Pérez anda, gil camina, tonto es el que no adivina

José Artigas

Tal vez el lector de esta columna tiende a creer que está protegido por el equilibrio, la ecuanimidad y la imparcialidad de la justicia y de los operadores de la misma.

En general, siempre confiamos que, al final la justicia se nos aparecerá con los ojos vendados y una balanza romana, que el juez nos proporcionará garantías y que el fiscal nos acusará solamente si hay una presunción de delito suficientemente contundente como para estar fuera de toda duda.

Está claro que no deberíamos ser tan ingenuos, en la vida real uno se encuentra con jueces probos y fiscales mala leche.

Es sensato estar advertido de que, cuando caemos en manos de la justicia, tenemos que estar preparados para las trampas.

Quien ha seguido su trayectoria sabe que cuando se trata del fiscal Diego Pérez, el riesgo de la arbitrariedad se transforma en certeza.

Tal vez su trayectoria sea para algunos poco conocida, aunque nuestros lectores lo han visto mencionado en esta páginas más de una vez.

A Pérez le gustan las marquesinas. Tiene amigos poderosos, utiliza los medios de comunicación para anticipar sus fallos, enreda los piolines de manera de penalizar a quienes quiere imputar.

Escribí varios editoriales en momentos en que en su fiscalía se tramitaban las denuncias de la presidenta de la Ursec contra Nicolás Cendoya, que un par de años después finalizarán con su imputación.

Cendoya fue imputado luego de una prolongada y retorcida investigación, plagada de episodios controversiales y cuyo final aparente fue poco menos que un chasquibus que huele más a venganza que a justicia.

En verdad huele a azufre.

Al señor solo lo conocía por errores gruesos en el desempeño de su cargo, alguno de los cuales fueron observados por los tribunales competentes.

Conociéndolo un poco más, solamente por sus actos, pienso que a Pérez más vale perderlo que encontrarlo.

Sus actos son parciales, arbitrarios e irrespetuosos con las personas investigadas.

La causa contra Cendoya estaba rodeada de demasiado humo e involucraba a los servicios de inteligencia, los canales de televisión, los operadores de las telefónicas privadas y, lo que es más llamativo, favorecía al gobierno.

La justicia es falible, pero cuando la política mete la cola, es patética.

La orden del fiscal de allanar la casa de un director de un organismo del Estado, sin ninguna prueba que lo involucre, simplemente actuando sobre una denuncia de una jerarca que se atribuye la representación de un organismo sin consultar al otro integrante de ese directorio, que representa a la oposición y que será víctima de ese allanamiento sin precedentes, era, en su momento, poco menos que escandalosa.

El allanamiento fue inmediato y sin ningún respeto con un colega abogado, representante del principal partido de la oposición.

Además, en ese momento no había siquiera un indicio de que hubiera cometido un delito y el fiscal no se hizo presente en el allanamiento, que quedó en manos solamente de la inteligencia policial que secuestró, por orden del fiscal, papeles, documentos, computadoras, celulares y hasta los pendrives de los hijos de Cendoya.

La instrucción llevada a cabo por Pérez fue seguida con particular atención por los medios, particularmente por El País y El Observador, quienes se ocuparon de armar el cadalso a la medida del ahorcado.

29 pobres a la cárcel

Un par de años después, Diego Pérez, nuevamente causó sensación.

Imputó a una treintena de pobres que habían construido sus viviendas precarias en un baldío municipal. Las declaraciones del fiscal eran para causar pánico.

“Eran parte de una banda de narcos que había empujado a 500 familias a una gigantesca captura de tierras”, dijo Pérez.

Todos los procesados lo eran por ocupar tierras, robar energía eléctrica y asociarse para delinquir.

No había ningún narco, solo 30 presos de familias muy pobres que invadieron terrenos municipales y privados en un páramo donde no crece ni el pasto y por donde pasan -según dijo la Intendencia- los caños de saneamiento por donde circula toda o una buena parte de la mierda de la capital.

Conste que no soy yo, sino el inefable Pérez el que dijo haber detectado “unos autos de alta gama por la zona”.

Pero entre los costaneros y las chapas, solo metió presos a los que vivían en ranchos de madera y latas y se alumbraban colgados de UTE.

Nada de nada de los narcos que había visto o soñado el fiscal que percibía la acción de “narcotraficantes preparados para invadir tierras y establecer una cabeza de puente para atacar a la Policía desde Santa Catalina”.

Con el pasar del tiempo uno tiende a pensar que el fiscal es un bobeta. Supongo que aún estará vigilante, aguardando que los supuestos narcos nos invadan por el oeste.

