El caso Argimón: extorsión y vigilancia

Uno. Existirían escuchas telefónicas sistemáticas dentro del Estado, específicamente en el gobierno, autorizadas o no por los dialogantes.

Dos. Habría amenazas y/o extorsiones más o menos veladas desde particulares a funcionarios del Estado y viceversa.

Tres. Podría pensarse en omisión delictiva de denuncia, por funcionarios públicos, de delitos tales como extorsión, amenazas y afines.

Cuatro. Se dice explícitamente, por parte de Argimón a Cristino, que no hable más de ciertos temas sensibles que son siempre ‘escuchados’, para los cuales hay equipos de respuesta constituidos y rápidamente activos, a quienes ella les pidió que no actuaran para hablarlo antes con él.

Cinco. Causó especial sensación el pedido firme de Argimón a Cristino de que no mencionara más cosas como “el dealer de Luis”.

Alcanzan, y sobran, todos estos puntos, para generar conmoción viral en las redes sociales, en la opinión pública, y en los ámbitos políticos y gubernamentales. La primera reacción del gobierno fue negadora. Al mejor estilo de los terraplanistas que niegan la curvatura de la Tierra, el presidente y su ministro del Interior calificaron de ‘disparate’ la existencia de escuchas telefónicas en democracia, según ellos solo posibles si son autorizadas judicialmente. Lacalle Pou y Larrañaga fueron lo suficientemente guapos como para animarse a llamar ‘de ciencia-ficción’ la posibilidad de escuchas telefónicas, mostrando una pertinaz residencia en el limbo.

Como puede verse, todavía parecen creer que la Tierra es redonda. Todo esto, pese a más de 45 años de literatura -desde Private Lives, Public Surveillance, de James Rule en 1974- y tecnología crecientemente acumuladas que muestran que el ‘disparate’ es cada vez más profundo, ubicuo y multiforme, desde la vigilancia espacio-temporal muy mejorada hasta la ‘datavigilancia’. Transparentar estos temas se vuelve urgente ante la inminente instalación, parte temible de la LUC, de un Servicio de Inteligencia Estratégica del Estado, plenipotenciaria jerarquía superministerial, supraparlamentaria y parajudicial de vigilancia y control solo subordinada a Presidencia.

La paranoia introyectada por la obsesión de la seguridad, más la hipocondría instalada por el pánico por la salud (por ejemplo, coronavirus) son las herramientas básicas para la imparable imposición contemporánea de sociedades de hipercontrol y vigilancia sensorial y por medio de datos, distopía ficcional originada en novelas de los años 80 (por ejemplo, las novelas de Huxley, Orwell, Skinner) y de panópticos imaginados en el siglo XVIII pero tecnológicamente viabilizados durante el siglo XX.

Escuchas telefónicas, consentidas o no

Podría haber diferencias, en relación a lo que en definitivamente parece haber ocurrido en el ‘caso Argimón’; si dichas escuchas telefónicas fueran coyunturales o sistemáticas (organizadas y con equipos de análisis y respuesta orgánicos) o si fueran conocidas y consentidas (como aquellas en que se avisa que la conversación se está grabando para mejorar el servicio).

Es muy claro, desde las palabras de Argimón, que hay un aparato orgánico y sistemático, no solo de escuchas, sino también de acciones legales y eventualmente otras no especificadas. Y que las escuchas no son conocidas por los dialogantes, ni mucho menos consentidas por ellos. Lo que bien hace Argimón es advertirle a Cristino que todo es escuchado por equipos especializados, que, además, tomarían medidas inmediatas, legales o no, de las cuales ella lo habría salvado por el vínculo interpersonal laboral y familiar anterior de su hijo y de ella con él.

