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Sociedad Mides |

Juan Pablo Labat

«El ataque al Mides es un problema inventado»

En un escenario electoral en el cual una de las discusiones se centró en la inversión en políticas sociales que realiza el Ministerio de Desarrollo Social -cuya gestión se puso bajo la lupa de la oposición-, Caras y Caretas dialogó con Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo del Mides, sobre algunos de los mitos que forman parte del discurso mediante el cual se acusa al Estado de “mantener vagos” con transferencias monetarias.

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Una de las críticas en las que se centra el discurso de la oposición es acusar al Estado de hacer “asistencialismo” mediante las prestaciones sociales que implican transferencias monetarias. Entre estas prestaciones que financia el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a hogares pobres, la Tarjeta Uruguay Social (TUS) es la que implica una mayor inversión. Labat explicó que el monto varía según la cantidad de menores que residen en el hogar, que se duplica en caso de hogares en extrema pobreza. Para evaluar esta situación, un equipo del Mides visita los hogares y se calcula un índice sobre la situación socioeconómica del hogar, el Índice de Carencias Críticas (ICC), en el cual inciden variables como vivienda, confort, educación y composición del hogar. Dependiendo de la situación de cada hogar, la suma de dinero que reciben oscila entre $ 1.061 en los hogares con un menor a cargo y $ 2.853 en aquellos con cuatro o más menores a cargos. En casos de extrema pobreza, los montos se duplican y van desde $ 2.122 para un niño o niña hasta $ 5.706 en caso de cuatro o más menores en el hogar.

Otra de las prestaciones son las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM-PE) las cuales son gestionadas por BPS y Mides y están dirigidas a menores de 18 años y mujeres embarazadas del 20 por ciento más pobre de la población.
El director explicó que para evaluar el gasto que representan estas transferencias conviene hacer referencia al menos a dos conceptos: el gasto público total y el Producto Bruto Interno (PIB). Con respecto al gasto total que representan estas transferencias, el especialista detalló que de cada 100 pesos recaudados por el Estado, se invierten alrededor de 1,4 pesos en transferencias a los hogares más pobres. Observando en términos de PIB no alcanzaría medio punto (0,5 puntos), sumando Asignaciones Familiares del Plan de Equidad y Tarjeta Mides. “Si a esto sumamos el resto del presupuesto del Mides, no llegamos a un punto del PIB”, afirmó.

 

