En el marco de esta propuesta, se presentan medidas inmediatas que se centran en la facilitación del comercio. Entre las acciones más relevantes se encuentra la eliminación de las intervenciones previas de la Dirección General Impositiva (DGI) y la reducción de la exigencia de documentación física en los expedientes aduaneros. Estas medidas están diseñadas para acelerar los trámites comerciales, respondiendo a la necesidad de un sistema ágil que permita a las empresas desenvolverse sin los inconvenientes que la burocracia puede causar.
Oddone también describió el proyecto como una reforma amplia, enfatizando que se trata de una iniciativa "compleja y amplia" que impactará diversos intereses dentro del ecosistema económico. Debido a su naturaleza multifacética, se espera que este tema genere un debate parlamentario significativo. El presidente Yamandú Orsi ha respaldado esta noción y a realizado una conferencia de prensa junto con el Ministro Odonne sobre el tema, resaltando la importancia del diálogo y la colaboración en torno a las reformas planteadas, lo que sugiere que el proceso legislativo será participativo y deliberativo.
Finalmente, el gobierno ha establecido un plazo de 30 días para que las gremiales empresariales y laborales presenten sus propuestas orientadas a la eliminación de la burocracia.
El anuncio del proyecto de ley de competitividad e innovación es anunciado como una un punto de inflexión en la estrategia del gobierno para abordar la burocracia y facilitar la inversión pero a la vez la digitalización contribuye a mejorar los controles . Aunque la desburocratización ya ha estado en el centro de discusiones anteriores queda por ver que respuesta hay de parte de los privados de los anuncios ya realizados y que nuevas propuestas se suman y si realmente se logra consagrar una ley de mejora de la competitividad, siendo que se trata de un aspecto muy parcial de la misma más cuando desde los privados hay un enfoque claro en particular en el sector exportador sobre la realidad cambiaria.
