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El 1º de enero de 2003, con la posesión del primer gobierno de Lula da Silva, Brasil inició un proceso de apertura democrática e importante avance de conquistas sociales; sin embargo, como era de esperarse, al poder histórico no le gusta ser un invitado en la administración del gobierno y se propuso recuperarlo.
Los gobiernos del PT, generaron un desarrollo económico y social sin precedentes, poniendo a Brasil a la vanguardia del continente y consolidándolo como una de las economías más fuertes del mundo, lo que por primera vez se vio reflejado en la calidad de vida de la ciudadanía, avanzando en aspectos tan importantes como la erradicación del trabajo esclavo, que era muy extendido en Brasil hasta el momento.
Según el Banco Mundial, el crecimiento del PIB per cápita se triplicó durante los gobiernos del PT, sin embargo, la persecución de la derecha siempre estuvo a la orden y desde los 90, los montajes judiciales fueron pan de cada día en la carrera política de ese partido; antes de ser gobierno, la ultraderecha y sus agentes en la estructura del Estado les acusaban de secuestros, terrorismo y actos vandálicos, entre otros. Al ser gobierno, ese tipo de actuación continuó aplicando la misma fórmula, sólo cambiando los nombres de los delitos.
Brasil y Argentina han sido el laboratorio de los procesos judiciales por corrupción contra los gobiernos alternativos, y esa realidad tiene a Luíz Inácio Lula da Silva en prisión, gracias a un proceso en el que lo único claro es que es culpable, aunque no hayan sido capaces de demostrar de qué.
Lula fue condenado a 12 años de prisión por corrupción por el juez Sérgio Moro, aun cuando las inconsistencias en el procedimiento son enormes, pues fue un proceso hecho de forma atropellada con el único objetivo de sacarlo de la carrera por la presidencia, pues desde el inicio del proceso electoral, su nombre arrasaba en la intención de voto; nada hay de raro que pasados los comicios el montaje no se pueda sostener mucho tiempo más.
El 1º de setiembre de 2016, con una votación de 61 contra 21 en el congreso, fue aprobado el impeachment contra Dilma Rousseff, que dio por terminados 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores. Asumió Michel Elías Temer, neoliberal consumado que logró desmontar en unos meses lo que se construyó durante años, y la población lo sintió.
La receta neoliberal aplicada en Brasil parece sacada de un manual: los gobiernos alternativos “derrochan” recursos en políticas sociales y de inversión interna, por lo que el nuevo presidente (Temer o Macri) debe llegar a “sanear” el Estado por medio de recortes sociales, vendiendo sus principales activos y exonerando de impuestos a las grandes empresas para “estimular la inversión privada”.
Como resultado de esto, la población siente en profundidad la disminución de sus condiciones de vida, lo que se justifica en los grandes medios de comunicación (que hacen parte de los grandes conglomerados económicos beneficiados) como el necesario sacrificio que debe hacer todo un país para salir de “la bancarrota en que dejó la izquierda a la nación”
El proceso contra Dilma logró su cometido en la instancia jurídica, ya que fue destituida de su cargo; sin embargo, en la instancia política la situación no está tan clara, pues la mayoría de los directamente implicados en el impeachment han sido destituidos o tienen sendas investigaciones por corrupción, incluido el mismo Michel Temer, quien está terminando su período presidencial con un nivel de aprobación de 4% debido a medidas tan lesivas como el congelamiento del presupuesto para la educación durante 15 años o el proyecto para vender Petrobras.
Desde ese momento la lucha jurídica ha sido intensa, recursos e impugnaciones han ido y venido; incluso hubo un pronunciamiento hecho por el Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU solicitando el respeto de los derechos políticos de Lula y que fue abiertamente ignorado por el Poder Judicial, pues incluso llegó a prohibirse mencionar a Lula durante la campaña, lo que claramente muestra una persecución ideológica. Finalmente, y luego de agotar las instancias de apelación, Lula decidió declinar su candidatura en favor de quien hasta el momento venía como fórmula vicepresidencial: Fernando Haddad.
En la otra mano está Jair Bolsonaro, un exmilitar que se ha caracterizado por sus posturas abiertamente racistas, clasistas, xenófobas y machistas; durante las últimas semanas le subió el volumen a las intervenciones, cuando durante un discurso en el estado de Acre, empuñó un trípode como si fuera una ametralladora e hizo el gesto de disparar, mientras invitaba a los asistentes a matar a la “petralhada”, que es la forma como despectivamente se les llama a los seguidores del PT
Aunque Bolsonaro no ha aparecido en público durante las últimas semanas, pues afirma encontrarse en recuperación debido a una herida por arma blanca, aparece como uno de los candidatos más votados, pero también como el más rechazado, pues sus afirmaciones machistas y violentas generaron movilizaciones multitudinarias a lo largo del país, que salieron con la consigna #EleNao, siendo la mayor movilización de la historia brasilera hecha contra un candidato presidencial.
Las elecciones en primera ronda son el próximo domingo 7 de octubre y el ambiente sigue subiendo de temperatura, pues las últimas declaraciones del exmilitar sugieren que en caso de no ser él quien gane, se lleve a cabo un golpe militar, iniciativa que ya había sido planteada por el general Luiz Gonzaga Schroeder, quien en abril afirmó que si Lula no iba preso y se presentaba a elecciones, ante su inminente victoria “sólo queda el recurso de la intervención armada”.
Fernando Haddad, quien es hijo de inmigrantes libaneses, pertenece al Partido de los Trabajadores desde 1983 y se ha desempeñado como ministro de Educación y alcalde de San Pablo, economista y filósofo, tiene un amplio currículum como servidor público. Está acompañado en su fórmula vicepresidencial por Manuela d’Ávila, una mujer de 37 años afiliada al Partido Comunista de Brasil (PCdoB).
Manuela tiene una prolífica carrera política en cargos de elección popular, pues fue la concejala más joven en Porto Alegre durante las elecciones de 2004; en 2008 fue elegida como diputada federal, en 2014 alcanzó el máximo histórico de votos como diputada provincial y en 2011 redactó el Estatuto de la juventud, que especifica los derechos y deberes de la juventud en Brasil.
Los últimos sondeos de opinión rompieron el empate técnico en primera ronda que habían caracterizado las últimas semanas; en un inexplicable giro, luego de las gigantescas movilizaciones contra Bolsonaro, quien crece en intención de voto es él; mientras que Haddad, congela su vertiginoso aumento. Para la segunda ronda, el mismo sondeo de Datafolha muestra un empate técnico sobre 43%
La elección presidencial, como nunca, será determinante para definir el rumbo de Brasil en términos de recuperar el rumbo progresista democrático o que se convierta en un enorme enclave del fascismo continental.
