El avance del «secretismo» de los contratos vacunales

Estos acuerdos permiten, en general y de forma restrictiva que los fabricantes de los medicamentos tengan asegurada la no revelación de los acuerdos alcanzados.

Considerados como “contratos multimillonarios”, en la firma de los mismos aparecen cláusulas, tanto de protección de responsabilidad, de protección de la propiedad de las patentes, así como los márgenes de maniobras que definen las fechas de entrega y los precios acordados.

En un extenso artículo del The New York Times, se ejemplifica lo anterior, con el caso de las reacciones de los miembros del Parlamento Europeo, quienes habrían accedido, por primera vez, a la lectura del “primer contrato públicamente disponible para la compra de vacunas contra la COVID-19”.

A pesar de ser considerado, uno de los contratos más transparentes, los parlamentarios europeos no pudieron acceder a muchas informaciones que se han pactado como “confidenciales”.

Dentro de los acápites censurados se encuentran: los precios por dosis, el calendario de entrega y la cantidad de dinero que se pagó por adelantado.

Son acápites que, sencillamente, han sido censurados, una censura que es condición “sine quanon”, de lo pactado entre gobiernos y productores.

Lo curioso, agrega el medio de prensa norteamericano, es que lo que no se refleja en la forma y condiciones, en que se realizan estos contratos, es el aporte que los gobiernos, ahora compradores, han invertido para hacer posible la producción y las investigaciones de las grandes firmas farmacéuticas involucradas en la producción de las vacunas.

“Los gobiernos han invertido miles de millones de dólares para ayudar a las compañías farmacéuticas a desarrollar vacunas y están gastando miles de millones más para comprar las dosis”.

A pesar de esto que puede ser altamente contradictorio, lo cierto es que “la mayoría de los detalles de los acuerdos con esas empresas siguen siendo secretos. Los gobiernos y las organizaciones de salud pública han accedido a las exigencias de las farmacéuticas que piden mantener los pormenores en secreto”, agrega el The New York Times.

Contemplamos así, la institucionalización política, bajo el amparo gubernamental, de lo que puede definirse como la legitimidad gubernamental del “secretismo de los acuerdos”.

Como venimos observando en nuestro país, se trata de un “secretismo” que obstaculiza e impide cualquier proceso que conduzca a una verdadera práctica de las rendiciones de cuentas.

Esta modalidad de acuerdos, instituye, además, una lamentable práctica de los gobiernos y el uruguayo no es la excepción, que termina otorgando mayor primacía a las regulaciones de las empresas productoras que a las de las normativas y legislaciones nacionales.

La aceptación de esta subordinación, no sólo es grave, en el caso de los países que han hecho millonarios aportes para el desarrollo de las investigaciones conducentes a la producción de los fármacos, sino que es aún más grave, para el caso de aquellos países, como el Uruguay, donde ese tipo de aportes es inexistente.

En el caso de los primeros, hace concluyente y hasta “aceptable”, la cuestión de permitir que las grandes productoras se sostengan de los aportes de los Estados, aunque luego “les hagan” pagar por lo producido, desconociendo el valor de lo “aportado”.

En el segundo caso, lo que se consolida, casi que, sin “rubor” alguno, es la tácita aceptación de que solo así es posible adquirir lo que se precisa.

Para estos gobiernos, como es el caso uruguayo, esta tácita subordinación, reconfigura, en la “era Covid”, la histórica sumisión a los “poderosos”, algo así como “el destino manifiesto”, e “inevitable”, de nuestras naciones.

Tanto en unos casos, como en los otros, aunque con diferentes intensidades de “subordinaciones” a los exigido por las productoras, los escasos documentos disponibles muestran, con singular “desvergüenza”, las múltiples exigencias y condiciones que las compañías farmacéuticas exigieron y obtuvieron.

Una forma de negociación donde, desde los “plazos de entrega flexibles”, la protección de patentes y las inmunidades exigidas para evitar posibles responsabilidades, en casos de efectos negativos,

aseguran, no sólo la obtención de las suculentas ganancias, sino, además, ubican en los compradores cualesquiera de las responsabilidades que, eventualmente se deriven del uso dado a las vacunas.

De allí emerge, casi sin decirlo, la “cláusula” del consentimiento informado, exigido a quienes accedan ser vacunados y que, cada vez más, aparece en el escenario del mundo Covid.

Presentado así, se trata de un negocio redondo, una venta donde lo que no está en juego es la calidad, eficiencia y efectividad de lo vendido, sino lo que ha sido cobrado.

Que las empresas se interesen solo por las ganancias no es una novedad, pero que los Estados se posicionen como garantes de las mismas, sin siquiera insinuar cláusulas protectoras para aquellos a los cuales se supone debe entregar y dirigir sus acciones, esto es, los ciudadanos, es como mínimo, un tácito acto de deposición estatal.

Las formas en que los gobiernos están desarrollando las posibles modalidades de acuerdos, revela no sólo, la “geopolítica de las vacunas”, sino, además, las fragmentaciones regionales de las acciones conjuntas.

Las modalidades de acuerdos se reducen a tres tipos: los que compran directamente a las empresas farmacéuticas, una prerrogativa disponible para una minoría de países.

Por ejemplo, “Estados Unidos ha reservado 400 millones de dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna, una cantidad suficiente para 200 millones de personas, y está cerca de ordenar 200 millones de dosis adicionales para el verano, con opciones para comprar hasta 500 millones más. También tiene acuerdos de compra anticipada para más de 1000 millones de dosis de otras cuatro compañías cuyas inoculaciones aún no cuentan con la aprobación regulatoria de Estados Unidos”.

Los que compran a través de organismos regionales como la Unión Europea o la Unión Africana, una modalidad que intenta balancear las desigualdades de negociación potenciadas si el accionar es individual.

“La Comisión Europea (…) negocia en nombre de sus 27 Estados miembros, tiene casi 2300 millones de dosis bajo contrato y está negociando por unos 300 millones más”.

Y finalmente los que han recurrido al Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX), “una alianza de más de 190 países que está comprándoles a las farmacéuticas con el objetivo de que las vacunas estén disponibles en todo el mundo”, es claramente la opción de los países pobres, ya que presupone obtener las vacunas, de manera gratuita o a un costo reducido.

“COVAX dice que tiene acuerdos por poco más de 2000 millones de dosis de vacunas, aunque también mantiene sus contratos en secreto”.

Existe una variante combinada, y en ella entra Uruguay, la de los gobiernos que han firmado acuerdos tanto con fabricantes como con COVAX.

“Solo alrededor de una docena de los 92 países que califican para recibir los subsidios de vacunas que otorga la alianza han logrado asegurar acuerdos con compañías individuales, por un total de 500 millones de dosis”.

Para nuestro caso, el no avance a una perspectiva regional de relacionamiento, como la encarada por Europa y África, revela claramente, el alto nivel de fragmentaciones presentes en una región que, al igual que aquellos países de Europa y África, cuenta con una institución, el Mercosur que, de haber sido atendida, ubicaría a la región en una perspectiva diferente.

Como se desprende de los anterior, la “geopolítica de las vacunas”, no puede ser entendida sin estos “secretismos” que reproducen, “in totum”, las clásicas subordinaciones a las grandes formas del capital.

La diferencia es que ahora, los “clásicos” lances de los “toma y daca”, típicos de los mercados, han caído y en su trayectoria declinante, se han llevado consigo las otroras “potencias”, bajo la cual alguna vez se erigieron los Estados.

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