El exconsejero de Primaria, Héctor Florit, consideró que “la sombra de dudas que sembró el ministro de Educación, entre otros, sobre la gestión de los comedores escolares, no afecta a una administración o un partido, “sino a miles de docentes y auxiliares, nutricionistas y comisiones de fomento, empresas y trabajadores que brindan servicios para que los comedores funcionen, y para controlar los tercerizados”.
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El Informe de la Auditoría sobre la alimentación escolar se conoció después de ocho meses de investigación, y recomienda intervenciones a «la mayor brevedad».
Sus conclusiones fueron dadas a conocer por El País, una semana después que Caras & Caretas hiciera un pedido de acceso a la información pública. El artículo, que transcribe párrafos del informe, no cita esa «cantidad fabulosa de comensales» a la que aludió el ministro de Educación en junio pasado, refiriéndose a los 200.000 almuerzos que se ofrecían en 2019.
Florit, señaló a Caras y Caretas que “las debilidades del sistema tercerizado referidas por la auditoría, son las que se instalaron a partir de 1996/97 durante la gestión del profesor Rama en la Presidencia y de Robert Silva en la secretaría general del Codicen”.
Básicamente son las siguientes, “un costo por almuerzo cuatro veces mayor en el tercerizado que en la partida que se recibe en un comedor tradicional, donde hay costos salariales y de equipamiento además de la partida”.
“Rigidez en el número de porciones diarias, aún cuando la asistencia tiene fluctuaciones. Un hecho obvio, porque el día anterior, el director no puede saber cuántos niños van a faltar como para comunicar a la empresa que mande esas porciones menos», indicó.
Lo mismo sucede con los “días de paro o de advertencia climática” en los que la totalidad de las porciones son remitidas a las escuelas. “Este hecho se explica porque el ajuste o suspensión de porciones sólo es admitido hasta las 14 horas del día anterior, según el pliego de condiciones”.
“Este tema fue una preocupación tanto de la FUM como de la Administración anterior, y es una de las razones por las que se abogó por volver a los comedores tradicionales”, añadió el exjerarca.
En cuanto a las donaciones de platos sobrantes a instituciones sociales, es una facultad delegada a los directores, “y no hay argumentos ni antecedentes para instalar la sospecha sobre estos destinos excepcionales”, expresó.
“La posible connivencia de la administración o de los equipos escolares con las empresas es un agravio gratuito e inaceptable”, reveló.
“El costo promedio de U$S 1 por servicio por día y por niño da cuenta de un Programa eficiente que desde 1920 es orgullo de la educación pública”, indicó Florit, y agregó que “el sistema de tickets y transferencias BPS de $ 85, son una solución de emergencia, que no es sostenible financieramente, que no permite la vuelta a la jornada extendida porque la ingesta debe hacerse en la escuela, y porque es una mejora en el ingreso de la familia pero no asegura la comida del niño”.
“En definitiva, mucho ruido y pocas nueces, pero un ruido que otra vez menoscaba a la escuela y al magisterio”, concluyó el exconsejero.