Recetas contra asesinatos
Sergio Guarteche manifestó “decepción”, “amargura”, “impotencia”, “indignación”, por los más recientes asesinatos de policías en actividad. Y postula, principalmente y entre muchas cosas, un cambio del nuevo Código del Proceso Penal, una mejor legislación que facilite la defensa en acción de los policías, una mezcla de mejoría simultánea -muy difícil de lograr- de principios de autoridad y de liderazgos, mucha más prevención e inteligencia, policías comunitarias descentralizadas, mejor instrucción en defensa personal (sugiere el sipalki) y manejo de armas diversas. A todo esto suma una gestión de calidad integral empresarial moderna de la Policía y una sustitución del círculo vicioso denuncia-investigación-detención-justicia, por un círculo virtuoso que enfatice la prevención inteligente y la reducción de las causas con actuación antes-durante-después para poder lidiar con causas y consecuencias del crimen que ahora no se tocan. Veamos algunos comentarios a algo de esto.
Uno. Los funcionarios del Ministerio del Interior son muchos miles (al menos 30.000, gruesamente), de modo que, como a cualquier ciudadano, les corresponde una cierta probabilidad variable de ser victimizado, probabilidad tan baja como apreciable y real, y especialmente espectacular, tanto popular como mediáticamente sobreenfatizados. No necesariamente un policía sufre un delito por ser tal, sino que puede ser simplemente producto de problemas familiares (como un fallecido reciente), de las probabilidades que cualquier ciudadano, residente o turista, civil o público tiene de ser víctima de crimen. Lo dicho vale para los taximetristas, que no siempre son víctimas por su oficio, lo que hace que el sindicato equivoque algunas medidas en desmedro de la población.
Dos. Pero, pese a estas probabilidades similares a las de cualquier ciudadano, hay algunos temas que hacen a los policías (también a los taximetristas) más vulnerables y susceptibles de victimización: tienen codiciadas armas y chalecos para la creciente lucha entre facciones criminales, en especial del narcotráfico. Quizás en este rubro los policías estén especialmente afectados por una doble irrupción del Estado en la criminalidad, tanto en las modalidades de producción y comercialización de marihuana regulada, que provocan ‘desempleo’ en el mercado negro, y luchas por territorios y cuotas más escasas de producción-comercio, como en los operativos de saturación en zonas rojas y en barrios tomados por el crimen, que son adecuadamente desalojados, reprimidos y procesados, pero dejando más desempleo negro, disputas de territorios y necesidades no provistas para dependientes de los reprimidos. El Estado ha atacado recientemente algunos enclaves criminales de existencia y presencia sin duda oprobiosos, pero le ha dejado a un cruento mercado negro y gris los ajustes de empleo posteriores, como si el Estado sólo debiera destruir ilegalidades y no también cuidar de la no reproducción de situaciones criminógenas que pueden provocar nuevas criminalidades liquidadas.
Tres. Los funcionarios policiales, por su participación en investigaciones y detenciones, como por su trabajo judicial y carcelario, tienen mayor riesgo de sufrir vendettas. Esto aumenta probablemente a raíz de habituales abusos de autoridad callejeros y en allanamientos rapaces, apremios y humillaciones en vehículos policiales y en sede policial, así como de comportamientos irregulares en detenciones, instancias judiciales y de penitenciaría, secuelas de corrupción y actuaciones privadas personales de policías usando ilegalmente informaciones públicas para su peculio individual. Todas estas acciones pueden originar venganzas y vendettas. La caridad bien entendida empieza por casa; y tanto la población común como los libros sobre seguridad, crimen y policía afirman estos extremos; se debe actuar para reducir la comisión de humillaciones, abusos y parcialidades que puedan volverlos más buscados que a otro tipo de ciudadanos.
Leyes, liderazgos, cercanía, gestión
Varios de los puntos mencionados rápidamente por Guarteche obligan a comentarios también breves pero no menos importantes. De acuerdo con que haya una más continua y completa preparación en sipalki, defensa personal y manejo continuo y actualizado de armas. Hay que rediscutir la relación interpersonal letal delincuente-policía para que no sea ni suicidio público con deudos ni tampoco gatillo fácil. Es un punto que debería debatirse continuamente para que códigos, leyes y reglamentos acompañen la evolución de las armas y de las modalidades delictivas; pero de ninguna manera los policías están ‘regalados’; la pésima Ley de Procedimientos Policiales los ha beneficiado desde 2007 con una exposición de motivos hipócrita, un articulado que les da facultades, pero que los controla poco administrativa, civil y penalmente en beneficio de un eventual ciudadano vulnerado en sus derechos, libertades y garantías. Quizás la peor ley votada en democracia de la historia del país. Hay que discutir constantemente hipótesis concretas aggiornadas tecnológicamente, eso sí, pero no están regalados ni mucho menos es esa la tendencia.
Es muy difícil equilibrar énfasis en liderazgos con énfasis en afirmación de principios de autoridad, salvo que fueran liderazgos para la interna y autoridad para afuera; y esto sería cuasi-autoritario. No es fácil compatibilizar ambas exigencias. Sí es cierto que una cadena de mandos y organigramas poco claros producen incertidumbre y desánimo ineficaces que hay que ajustar. Sobre la dureza legal, recordemos que nunca ha solucionado mucho y que ha sido siempre una fuente imparable de corrupción; porque la mayor gravedad de la infracción lleva a un mayor precio por la permisividad o la tolerancia. Y la corrupción es más probable que la virtud en los controladores y en los infractores como consecuencia de prohibiciones, en toda la historia y también hoy. El hecho de que haya 66 por ciento de reincidentes adultos no implica sólo que no les importen sentencias, penitenciarías y sufrimientos; también significa que no hay rehabilitación ni cuidado por derechos humanos ni prescripciones constitucionales. Y que, debido a la magnitud creciente de las penas, los procesados y el monto de los negocios en juego, se tolera el ingreso corrupto de cualquier cosa en los celdarios, por terceros o por los propios funcionarios (celulares, drogas, alcohol, armas u objetos transformables en tales).
Básicamente concordamos con las ideas de policías de cercanía y comunitario-territoriales y no tanto de las mediáticas intervenciones de cuerpos espaciales centralizados sin permanencia pluridisciplinaria en los lugares intervenidos. No me parece que los operativos de seguridad y convivencia interinstitucionales e interministeriales efectuados signifiquen un menoscabo del comando técnico operativo policial, aunque eso se juega en la iniciativa y desarrollo de cada instancia del mismo, y en esas canchas se ven los pingos.
Muy interesante y muy ricos los comentarios de Guarteche; pueden ser una buena guía para debates sobre política penal y criminal.