En las redadas de Santa Catalina no había ni un narco de alta gama, de esos que es mejor buscarlos en La Tahona.

Me temo que los narcos vienen por el este en autos de lujo, de esos que se venden en las concesionarias de Maldonado a un costo de más de 100.000 dólares la unidad.

Los marineros del Cerro

Unos meses después de que yo escribiera esto, el fiscal Pérez se refirió en El País al asesinato de tres marineros en el Cerro.

Recuerdo de memoria que ese día, cuando aún estaban calientes los cadáveres de los marinos asesinados, advirtió que había personajes -creo que dijo abogados- que actuaban en los dos lados del mostrador; por un lado, asesoraban a los narcos y, por otro, a quienes los perseguían.

Este bolazo terminó en pocas horas sin que los narcos tuvieran arte ni parte y con el culpable de los homicidios evaluando su posible inimputabilidad en el Vilardebó.

El fiscal Pérez nunca más habló de la connivencia de abogados y narcotraficantes, ni hizo ninguna denuncia como correspondería hacerla a un funcionario público.

Nadie le recordó estas declaraciones un poco atropelladas que nada tuvieron que ver con la realidad del triple crimen, ni nadie le reclamó la denuncia que obligatoriamente tenía que hacer si tenía conocimiento de esta infracción a la ley penal de personajes o abogados.

No investigó los dichos de Argimón

Pasaron los días y Diego Pérez manda al Vilardebó a Fernando Cristino. Por ahora no se sabe si se investigaron las barbaridades que dijo la vicepresidenta Beatriz Argimón en su conversación con el relacionista público.

Ni la confesión de que se hacen intervenciones telefónicas, ni la afirmación de que se hacen extorsiones a gente del gobierno todos los días, ni la insinuación de que existiría un dealer de Luis, ni la gestión que prometió hacer a favor de un privado, exsocio o empleador de ella en una escuela de modelos, y socio del hijo en la organización de espectáculos.

No manda al manicomio a la vicepresidenta que dijo lo que no quería decir y prometió lo que no quería prometer. Por el contrario, manda al Vilardebó al interlocutor, al que habían amenazado de muerte, y lo estigmatiza haciéndolo aparecer como loco.

Pero no lo matan literalmente, lo entierran mediáticamente y la Bea lo mira volar por los aires como avistando aves, mientras guarda silencio de radio y ve ultimar a Cristino.

El fiscal Pérez le disparó con el código y lo formaliza por lesiones y atentado. No porque le haya pegado a un ascensorista que en los videos viralizados no se vio, sino a un indefenso policía.

Parece no sorprenderse de que lo llevaran a pasar la noche en Piedras Blancas, parece ignorar que los policías lo judearon, le pegaron, lo humillaron y, además de acusarlo de tres delitos, deja trascender a los medios que en otro juzgado tiene otra causa penal por emitir cheques sin fondos, causa por la que, según los medios, corresponderían varios años de cárcel.

El fiscal no investigó lo que dijo Beatriz Argimón, pero lo mandó a limpiar plazas a Cristino. Y, además, criticó a la Institución de Derechos Humanos por cumplir con sus deberes, lo que constituye, además, una gran burrada, porque desde hace cuatro años, en los que rige la Ley de Salud Mental, es competencia de la Institución de Derechos Humanos el seguimiento de las internaciones compulsivas en las instituciones psiquiátricas.

No quise seguir leyendo las próximas actuaciones de Pérez, porque lo vi más cerca de la tribuna que de los expedientes. No quise creer que, además de hacer justicia, Pérez estaba haciendo buena letra con el poder. Yo creía que había que esperar nuevas actuaciones y nuevos titulares hablando de la astucia y la energía de este fiscal.

La paciencia tiene su premio, porque un tiempo después nos enteramos de una nueva travesura del fiscal Diego Pérez.

Resulta que escribió un informe para el prosecretario de la Presidencia con “informaciones y valoraciones sobre el funcionamiento de la fiscalía, sobre los tribunales de concurso, sobre vínculos de amistad que presuntamente derivan en beneficios y sobre funcionarios cercanos al exfiscal de Corte Jorge Díaz”.

Todo lo que dijo eran fuegos artificiales para congraciarse con el poder.

Ahora pareciera que le llegó el turno al fiscal porque, como dijera Don Quijote, “a cada chancho le llega su San Martín”; es decir, a los malvados, más tarde o más temprano, les alcanza la penitencia.

Como informó la semana pasada Georgina Mayo, el juez penal de garantías, Fernando Islas, quien entiende en la denuncia presentada en junio de 2020 por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación contra el exdirector del organismo, Nicolás Cendoya, y contra el expresidente y vicepresidente de ese organismo, además de otros funcionarios de la administración pasada, comenzó este martes la audiencia de control de acusación.

