El gobierno beneficia a empresarios mientras trabajadores pagan costo de la crisis

“La situación es de crisis […] En 14 meses de gobierno, el salario real, la jubilación, los ingresos de los cuentapropistas han caído y en los primeros cinco meses del año han aumentado muchísimo las exportaciones, especialmente las agroindustriales, por lo que ha habido un crecimiento muy importante de la ganancia, tanto sea en precio, por el aumento del dólar, como en el volumen”, dijo Olesker.

Sostuvo que claramente en estos meses ha habido una caída de los ingresos salariales y un aumento de la pobreza mientras que por otro lado sucedió un incremento de la ganancia del sector empresarial, “sobre todo de los sectores exportadores que tienen mayor grado de concentración del capital”.

“Esta crisis es económica porque hay una caída en la producción y sobre todo perjudica a los sectores asalariados a través del salario real y del empleo. Implica un aumento de pobreza que sobre todo perjudica al interior, de los 100.000 nuevos pobres del 2020, 81.000 son del interior y 20.000 de ellos son de ciudades de menos de 5.000 de habitantes. Desde el punto de vista de ingresos, caen los salarios, los ingresos por cuenta propia y las jubilaciones […] Es básicamente una crisis social, económica y sanitaria cuyo principal destinatario son las familias de trabajadores y jubilados con mayor énfasis en los menores ingresos, pero en general para toda la clase trabajadores”.

***

¿Cómo definiría la situación del país en materia sanitaria y económica?

La situación es de crisis. El concepto sintetiza la situación que vivimos desde hace ya un tiempo y que se ha consolidado en 2021. Esta crisis es económica porque hay una caída en la producción y sobre todo perjudica a los sectores asalariados a través del salario real y del empleo. Implica un aumento de pobreza que sobre todo perjudica al interior, de los 100.000 nuevos pobres de 2020, 81.000 son del interior y 20.000 de ellos son de ciudades de menos de 5.000 de habitantes. Desde el punto de vista de ingresos, caen los salarios y los ingresos por cuenta propia y las jubilaciones. Es una crisis económica, social y también sanitaria: en la medida que hemos recorrido desde diciembre en adelante, pero particularmente desde marzo en adelante, una fuerte explosión de la crisis sanitaria, el aumento de los contagios, fallecidos, que ya oscila en los 5.300, muestra que estamos hablando de 15 cada 1.000, lo que implica una de las cifras más altas en la comparación internacional.

Es un momento que tiene efecto en el hoy pero que sobre todo va a tener consecuencias en la post pandemia. Una vez que la covid-19 empiece a cesar, va a haber una desigualdad creciente, un aumento del desempleo, de la pobreza, y van a haber secuelas poscovid vinculadas a todas las patologías que no se han cubierto en estos meses de pandemia o las propias secuelas del virus sin que el principal prestador de salud del país haya recibido refuerzos presupuestales para atender esta realidad presente y futura.

¿Se puede decir que esta crisis está siendo pagada mayoritariamente por los pobres?

Sí, yo diría que por los trabajadores asalariados y cuentapropistas, que van más allá del concepto de pobreza. Esto es importante: el nivel de pobreza entre los trabajadores ocupados aumentó. Una parte de los 100.000 nuevos pobres son trabajadores ocupados, este es un dato importante, pero es más amplio que el concepto de pobreza, si lo tomamos como aquellos que están por debajo de la línea de pobreza. Es una situación que básicamente ha afectado a los trabajadores asalariados, cuentapropistas y a sus familias y que todavía no ha afectado tanto a los jubilados, pero los va a perjudicar. Digo que todavía no tanto porque el ajuste jubilatorio de 2020 fue por los salarios de 2019, por tanto, todavía recibieron un ajuste vinculado a una política salarial del gobierno anterior, pero en 2021, se va a sentir también en los hogares de jubilados. Es básicamente una crisis social, económica y sanitaria cuyo principal destinatario son las familias de trabajadores y jubilados con mayor énfasis en los menores ingresos, pero en general para toda la clase trabajadores.

¿Por qué se definió la medida de la interpelación al ministro de Salud, Daniel Salinas, y a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, para el 6 de julio? 

El proceso de pandemia, como lo comentaba en el punto anterior, tiene las siguientes características: es una crisis que se ha agudizado en el último tiempo, por eso nuestro pedido alude fundamentalmente al año 2021 y afectó desigualmente, con mayor énfasis a los sectores trabajadores y más pobres.

Dada esa caracterización, trabajamos fuertemente en todos estos meses de la pandemia en proponer alternativas para revertir estos efectos tanto en lo económico, social y sanitario. El esfuerzo grande que hicimos fue la comisión de seguimiento de la covid-19. La propusimos el 3 de diciembre, cuando los números empezaban a mostrar un cierto viraje hacia una mayor explosión de la transmisión comunitaria de la covid-19. Recién se nos aceptó el 5 de abril, cuatro meses después, ya en un momento trágico, ni siquiera crítico.

Hicimos un conjunto de propuestas allí que prácticamente no fueron tomadas en cuenta. Por ejemplo, la reducción de la movilidad drástica y corta en el tiempo, la compensación económica para los hogares impactados, las licencias por enfermedad para las personas que tenían comorbilidades, ninguna fue tomada, algunas otras se tomaron en parte de manera insuficiente, muy tardías, y algunas se anunciaron, dijeron se va a hacer tal cosa, pero hasta ahora no tenemos muchas novedades de eso. Nuestra propuesta en lo esencial fue desechada y en lo particular se tomó alguna medida con escasísimo aporte.

