«El Gobierno no dice la verdad»

Es la contracara de la imagen que algunos sectores conservadores han intentado construir de cómo es un dirigente y militante sindical. Clavijo es pulcro detallista de las agendas, no falta nunca a su trabajo a excepción de los días en que se encuentra fuera de Montevideo; usa mamelucos engrasados en el taller y el mismo día, a las pocas horas, se lo puede ver de saco y camisa impecables en despachos oficiales del Banco de Previsión Social, donde ocupa un cargo de altísima responsabilidad. Sale a dar charlas, recolecta firmas y participa de actos barriales; en tiempos de pandemia recorrió y apuntaló ollas y merenderos; milita y despliega una intensa agenda de medios de comunicación y juega al fútbol junto a Marcelo Abdala en el equipo «La comuna de París».

Carlos es papá de Virginia y hace veinticinco años que comparte sueños y desvelos con su compañera Verónica, a la que le consulta absolutamente todo antes de tomar cualquier decisión. Si bien no para un segundo, mantiene espacios a resguardo casi sagrado y a modo de prioridad absoluta: las breves pero intocables horas familiares del fin de semana y la concurrencia a su lugar de trabajo en el Automóvil Club del Uruguay.

Hombre de fierros, de talleres mecánicos y barras de las que marcan rigor y límites. Hombre duro por fuera, marcador mediocampista raspador, jugador de equipo, extremadamente organizado para desarrollar sus actividades cotidianas, militante de la UNTMRA, estudioso y defensor de la formación de los militantes sindical al punto que tiene más de treinta diplomas de cursos y talleres de capacitación que ha realizado en su vida. Hijo de padre policía –Leonel– y de madre modista –Celia–, Carlos es el más chico y se reconoce como «el mimado» por su madre y por Mary y Nelly, sus dos hermanas más grandes. Valora mucho el respeto familiar que sostienen siempre, incluso cuando discrepan por temas políticos o de la vida. Dice que aunque piensen distinto en algo, todo lo pueden hablar en familia y sin dramas. Los cumpleaños «son sagrados» y se juntan donde sea: en Santa Ana, en Colonia, en Montevideo o donde la vida les encuentre. Una vez al año, se toman un fin de semana familiar para regalarle cariño y afecto familiar a sus padres. Y allá van un montón de hermanos y hermanas, primos y sobrinas, y todo lo demás puede esperar.

Está convencido que el oficialismo no tiene argumentos sólidos para defender la reforma jubilatoria y eso provoca que algunos actores intenten confundir a la gente y no dicen la verdad sobre lo que está en juego.

¿Qué rol tiene el ERT-BPS en el proceso que desarrolla el movimiento sindical de cara al plebiscito?

El rol fundamental que tenemos los compañeros y compañeras del Equipo de Representación de los Trabajadores y Trabajadoras en el BPS es el mismo que hemos tenido a lo largo de estos más de 31 años, que es recorrer el país a lo largo y ancho, localidad por localidad, informándole a toda la sociedad en general los derechos y obligaciones en materia de seguridad social e intentando ir generando cultura en la materia. Informando también sobre los aspectos negativos de la ley 20.130 de la reforma jubilatoria, que son la gran mayoría –por algo todo el campo popular y algunos partidos políticos estuvieron en contra–, generando la certeza de que otra reforma es posible. Estamos convencidos de que es posible una reforma integral que toque todos los aspectos de la seguridad social –el financiamiento del sistema, los cuidados, los temas de género, la discapacidad, la primera infancia, por ejemplo–; pero también temas vinculados al mercado de trabajo, como ser la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario, el cambio de la matriz productiva para generar más y de mejor calidad, la renta diferencial de la tierra y la reforma tributaria progresiva de nuevo tipo. Pero, por supuesto, haciendo principal énfasis en la resolución tomada por nuestra central sindical, el Pit-Cnt, que es juntar firmas para habilitar un plebiscito que introduzca un marco en la Constitución de la República sobre tres aspectos fundamentales: que la seguridad social es un derecho humano fundamental no susceptible de lucro, que las jubilaciones y pensiones mínimas no sean inferiores al Salario Mínimo Nacional y que el causal jubilatorio mínimo vuelva a ser de 60 años de edad y 30 años de servicio teniendo en cuenta bonificadas y cómputos especiales.

