Actualmente, según Acnur, Uruguay alberga a más de 600 refugiados y solicitantes de asilo de más de 30 países. Esta historia se remonta desde la época de la colonia, en tiempos de la Banda Oriental. El territorio de nuestra banda recibía vecinos de otras comarcas, perseguidos y escapados.
En 1832 muchos unitarios argentinos se exiliaron en Montevideo tras la llegada al poder de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires. Juan Galo de Lavalle despuntaba en ese grupo (que hasta fundó su propio diario), además de Jacobo Varela (padre del futuro reformador de la educación).
El territorio uruguayo, en medio de la lógica regional de contienda durante el siglo XIX, asiló a innumerables exiliados y a su vez exilió a muchos de sus ciudadanos.
Entrado el siglo XX, es recordado el asilo político que Uruguay le otorgó al ministro de Hipólito Yrigoyen, Horacio Oyhanarte, tras el golpe del general Uriburu. En el contexto europeo del nazismo y el fascismo, dos uruguayos despuntaron con actos dignos del asilo y el refugio político. Florencio Rivas y Carlos Gurméndez, cada uno en su momento, siendo representantes diplomáticos de Uruguay, salvaron a centenares de judíos en Países Bajos ante su inminente prisión.
En 1964, quien pidió asilo a Uruguay fue el presidente brasileño João Goulart. Derrocado por un golpe militar que aupó al poder al general Castelo Branco, Jango pidió asilo en el país y le fue otorgado. Se lo podía ver caminando por 18 de Julio sin guardia personal.
Esta es la historia que muchos esgrimían a la hora de sostener que Uruguay se lo iba a otorgar a García e inclusive muchos lo comparaban con el asilo otorgado al líder del APRA, padrino político de García, Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero en el caso de García, las razones son extremadamente diferentes a las razones de Jango, de Oyhanarte o a las que llevaron a Haya de la Torre a exiliarse en la Embajada colombiana a mediados del siglo XX. Incluso estas razones son muy distintas a las razones que llevaron al mismo Alan García a exiliarse en la misma Embajada colombiana en 1992, cuando Alberto Fujimori dio aquel recordado autogolpe.
Las razones en este caso son de corte esencialmente judicial; García se encuentra investigado por la megacausa Odebrecht, que ha hecho caer al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El fiscal Domínguez asegura que Odebrecht pagó coimas millonarias a lo largo de tres presidencias y una de ellas es la segunda de García (2006-2011). El actual presidente del partido aprista de Perú cobró 100.000 dólares en 2012 por una conferencia en Brasil; ahí comienza la punta de la madeja. García ya había sido investigado en 1992 y en 2013, pero no se llegó a ninguna condena.
En este caso, por tanto, la cancillería uruguaya siguió los protocolos y tomó la decisión adecuada. En caso de otorgarle el salvoconducto a García, el gobierno uruguayo daba por sentado que los poderes en Perú estaban cooptados, sobre todo el judicial. De esta forma, debía entrar en un conflicto con el gobierno peruano.