Mitos y prejuicios
Uno de los mitos más recurrentes respecto a las transferencias monetarias es que estas se multiplican según la cantidad de niños que vive en el hogar, razón por la cual los pobres se dedican a tener más hijos, planificando vivir del Estado.
Con respecto a esta idea, Labat expresó que “quedan muy pocas familias de muchos hijos en Uruguay; aquel imaginario de que los pobres tiene muchos hijos como estrategia para multiplicar  ingresos es falso. También es falso que las prestaciones se multipliquen por los niños que tienen las familias. Una familia que se ubique en el umbral más pobre, con cinco o seis hijos menores, y que perciba una tarjeta doble y asignación familiar, andará en 7.000 u 8.000 pesos en total. Es un error pensar que con esta suma de dinero se puede mantener una familia numerosa, o incluso una pequeña”, afirmó.
Otro mito muy arraigado es que la gente ha salido de la pobreza por las transferencias del Estado. “Con lo que el Estado otorga por estas prestaciones es imposible que se pueda producir una movilidad social ascendente o generar un ahorro. Es apenas una ayuda que les puede servir para pucherear un poco mejor un par de semanas”, expresó.
Para Labat, resulta necesario que la gente comprenda que estas prestaciones constituyen en promedio de alrededor de 10% del ingreso de los hogares beneficiarios; asimismo es indispensable erradicar esa idea equivocada de que la población que recibe transferencias del Estado no trabaja. “Estas prestaciones no son para hogares de personas que no trabajan; dado el monto que tienen las transferencias, nadie podría vivir sólo de esto. Pero es una condición que se ignora e imaginan que quienes cobran son atorrantes o inútiles que viven del Estado”.
Sobre este punto, explicó que si se suman las tasas de ocupación y desempleo para los sectores que cobran transferencias y aquellos que no cobran, el resultado es el mismo. Según informó el director, de cada 100 personas en edad de trabajar en los hogares que cobran transferencias, 62,7 trabajan o buscan trabajo y en el resto de los hogares que no cobran lo hacen 62,9. “Es cierto que dentro de los que cobran prestaciones hay mayor desempleo, pero lo que es más cierto aun es que ganan mucho menos por sus trabajos. Es decir que la pobreza se explica porque el desempeño de esta población en el mercado de trabajo es deficitario en relación a los ingresos necesarios para salir de la pobreza y no por la no concurrencia de los pobres al mercado de trabajo”, enfatizó.
Labat criticó esa postura de estigmatizar a quienes cobran transferencias como “los vagos que no trabajan y están drogándose en la esquina o tomando vino”. A su entender, ese discurso conservador, identificado con la oposición, se basa en construir una idea de culpa y depositarla sobre esta población o sobre el Estado para evitar asumir la necesidad de que la sociedad se haga cargo del problema. “Si el rendimiento deficitario de los mercados de trabajo se reconociera como un problema social en el que todos tenemos algo que aportar, se estaría justificando el gasto en políticas y, por consiguiente, el cobro de impuestos, que, lejos de perjudicar el desarrollo, lo favorece, como vienen mostrando 14 años de políticas de distribución. Pero todo ello cuestionaría muchos privilegios y atacaría las bases de la desigualdad”, sostuvo el jerarca.
Con respecto al tema de los jóvenes, y en particular sobre los jóvenes pobres, Labat reconoció que la situación de los que están drogándose en la esquina existe y representa un problema, pero aseguró que “no son ni cerca la mayoría de los jóvenes” que no trabajan ni estudian. “Los jóvenes son la principal válvula de ajuste del mercado de trabajo. Sucede que muchos ingresan al mercado de trabajo para hacer una changa de dos o tres meses, dejando los estudios, y luego no pueden volver al liceo. En el caso de las mujeres, muchas abandonan el sistema educativo para dedicarse al cuidado del hogar”, explicó.
“Dicen que el Estado cultiva la pereza y las malas costumbres o hablan de los irresponsables que tuvieron oportunidades y se están drogando en la calle. Pero no podemos tolerar todos esos versos; que nadie te tome para un empleo porque vivís en Marconi no es un problema del Estado, es un problema de la sociedad. La enorme mayoría de la gente que vive en las ‘zonas rojas’ es tan laburante como la que vive afuera”.
Por otro lado, Labat destacó la relevancia del trabajo territorial que se realiza desde el Mides para evaluar estas situaciones, en contraposición a la crítica que se les hace de trabajar desde la oficina. “Desde 2011 se han hecho más de 270.000 visitas que permitieron construir información sobre población de extrema pobreza, lo que posibilitó el surgimiento de nuevos programas sociales como Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red y Cercanías, entre otras acciones. A partir de estas visitas se encontraron múltiples situaciones de exclusión que los programas convencionales no atendían de manera eficiente como para esperar resultados.
“La mayoría de los trabajadores del Mides son, además, trabajadores de territorio, contrariamente a lo que afirman los que están por descubrir Casavalle olvidando las decenas de casavalles que construyeron sus correligionarios en la segunda mitad del siglo XX”.
“Para los que hablan de burocracia, conviene aclarar que 75 por ciento del presupuesto del Mides va a los hogares de forma directa y que, si bien hay recursos que no llegan en forma directa, en general se trata de acciones que implican procesos mediados por técnicos que trabajan en territorio. El despliegue territorial del Mides es enorme en relación a otros ministerios, la mayoría del personal está en territorio y no en oficinas en el centro de Montevideo”.
Por otro lado, Labat reconoció que aún queda mucho por hacer para cambiar la realidad.Es real que con los recursos que maneja el Mides hay determinadas realidades que no se pueden transformar. A eso hay que agregarle los problemas propios de una institución que cumple demasiados cometidos y que de seguro puede mejorar, pero que tiene el compromiso de enfrentar los viejos y los nuevos problemas sociales sin esconder la cabeza en un agujero ni echarle la culpa a la propia gente que está viviendo penurias”, expresó.