El oficialismo habla de que si triunfa el plebiscito y se derogan las AFAP, se habilitará la confiscación y apropiación de los ahorros de la gente. ¿Cómo se le explica a la gente que eso no es así?

Yo creo que cuando no hay argumentos sólidos para defender una posición sucede que algunos actores confunden a la gente y no dicen la verdad. Primero tenemos que recordar que estamos hablando de un sistema de seguridad social y no de una caja de ahorro donde deposito dinero que ‘lo saco cuando yo quiero’, ni tampoco de un seguro jubilatorio el cual yo contrato y cuando me incapacito para trabajar o termino mi vida laboral voy a este seguro que contraté y negocio cómo me van a pagar, si va a ser en cuotas o me pagarán todo ese dinero junto. Es decir, el dinero nunca es mío. Para aclarar las dudas, si las hay, de cómo funciona el sistema mixto de seguridad social en el Uruguay impuesto en el año 96, de mi aporte jubilatorio obligatorio (15 %) va una parte al BPS y otra parte a las cuentas de ahorro individual privado (AFAP), y el sistema, al momento de retirarme de mi vida laboral y jubilarme, éste por un lado generó el derecho a una jubilación por el Banco de Previsión Social y, por otro lado, generó el derecho a una renta vitalicia que me la paga el Banco de Seguros del Estado como resultante de la cuenta de ahorros individual (AFAP) donde fueron mis aportes.

También es bueno recordar que en el sistema de ahorro individual privado uruguayo los dineros de dichos fondos están invertidos en papeles o bonos del Estado en el Banco Central del Uruguay, ya que la ley 16.713 justamente crea estas administradoras de fondos previsionales pero los dineros están seguros.

Y cuando eliminemos las AFAP los dineros irían a un fideicomiso a espejo de la ley 19.590 de los cincuentones o de la ley 19.162 de revocación del artículo 8, no se innovaría en ese sentido, sino que se tomarán caminos que ya han funcionado con éxito.

¿Sigue faltando el diálogo social?

Es importante aclarar que el movimiento sindical desde un principio reclamó diálogo social como herramienta democrática para discutir una reforma integral de la seguridad social basado en las recomendaciones que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea en sus documentos, sino que también fue planteado en el Parlamento nacional. La propuesta de plebiscito que plantean no sólo el movimiento sindical sino varias organizaciones sociales como FUCVAM y FEUU, no es contradictorio al diálogo social, sino que es complementario como parte de un proceso. Nosotros fuimos muy críticos del proceso de discusión para esta reforma jubilatoria (ley 20.130). Quedó demostrado que la comisión de expertos creada por este Gobierno a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) realmente no fue democrática, ya que pasaron más de 80 organizaciones exponiendo su visión de la seguridad social basada en un derecho humano con documentos políticos y técnicos, pero lamentablemente no se tomaron en cuenta ni una de las propuestas presentadas.

Además, nos preguntamos cómo habrá sido la discusión de amplia y democrática, que cuando llegó el anteproyecto de ley al Parlamento también hubieron grandes contradicciones, marchas para atrás y marchas para adelante con lo mismo socios de la coalición de gobierno, pero aún más, luego de haberla aprobado en mayo esta ley, hace muy pocos días, los mismos socios de la coalición siguen haciéndole parches y modificaciones a la misma, votándolas en el Parlamento, un mamarracho, demostrando claramente que no hubo diálogo social.

Por eso queremos establecer un marco en la Constitución de la República para luego sí, sobre él, sobre esas reglas de juego, discutir una reforma integral de la seguridad social mucho más humana, solidaria, universal, intergeneracional e intrageneracional y, por supuesto, sin lucro, como lo establecen nuestros últimos congresos programáticos del Pit-Cnt.

¿Cree que la extensión de los años de trabajo es el gran tema que rechaza la población?

