Desde antes de la asunción del nuevo gobierno, uno de los temas que más prensa ha tenido es el de la seguridad pública, vista a través de las declaraciones tanto del presidente, como del actual ministro del Interior.
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Ha sido una prensa diferente. Si nos dedicáramos a relevar el tratamiento dado a ello en los últimos cinco años de gobierno frenteamplista, observaríamos algunas diferencias. Sin embargo, no haremos dicho ejercicio.
La secuencia de expresiones observadas en los últimos días, no hace más que dar continuidad a una de las cuestiones que durante más tiempo se ha mantenido en la agenda política nacional.
Hace muchos años, al menos desde dos elecciones anteriores, la seguridad pública se fue posicionando como uno de los items más discutidos por parte de los diferentes representantes políticos.
La cuestión de la seguridad pública, ha dado lugar a varias iniciativas, las desarrolladas por Bordaberry, primero y la de Larrañaga después, ambas son ejemplos contundentes e inapelables de la centralidad política del tema.
Ahora que se ha producido la asunción del nuevo gobierno, todo el país ha ido observando lo que se ha dado en denominar el «hacerse cargo» de las problemáticas de los delitos.
La traducción de este enunciado al accionar policial han sido los denominados «megaoperativos».
No se trata como ha sido, dicho incluso por el ministro del Interior, de que exista una suerte de complacencia o victimización de quienes han ido haciendo del delito el eje central de su vida cotidiana.
Alcanza para desmentir esto, realizar un simple ejercicio de observación de las variaciones en el número de prisioneros. Nuestra tasa de prisionización no sólo es elevadísima, sino que además, es vergonzosa
Tampoco se trata, como también se ha afirmado, de un «ataque» frontal e indiscriminado a la institución policial.
Las críticas a los «megaoperativos» se vienen realizando por la insignificancia de sus resultados y la rimbombante forma de anunciarlos.
Ambas críticas son políticas no en un sentido partidario, sino en el sentido de que hacen foco en la cuestión de la responsabilidad política que ellas contienen y en los efectos que las mismas producen.
Son estos efectos, derivados de la irresponsabilidad política de quienes dirigen hoy las acciones policiales desde posicionamientos políticos, los que explican los desbordes que se vienen produciendo.
Hay, a no dudarlo, una responsabilidad política de quienes dirigieron el país durante 15 años.
En estos años, de una u otra forma, se mantuvo sin análisis e intervención profunda los contenidos no policiales de la formación de los funcionarios policiales.
Esta inmutabilidad y el ascenso de los delitos, junto a la centralidad adquirida por esta cuestión en la agenda política nacional, constituyeron el suelo fértil de todas las expresiones punitivistas que hoy circulan socialmente y que se condensan en las acciones concretas de los funcionarios policiales que ejecutan el día a día del «hacerse cargo».
Es responsabilidad de todo el Uruguay velar porque el sentido político de las acciones policiales emprendidas no se constituyan en acciones que, lejos de aportar honores a la fuerza policial, resulten en su deslegitimación simbólica y social.
La legitimación de las fuerzas policiales no debe sostenerse desde las grandilocuentes frases de quienes las dirigen, su única legitimación efectiva y perdurable, es la que emana del pueblo, o como decía Artigas, saber que «mi autoridad emana de vosotros».
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