Entonces, de alguna manera eso terminó una etapa. Todos coincidimos que terminó porque ningún partido político propuso en la sesión del 8 de junio, cuando había vencido el plazo de la comisión, renovarla. Hubo un consentimiento de que ese camino había sido frustrado. Entonces el camino que nos quedaba era interpelar a los ministros responsables de la estrategia contra la pandemia, que es la salud y la economía para poder analizar el ayer, por qué no se tomaron determinadas medidas a pesar de que la evidencia científica es abrumadora sobre la necesidad de reducción de la movilidad. Además, para saber qué se puede hacer ahora, porque nos resta un invierno, que puede tener consecuencias importantes, y conocer qué se está haciendo para un futuro pospandémico para resolver las secuelas que va a dejar la pandemia. En todas partes del mundo ya se están tomando medidas para ello. Es una interpelación sobre el ayer, sobre el hoy y sobre el futuro.

El director de Ancap en representación del Frente Amplio, Walter Sosa, aseguró que la situación financiera del ente “es angustiante” y se manifestó en contra de que se siga aumentando el precio de los combustibles. ¿Qué consecuencias tiene esta situación para la población?

En el caso del aumento del precio de los combustibles, lo que hay que tener claro es que el gobierno tuvo una actitud diferente frente a dos sectores de la sociedad. El gobierno dice que el aumento era imprescindible otorgarlo en el mes de abril y lo dio en junio. El argumento que dio es que no quería aumentar los costos productivos de la zafra agrícola, sojera y arrocera, por lo que benefició a ese sector. Sin embargo, hace el aumento en junio, cuando hay consejos de salarios, donde puede darse que en agosto cobren un salario incremental porque obtengan un aumento gracias a la lucha sindical, ¿por qué no se esperó hasta agosto, donde los trabajadores con más ingreso podían hacer frente al aumento de supergás y la nafta? Una actitud discriminatoria respecto a cómo contempló al sector sojero-arrocero.

Ancap tiene varias alternativas, por ejemplo, no aumentó el Imesi de las naftas o actuar con algunas sobre el gasoil, lo que hubiera permitido con costo fiscal amortiguar los efectos de esta medida, que va a tener mucho impacto sobre el bolsillo de los trabajadores, que ya viene impactado. Hasta ahora, en 14 meses de gobierno, el salario aumentó 7 por ciento y los precios llevan casi 11 por ciento, por lo que ya los hogares trabajadores han perdido poder de compra y esta medida lo va a afectar aún más.

¿Entonces usted cree que hay una intención del gobierno en todas sus políticas de beneficiar a los empresarios y perjudicar a los trabajadores?

Las intencionalidades en política resurgen de analizar las medidas que se toman. Yo no creo que sea útil desde el punto de vista del análisis político discutir las intencionalidades, sino que hay que ver los resultados. En 14 meses de gobierno, el salario real, la jubilación, los ingresos de los cuentapropistas han caído y en los primeros cinco meses del año han aumentado muchísimo las exportaciones, especialmente las agroindustriales, por lo que ha habido un crecimiento muy importante de la ganancia, tanto sea en precio, por el aumento del dólar, como en volumen, y claramente uno puede asegurar que en estos 15 meses ha habido una caída de los ingresos salariales, una caída de los ingresos del trabajo y un aumento de la pobreza y por otro lado un incremento de la ganancia del sector empresarial, sobre todo de los sectores exportadores que tienen mayor grado de concentración del capital. Eso es el resultado objetivo, medido de las políticas económicas y sociales de estos 15 meses.

“Al gobierno no le interesa la opinión de los demás”

Usted dijo que hubo un cambio en la relación entre gobierno y oposición. ¿Qué implica ese cambio?

La relación no tiene por qué cambiar esencialmente, porque es política y cada uno cumple su rol. Es un cambio en la visualización de cuánto el gobierno está dispuesto a trabajar en colectivo, cuánto le interesa el diálogo, cuanto le interesa la opinión de los demás, no me refiero solo al Frente Amplio, porque las medidas del FA fueron abrumadoramente rechazadas, especialmente las esenciales. Incluso todavía no fue tomada en cuenta la propuesta del Partido Colorado de adelanto de inversión pública y Cabildo Abierto dijo en la reunión de Torre Ejecutiva que le habían hecho varias propuestas al presidente para aumentar la protección social sobre todo a las micro y pequeñas empresas, tampoco se tomó en cuenta. Tampoco a la comunidad científica, a los sindicatos, a las organizaciones de la pequeña empresa que han reclamado que las medidas todavía son insuficientes, entonces, en realidad el cambio es que a lo largo de estos 14 meses ha quedado demostrado que el gobierno no le interesa la opinión de los demás y que el diálogo no es un valor para el Poder Ejecutivo.

Recordemos que cuando el impuesto de emergencia covid-19, el Partido Colorado dijo que era imprescindible que no sólo se gravara a los trabajadores públicos, sino que también a los privados, tampoco se lo escuchó. El Partido Colorado votó igual el impuesto, pero reclamó. En estos meses hay variados ejemplos de propuestas de otros partidos que integran la coalición en los que ni siquiera se ha tomado en cuenta la opinión de los integrantes de la coalición.

¿Entonces solo gobierna el Partido Nacional?

Está claro que, dentro del Poder Ejecutivo, el PN tiene un peso considerable. Pero gobierna la coalición, eso está claro, las principales leyes como la LUC, presupuesto, se votaron por toda la coalición. Solo advierto que en algunos temas que son importantes en materia económica, social y sanitaria, el gobierno no ha escuchado ni a sus propios socios.