad y responsabilidad probada, que disponga de todos los recursos humanos, materiales y técnicos para raspar “hasta el hueso” como le gusta decir a los blancos.

Lo digo sinceramente. Ojalá todo el mundo sea inocente y todo quede en sospechas infundadas.

Ojalá esta figura del fiscal especial no sea una fantasía mía y al final se encuentre con los mismos obstáculos que la Dra. Fossati, la que por otra parte tiene 30 años de trabajo en la Justicia y ha demostrado capacidad de trabajo, vocación e idoneidad profesional.

Pero solamente si se investiga de verdad y si se restablece la confianza en la investigación fiscal, podremos seguir hablando con honestidad de divisas como “defensores de las leyes” sin que se nos caiga la cara de vergüenza.

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