En esa audiencia, la Dra. Cecilia Salom solicitó al juez de garantías que el fiscal Diego Pérez, quien acusa a los funcionarios de la Ursec de la administración pasada, sea investigado por la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de desacato y abuso de funciones.

“Lo que hace el fiscal Diego Pérez es fraude procesal”, dijo uno de los operadores jurídicos involucrados en la investigación. Las fuentes consultadas por Caras y Caretas indicaron que, a pesar de que Pérez tenía una prórroga para seguir investigando el caso de la Ursec durante 60 días -que finalizaban el 8 de mayo-, la semana pasada llegó a un acuerdo para lograr un juicio abreviado con el exdirector de Contralor de la Ursec, imputado en la investigación. Pérez no solo no interrumpió la investigación, y por eso habría incurrido en desacato, sino que también organizó ese acuerdo abreviado con un juez distinto al de la investigación de la Ursec que se extiende desde junio de 2020.

Según conoció este medio -dice Georgina-, la razón por la cual la penalista Cecilia Salom solicitó al fiscal general de la Nación, Juan Gómez, que revise la conducta y los posibles delitos cometidos por el fiscal Diego Pérez, reside justamente en que la continuación de la investigación por parte del fiscal Pérez no solo transgredió el plazo de prórroga decretado, sino que llegó a un acuerdo con el imputado Luis Abascal, que era un testigo clave en el juicio del exdirector de la Ursec, Nicolás Cendoya.

En la audiencia del martes de control de acusación se señaló, por parte de una de las defensas de los acusados, al juez de garantías, Fernando Islas, que lo hecho por el fiscal Pérez “es una trampa”.

Fuentes de la investigación indicaron a Caras y Caretas que “el fiscal Diego Pérez inventó una causa dentro de la causa principal contra el exdirector de Contralor de la Ursec, Luis Abascal, por presuntas irregularidades en una radio de Florida. El fiscal -indicaron los informantes- habría amenazado a Abascal de imputarlo sobre ese asunto para lograr el acuerdo abreviado. De paso, de esa manera, Pérez evitó que Abascal declare libremente en el juicio oral contra Cendoya”. La eventual presión que ejerció Pérez sobre Abascal lo haría incurrir en el delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley.

Además, durante la audiencia a la que tuvo acceso Caras y Caretas, la defensa del expresidente de la Ursec, Gabriel Lombide, sostuvo que la conducta del fiscal Pérez se enmarca “en un patrón de conducta caracterizado por la mala fe”.

El otro punto que los defensores de los acusados por la Ursec cuestionaron en la audiencia del martes es la decisión del organismo y del Ministerio de Industria de negar los legajos de unos 15 funcionarios policiales involucrados en las incautaciones de celulares y dispositivos de la Ursec, y el legajo de los funcionarios de la Unidad Reguladora que también deberán declarar en el juicio. Los legajos pueden ser importantes porque hay funcionarios que declararán como testigos del organismo y que cuentan, por ejemplo, con antecedentes administrativos y sumarios.

Desacato, mala fe, fraude procesal, tramposo, fueron términos referidos a este fiscal tan lleno de vericuetos y tan cercano al poder.

Hay fiscales antipáticos, severos, mediáticos, austeros y duros, pero han aparecido otros que practican una suerte de sicariato jurídico perdonando o sancionando según le convenga al poder.

Nuevamente, la cosa está en manos del fiscal Juan Gómez, a quien le tocó lidiar con estos camaleones y que, como la fiscal Gabriela Fossati, terminó haciéndose la cirugía estética y proponiéndose para las listas del Partido Nacional. Si al final todo se arregla con un “refreshing”, la justicia se vuelve una farsa.

En un país en donde blancos y colorados otorgaron a sus amigos todas las radios y canales de televisión para toda la vida y para la vida de sus hijos y nietos, en un país en donde aún hoy se entregan millones de dólares a los canales de televisión y a las empresas multinacionales telefónicas por prebendas injustificadas e ilegales, a Nicolas Cendoya aún se le sigue un juicio penal por haber devuelto unos equipos mal secuestrados a una radio comunitaria y haber permitido aumentar la potencia a una pequeña emisora de una pequeña localidad del interior.

Después que a Cendoya le arruinen la vida, todo se arregla con un lifting.

Mucho de lo escrito en estas líneas el lector lo habrá leído otras veces. Es curioso, pero lo escrito sobre las burradas de Diego Pérez resiste absolutamente el archivo.