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El Frente Amplio ante la reforma de la Seguridad Social

El día viernes la Mesa Política del FA emitió un comunicado en el que se trazan las grandes líneas de acción de la coalición en el ámbito de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, a través de sus representantes en la misma

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El pasado viernes 11, se reunió la Mesa Política del FA para recibir el informe de los representantes de la coalición que participan en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), convocada en cumplimiento de la Ley Nº 19.899 de la LUC para realizar un diagnóstico del sistema previsional y presentarle al Poder Ejecutivo recomendaciones para su reforma. Por el FA participan José Luis Baumgartner, Ernesto Murro y Jimena Pardo.

Luego del encuentro de la Mesa, se emitió una declaración de cinco puntos en la que se reafirma en primer lugar que la cobertura de Seguridad Social debe tener «como principal eje temático» la priorización de los/as más vulnerables y a aquellos/as trabajadores/as que, en un futuro, podrían no acceder a las prestaciones que actualmente otorga el Sistema».
En segundo término se reafirma la naturaleza social de la reforma, afirmando que la misma «no puede hacerse sólo
desde la perspectiva de que cierren las cuentas públicas. La buena noticia de que las personas viven más -en promedio- en nuestro país, no puede considerarse aislada de los desafíos que está planteando el mercado de trabajo y la realidad en general, para gran parte de los trabajadores y empresas, para productores y cuentapropistas,
personas con discapacidad y aquellos que aún están en la informalidad, así como para los propios jubilados y pensionistas, y tampoco de las diferencias entre distintos trabajos como la construcción, domésticas, rurales y otros.
En tercer lugar se insiste en la «integralidad» de la reforma, «incluyendo a todos los regímenes contributivos y no contributivos, de todos los institutos de Seguridad Social del país».
El cuarto punto advierte que la mejora en la equidad del Sistema en su conjunto «debe incluir a la globalidad del sistema, a todos los subsistemas y no sólo al BPS».

El punto cinco señala la preocupación por los tiempos que el gobierno ha asignado al trabajo de la CESS, ya que «se está estableciendo un plazo de seis meses, en un contexto de emergencia sanitaria, donde entre otros temas se ha demostrado la importancia de la protección social y del Estado para resguardar el bienestar de las personas, para diagnosticar y elaborar propuestas de reformas de todo el sistema».
El sexto punto se fundamenta además por el hecho de que «el propio gobierno reconoce en la exposición de motivos que acompañó su Proyecto de Presupuesto Nacional que las reformas exitosas que le sirven de referencia han
insumido más de dos años», por lo que «en Uruguay, en el contexto actual se pretenda hacer en seis meses, es preocupante».
En el séptimo y último punto se respalda «el trabajo que vienen haciendo los integrantes de la delegación del FA en la Comisión de Expertos en Seguridad Social», al tiempo que se les encomienda «que expresen en el seno de la misma, la decisión de esta fuerza política, sobre la necesidad de procesar estos análisis con el tiempo que implica una temática vasta y compleja».

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