Fiscalía colombiana sin pruebas contra «Santrich»

Las garantías para la reincoroporación no se han visto con claridad; la sustitución de cultivos de uso ilícito concertada con las comunidades no ha despegado, los proyectos que permitirían el auto sostenimiento de los ex combatientes tampoco inician, el combate efectivo a las estructuras paramilitares que tienen fuertes vínculos con estructuras del estado no se han movido un milímetro y hasta el 27 de setiembre iban 73 ex combatientes y 20 de sus familiares asesinados. Ante semejante panorama, no había que ser muy suspicaz para prever que varios ex combatientes se re enfilaran debido a la falta de garantías.

Sin embargo uno de los momentos críticos de este proceso llegó cuando en abril pasado, Seuxis Pausías Hernández, conocido como Jesús Santrich, fuera capturado por solicitud del gobierno norteamericano; con un amplio despliegue militar y mediático, se le acusó de conspirar en el tráfico de 10 toneladas de coca.

Esa situación marcó un importante debilitamiento en la confianza que la dirigencia del ahora partido FARC pudiese tener en el gobierno colombiano; Iván Márquez, quien gracias a los acuerdos quedó nombrado como uno de los cinco senadores del recién creado partido, decidió no tomar posesión del cargo y empezó retirándose a uno de los espacios territoriales, lejos de Bogotá, para finalmente desaparecer por completo del radar.

Esto a su vez despertó las suspicacias de los enemigos del proceso, quienes se apresuraron en afirmar que Márquez, así como otros ex comandantes que decidieron irse de Bogotá y resguardarse en otros lugares por temor a ser procesados o asesinados, estaban de regreso en la guerra.

Aunque estas versiones han sido desmentidas por los mismos protagonistas poco a poco, es claro que ya hay un daño hecho. Daño que hoy tiene un nuevo capítulo, cuando el Fiscal General de Colombia Néstor Humberto Martínez, dice públicamente que en realidad la Fiscalía de Colombia no tiene ninguna prueba contra Santrich, y que procedieron a su detención únicamente con la solicitud hecha por Estados Unidos.

Las críticas no se han hecho esperar, pues esta situación deja en evidencia al menos dos cosas: la primera, que la justicia colombiana está completamente supeditada a los mandatos de Estados Unidos, y la segunda, que no existió en ningún momento la menor intención por parte de las instituciones de Colombia para darle prioridad al acuerdo de paz y su implementación, poniéndolo por encima de una solicitud sin las pruebas correspondientes, hecha desde la embajada de Estados Unidos.