Quienes hemos visto agitar puños crispados con expresión indignada y amenazante en medio de reuniones públicas, cuando hemos criticado públicamente proyectos de legisladores blancos en ámbitos legales (por ejemplo, proyecto de ley de rebaja de edad de imputabilidad penal de Gustavo Borsari en el Colegio de Abogados, con presencia del subsecretario del Interior Washington Bado) podemos imaginarnos sin dificultad el accionar de esos equipos y la tarea futura del director del Servicio de Inteligencia Estratégica del Estado.

Escuchas posibles versus escuchas legales

Es importante hacer una precisión: podríamos concordar con nuestros límbicos y encumbrados ‘terraplanistas’ en que escuchas no autorizadas judicialmente no podrían ser admisibles como indicio o evidencia válida en un proceso. Pero la utilidad de escuchas clandestinas no autorizadas judicialmente ha sido, es y seguramente será enorme.

Desde la escucha de un teléfono celular abandonado encima de una mesa, hasta la consulta de un Facebook sin cerrar, las grabaciones de un detective privado para investigar una infidelidad conyugal, los micrófonos de ojal en James Bond, la invención de los seguimientos por tobillera electrónica con GPS (autoría de Spiderman) o los recursos del espionaje bélico y luego industrial. Definitivamente, la audición y filmación de lo que sea tiene inmensas utilidades, y su tecnología progresa aceleradamente, para audios y videos.

No se olviden de que el Che Guevara fue descubierto en la selva boliviana por un avión estratósférico estadounidense que, desde más de 10.000 metros de altura, pero equipado con sensores de rayos infrarrojos, mapeó con un ‘mapa de calor’ el área por donde un miliciano había fumado fugazmente, y esa diferencia local de calor guio a las tropas buscadoras. Pero de eso hace ya 50 años.

Ahora, tanto eso como los ‘pinchazos’ telefónicos, con grapas que separan cables, algunos de los cuales redireccionan, están muy convenientemente superados tecnológicamente. Pero el peor problema no es el de la falta de autorización judicial para escuchas que pueden implicar beneficios para la seguridad, defensa e integridad territoriales; el peor problema es la explotación personal y/o institucional de dispositivos de escucha para extorsiones a individuos y grupos, ni siquiera como autoritario mecanismo de defensa de última instancia frente a monstruosos enemigos; simplemente como modo de coartar libertades y declaraciones o acciones adversas, o como expeditivo modo de generar ingresos, o de perjudicar enemigos por extorsión y difamación.

Las escuchas y filmaciones son una voraz y lucrativa industria de extorsión y difamación sociopolítica, aunque no se tenga autorización judicial. Y las redes sociales han contribuido en grande. Pues bien, a esta enorme y creciente industria, financiera y políticamente floreciente, nuestro guapo ministro del Interior la ha llamado de ciencia ficción, quizás merecedor de abundantes memes. Porque darle a individuos o instituciones dispositivos de escucha para ser usados de modo selectivo y controlado judicialmente para casos importantes permite el uso por fuera, institucional y personal, de esos mismos dispositivos para otros fines, o para los mismos pero a nivel informal, aunque no judicializable. Y porque el mundo de la creencia y la opinión no es solo ni fundamentalmente el judicial.

En definitiva, no se necesita de esos permisos para instalar desde cookies una aplicación que videe desde el micrófono de su propia computadora lo que usted ve (haciendo captura de pantalla si se desea) o lo que usted hace cuando ve algo; y copiando sus contactos para amenazarlo mejor; o perjudicarlo directamente.

Son de ciencia ficción, o de una hipocresía y falsedad graves, quienes niegan esta pesadilla creciente, hace mucho instalada entre nosotros; cada dispositivo de vigilancia tiene un uso legal y otro paralegal; comprarlo, instalarlo y usarlo para el uso legal tiene la inevitable contracara de habilitar el uso paralegal, que se sufrirá tarde o temprano, aunque la excusa del estado de excepción y el momento excepcional brinden las coartadas. En verdad, quienes lo tienen para uso legal también lo usarán paralegalmente, con alta probabilidad.