El aumento de la edad de retiro obligatoria lo rechaza gran parte de la población, porque realmente no se tuvo en cuenta el mercado de trabajo, donde casi una tercera parte de los menores de 25 años no acceden al mercado laboral, donde una persona de 55 años que se quede sin trabajo ya es vieja para los empresarios y no la toman, encima los llamados a empleos públicos tienen límites de edad entre 18 y 40 años por lo cual le va a ser muy difícil conseguir empleo formal. A su vez, se habla de que aumenta la expectativa de vida en el Uruguay y en el mundo; puede ser que vivamos más, pero no se toma en cuenta en las condiciones en que vivimos, donde tenemos cada vez más pobreza, más informalidad, menos derechos para las y los trabajadores en el mundo. Por esto mismo en los períodos anteriores (2008) se generaron varias leyes para cubrir estas contingencias, como la ley 18.395 que creó el subsidio transitorio por inactividad compensada para aquellas personas que se quedaron sin trabajo en contra de su voluntad a los 58 años de edad y 28 años de servicios, también se flexibilizó el seguro de paro en la ley 18.399 para aquellos mayores de 50 años dándole un año tomando en cuenta estos aspectos.

¿Cómo viene la recolección de firmas? ¿Considera que será una campaña de perfil bajo, sin demasiada visibilidad?

Para nosotros la campaña viene muy bien. La gente se arrima a firmar más fácilmente que con la Ley de Urgente Consideración. En esta primera etapa, lo único que se logra con las firmas es generar una apertura democrática y que tengamos un plebiscito en octubre de 2024 donde la ciudadanía se pueda expresar y resolver el camino a tomar.

No creemos que sea una campaña de bajo perfil, sino una campaña que recién comenzó, tenemos poco tiempo para juntar las firmas y lamentablemente no todas y todos estamos comprometidos de la misma manera.

El movimiento popular desde sus orígenes siempre ha tenido que sortear estos escollos, en definitiva, lo que se está plebiscitando no es ni más ni menos cuestiones ideológicas y de lucha de clase, ya que la seguridad social es la principal herramienta de redistribución de la riqueza.

¿Qué pasa con la Caja Militar?

No sólo deberíamos preocuparnos por la Caja Militar, ya que fuimos, somos y seremos muy críticos con los privilegios que ellos tienen y que lamentablemente ninguno de los que han gobernado desde la dictadura hasta acá, no han tenido voluntad política para reformar ese subsistema. Insisto que la papeleta lo que tiene o lo que genera es un marco en la Constitución de la República, porque todo lo que sea reformar la seguridad social integral que las y los trabajadores queremos se debe de hacer mediante un diálogo social, como lo venimos diciendo desde un principio. Otra reforma es posible, no es algo que tiene que quedar en la Constitución de la República, pero sí la papeleta prevé que el próximo gobierno deberá de en 24 meses reglamentar todo lo que la papeleta expone.

Además, lo que no dice la papeleta se puede hacer, el tema es que los que gobiernen el país en los próximos años tengan la voluntad política de hacerlo ya que los temas de seguridad social son iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, como la Caja Militar. La papeleta tampoco dice que hay que revisar el financiamiento de la seguridad social, algo que las y los trabajadores queremos desde hace mucho tiempo, como, por ejemplo, que impulsamos una reforma tributaria progresiva de nuevo tipo, puesto que somos el único país del mundo en que el aporte de las y los trabajadores es el doble que el aporte de los empleadores, que el aporte de las y los trabajadores es el más alto de América Latina y el quinto en el mundo; que hay más de 280 millones de dólares de exoneraciones patronales por año, que hay que generar un impuesto a las nuevas tecnologías que le genera más ganancias al capital, desplazan mano de obra y no aportan a la seguridad social; tampoco dice que queremos cambiar la matriz productiva y la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario, lo cual generaría más empleo de calidad y mejoraría el financiamiento del sistema.

Según su visión, ¿cuáles serían los caminos para encontrar una verdadera solución a la seguridad social para los próximos años?

Bueno, precisamente ese es el punto. Por eso queremos dejar claro que el plebiscito es parte de un proceso mucho más profundo que el país tiene que discutir en un gran diálogo social y político y allí acordar, consensuar, una reforma integral de la seguridad social que abarque todos los aspectos qué tienen que ver con la protección de las personas, con el mercado de trabajo, con la calidad de vida de la gente, con el financiamiento del sistema y, por ende, poner como centro al ser humano y no a la mercancía.