El Mides vs. la manija
Labat cuestionó muchas de las medidas que plantea la oposición para solucionar estas problemáticas, las cuales significan, a su entender, “barrer para abajo de la alfombra”. “Pretenden definir los problemas sociales de hoy como un problema de ejercicio de la autoridad que se arregla con mano firme y recortar el acompañamiento y la protección para que la gente se las arregle como pueda. Eso ya lo vimos y nos condujo a la más grave exclusión que conoció este país. Tenemos un conjunto de personas que, en reglas generales de competencia, pierden siempre y el pensamiento conservador no se cuestiona por qué”.
Labat cuestionó ese relato “disparatado” que, por un lado, repiten discursos de “qué mal que estamos” y, por otro, minimiza la crisis de 2002. “Al observar los indicadores, se puede ver que la realidad de hoy es incomparable con el período 2002-2004. Es real que tenemos muchos problemas de situación de calle, pero estamos hablando de unos centenares de personas, no de cientos de miles. La diferencia entre 39% de pobreza y 8% de pobreza es de un millón de personas. Hoy hablamos de adultos en la calle, no de niños. Olvidamos que a comienzos de 2000 había 1.000 niños en la calle”, recordó.
Para el director, el ataque al Mides “es un problema inventado, un ataque político”. “Los problemas importantes que tenemos como sociedad no son del Mides, no al menos de enfoque; los problemas que aún tiene este país son problemas globales de política”.
Una de las ideas que propone Labat es universalizar las asignaciones familiares para que cobren todos los niños. “De esta manera terminaríamos con esta discusión ridícula de lo que gasta el país en trasferencias monetarias a los pobres. El 85 por ciento de los niños de nuestro país reciben algún tipo de transferencia del Estado, terminemos de darle al otro 15 por ciento y que se transforme en un derecho de todos los niños para que ya no sea objeto de discusión. Con este tipo de debates se evita discutir sobre asuntos importantes como el salario real, el nivel de empleo, la desigualdad, el modelo de desarrollo, las políticas públicas que faltan y sobre cuánto estamos dispuestos a invertir como sociedad con nuestros impuestos y trabajos en solucionar ese tipo de problemas en vez de participar en la manija”, afirmó.

 

El debate real
Para el funcionario, gran parte de los problemas que atraviesa la sociedad están ligados a la violencia generada por un proceso de exclusión que expulsó a una parte de la sociedad a la que ya no precisaba más. “Vivimos en una sociedad cada vez más violenta, hija de una frustración por pretender lograr la felicidad a través del consumo, lo cual es un proyecto imposible. Pero lamentablemente hay gente que lucra con esto, es rentable para la mala política generar odio”.
En esta línea de pensamiento, Labat cuestionó si este es el tipo de modelo que queremos para nuestra sociedad y se preguntó qué propone la oposición. “Que me diga la oposición cuál es su programa. ¿Decirle a la gente que viva sin miedo? La inseguridad no es sólo el miedo a que te apunten con un revólver. Se trata del miedo a no tener trabajo, a saber si te vas a jubilar, si alguien va a proteger a tus hijos el día que no estés, o saber si no vas a terminar vos mismo o tus hijos en situación de calle”.
Para concluir, Labat afirmó que el debate en torno al accionar del Mides es una “parodia”. “Las fuerzas conservadoras no vienen necesariamente por las transferencias monetarias, eso es apenas 0,3 del PIB; ellos vienen por la distribución global del ingreso, por el reparto entre capital y trabajo. Están preocupadas por el crecimiento de la masa salarial, o sea, por el porcentaje del producto que está yendo a manos de los trabajadores. Ahí se juegan más puntos del PIB que en la asistencia social”, afirmó.

“Se acusa al proyecto político actual de asistencialismo, pero el asistencialismo implica generar políticas permanentes construyendo una dependencia con el Estado. Lo que promovió el Frente Amplio fue construir pisos de protección, pero trabajando simultáneamente en la movilidad social a partir de la generación de empleos. No hay ningún modelo político en el país, en la historia reciente, más centrado en el trabajo que el modelo del Frente Amplio”.

 

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